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El Estatuto reduce la velocidad

   

Sesión del Parlamento de Canarias | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Estatuto de Autonomía de Canarias era uno de los más avanzados de cuantos hay en España. Pero se ha quedado atrás al perder el tren de las reformas, después del retoque de 1996.

Aprobado mediante la ley orgánica 10/1982, de 10 de agosto, el Estatuto fue acompañado por la ley orgánica 11/1982, de Transferencias Complementarias a Canarias (Lotraca).

En los inicios del Estado auto-nómico, los estatutos se pusieron en marcha en una autovía de dos velocidades. Por el carril más rápido circulaban las denominadas comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia), a las que se unió Andalucía a través del artículo 151 de la Constitución. Las otras fueron por el 143. Entre estas últimas, Canarias y la Comunidad Valenciana llegaron más lejos.

En 1996 se fraguó un pacto entre los dos grandes partidos nacionales para equiparar los estatutos del artículo 143 al otro bloque y ahí hubo una subida del nivel competencial. Sin embargo, Cataluña levantó el listón en 2006 y señaló el camino a las demás comunidades.

Ese segundo salto alumbró lo que los constitucionalistas llaman estatutos de nueva generación, que se caracterizan por haber ampliado muchísimo las competencias, blindarlas, hacerlas casi todas exclusivas y elevar al máximo el techo competencial. El Estatuto catalán evolucionó tanto que el Tribunal Constitucional le puso el freno.

En un análisis comparativo realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas y Política Territorial, se observa que los mecanismos de distribución de competencias en el Estatuto canario aparecen resumidos en un solo artículo (el 35): “La Comunidad Autónoma de Canarias podrá asumir las facultades de legislación y de ejecución en las materias que por ley orgánica le transfiera o delegue el Estado”.

Aragón le dedica ocho artículos a esta materia; Andalucía, siete; Baleares, Cataluña y Extremadura, seis.
Aunque este dato no es definitivo, resulta evidente que la norma canaria ha perdido terreno. En el momento de celebrarse las elecciones autonómicas y locales del 27 de mayo de 2007 ya estaban en vigor cinco de los nuevos estatutos: Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón. Posteriormente se tramitaron en las Cortes las propuestas de reforma de Canarias (retirada), Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Uno de los elementos clave en esos textos es la capacidad del presidente de la Comunidad Autónoma para disolver la Cámara, de manera que las elecciones ya no tendrán por qué coincidir con las locales ni fijarse para el cuarto domingo de mayo cada cuatro años. Canarias deberá intentarlo en la próxima legislatura.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna Vicente J. Navarro cree que la reforma va a plantear dos novedades especialmente conflictivas. Aparte de la cuestión electoral (“es difícil que los partidos se pongan de acuerdo”), lo de la delimitación de las aguas es “un asunto bastante delicado y confuso”, advirtió. “Se ha intentado argumentar que la ley de 2010 otorga jurisdicción española al espacio entre las Islas. Pero eso lo regula el derecho internacional y un Estatuto de autonomía, o cualquier otra ley española, no puede modificarlo, con lo cual sigue habiendo aguas internacionales”.

Curiosamente, el convenio de referencia data del mismo año del Estatuto de Canarias. “Únicamente permite a los archipiélagos estado hacer el polígono entre los puntos más salientes de las islas, a pesar de que algunos hayan hecho una declaración unilateral”.

Vicente J. Navarro. | DA

Intento fallido

El preámbulo de la iniciativa aprobada el 13 de septiembre de 2006 en el Parlamento autonómico mencionaba la “consideración de la lejanía y carácter ultraperiférico del Archipiélago y el reforzamiento del régimen económico y fiscal canario, la capacidad del Ejecutivo, las relaciones bilaterales y las competencias autonómicas”.

El proyecto incorporaba, asimismo, la “posibilidad de dictar normas con rango de ley con carácter provisional en caso de extraordinaria y urgente necesidad”. Las “competencias de titularidad estatal susceptibles de transferencia o delegación” eran las siguientes: gestión de puertos y aeropuertos, extranjería, zona marítimo-terrestre, costas, playas, espacio radioeléctrico, telecomunicaciones, sanidad exterior y especialidades económicas y fiscales de Canarias.

La utilización del instrumento de transferencia de competencias mediante ley orgánica prevista en el artículo 150.2 de la Constitución cuenta con el antecedente de la Lotraca.

El déficit de consenso entre el PSOE y el PP para afrontar una reforma de la Constitución ha dado pie a que el autogobierno recorra su propio camino y rebase en determinadas vertientes a la Carta Magna.
“En vista de que la reforma de la Constitución era bloqueada sistemáticamente, otras fuerzas políticas lo han intentado a través de los estatutos”, apuntó Vicente J. Navarro en su despacho de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna.

“La Constitución necesita cambios, está claro”, comentó. “Se redactó hace ya más de 30 años para un contexto diferente y hay que ir adaptándose a las circunstancias”.

Ya se modificó para incluir el derecho al voto pasivo de los extranjeros comunitarios residentes en España, recordó. “Ahora está pendiente suprimir la preferencia del varón en la sucesión a la Corona. Eso no es un problema, porque el acuerdo es unánime. Tampoco crearía un conflicto disolver las Cortes Generales, que se puede hacer coincidiendo con el fin de la legislatura. El inconveniente vendría con el referéndum posterior, que algunos partidos presentarían como un juicio a la monarquía”. En su opinión, lo razonable sería que a ese proceso se le añadieran otros contenidos, como la redefinición del Senado.