Distribución equitativa de la pobreza

NANA GARCÍA | Santa Cruz de Tenerife

Érase una vez una sociedad ajena al impacto político y sociológico derivado de la dictadura económica; una cultura entregada a la defensa de los derechos y la dignidad de las personas, particularmente las que sufren la exclusión social… Pero la imaginación solamente corresponde a los escritores, la imperfecta realidad es aquello a lo que se enfrenta la humanidad, esa que en ocasiones mira mucho y ve poco. Una de las consecuencias de la crisis financiera mundial -que según los expertos data de 2008- ha sido el incremento de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida. Según los últimos informes publicados (Cáritas Diocesana, Informe Foessa) la pobreza no para de crecer en Canarias, lo que ha contribuido a un aumento de la demanda de ayudas sociales básicas. Es más, en Tenerife alcanza el 30 % de la población. Ante estos datos cabría preguntarse si la isla cuenta realmente  con la regulación y los recursos necesarios para redimir la marginalidad.

Tras la muerte esta semana de un quinto indigente en el municipio de Santa Cruz, Amnistía Internacional denunció el pasado martes la inexistencia en Canarias de “una atención real” a las personas sin hogar. Para la organización, un ejemplo de la necesidad de mayores y mejores actuaciones dirigidas a impulsar el desarrollo y la integración social de personas en exclusión es que solo existe un albergue en la provincia tinerfeña. El concejal de Cohesión y Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Cruz, Ignacio González advierte de que “ya había denunciado” esta problemática. “Igual que es necesario un hospital en el norte y otro en el sur, en Tenerife es necesario un albergue comarcal en el norte y otro en el sur para descongestionar el único que existe en toda la Isla”, afirma. El edil considera que para ello es necesaria la coordinación y colaboración de todos los municipios, lo que implicaría implementar “una política de reinserción social real”.

Ignacio González insiste en que es el municipio que más recursos destina a las personas en exclusión social y entre ellos enumera los servicios del albergue municipal y la UMA (Unidad Móvil de Acercamiento) un “equipo interdisciplinar de educadores, médicos y trabajadores sociales que atiende diariamente” a los sin techo “para ofrecerle todos los servicios (llevar medicina, control de medicación, traslado a centros médicos)”.

En palabras de González, el proceso de medición de las personas sin hogar que  existen en la capital tinerfeña (entre 130 y 150 según fuentes del Instituto Municipal de Atención Social, IMAS) identifica dos grupos: aquellos que viven en la calle por voluntad propia y “no quieren aceptar ninguna norma de convivencia mínima”; y colectivos que viven a la intemperie  que no colaboran, que no se dejan ayudar” por lo que “sospechamos que tienen una enfermedad mental, en algunos casos grave”.

El presidente del IMAS in-forma de que “en lo que va de año” el área que dirige detectado “20 casos posibles de enfermedad mental grave”, y argumenta que en estos casos el mecanismo con el que cuentan es iniciar un procedimiento de incapacitación. Por medio de un informe, solicitan esta medida al Ministerio Fiscal, que está obligado por ley a indagar, incluyendo un examen psiquiátrico a cargo del forense, para que, en última instancia, sea el juez quien otorgue la incapacitación y designe un tutor a esa persona.

El problema con el que se han encontrado es que es un proceso muy lento de culminar, lo que complica la actuación de los servicios sociales. “Entiendo que es un proceso en el que hay que extremar todas las cautelas para que no haya picaresca -añade González-, pero en este caso es al revés, la incapacitación tendría que ser lo más urgente posible”. Para muestra, un botón. El juzgado nº2 de Puerto de la Cruz recibió en febrero de 2010 la valoración de una posible incapacitación de Manuel Ramón H. S., quien falleció el 16 de abril en las calles de Santa Cruz.