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SAN JUAN DE LA RAMBLA >

El Tribunal Constitucional obliga a revisar el cambio de capitalidad

   
Capitalidad SJ Rambla

Las dependencias municipales ubicadas en la antigua sede del Ayuntamiento, en el casco histórico de San Juan de la Rambla, fueron trasladadas al núcleo de San José. / MOISÉS PÉREZ

GABRIELA GULESSERIAN | San Juan de la Rambla

Una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con fecha 16 de mayo de 2011, obliga al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla a reiniciar el proceso iniciado en febrero de 2001, cuando se decidió por acuerdo plenario el traslado de la sede de las dependencias municipales, un hecho que derivó en el cambio de capitalidad del municipio, aprobado por el Cabildo de Tenerife el 29 de noviembre de 2004.

El fallo desestima el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento y la Corporación insular, tras la demanda de la Asociación de Vecinos Rambla, para declarar nulo el acuerdo adoptado por la segunda institución, teniendo en cuenta el del Ayuntamiento de abril de 2004 para aprobar de manera definitiva la alteración de capitalidad del municipio norteño.

Ahora, el citado Tribunal ha dictaminado la inconstitucionalidad de este proceso que exigía una mayoría de dos tercios para ser aprobado, una condición que no se cumplió. Tampoco el que dictamina que las normas estatales “prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas”, y de las que el citado tribunal “ha venido prescindiendo”, tal y como consta en la sentencia. Este “abandono del principio de prevalencia”, se añade, “es ante todo y sobre todo una inaplicación de la Constitución” y, además, “con ello se producen graves e inconvenientes consecuencias prácticas que, en este caso, resultan ostensibles”.

Los hechos se remontan al 16 de febrero de 2001 cuando el grupo de Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla (AIS)-CC  aprobó en una polémica sesión plenaria el traslado de la sede del Ayuntamiento, situada en el casco, al núcleo de San José. Una medida que, según el alcalde, Manuel Reyes, respondía a criterios de eficacia administrativa dado que este barrio de la parte alta contaba con un mayor número de habitantes y de comercios. La decisión contó con los votos en contra de los representantes del Partido Popular (PP) y el socialista (PSC-PSOE).

Reacciones

La asociación de vecinos Rambla se opuso desde los inicios a este cambio, que implicaba, aunque el alcalde inicialmente lo negara, un cambio de capitalidad del municipio, tal y como finalmente ocurrió. Un hecho que los vecinos consideraron “un atentado contra la historia local y la división social del pueblo”.

Consultado ayer sobre esta última decisión judicial, el alcalde, Manuel Reyes, aseguró que “al menos él no tenía conocimiento acerca de la sentencia”. Aseguró que “no habrá ningún inconveniente en volver a iniciar el proceso si eso es lo que ha dictaminado la Justicia, puesto que somos muy respetuosos con las decisiones judiciales”.

En términos similares se ex-presó la concejala socialista y candidata a la Alcaldía, Fidela Velázquez, quien entonces era consejera insular: “Tal y como he hecho siempre, defenderé que se respete la ley conforme a lo que dicta la Constitución”. En cualquier caso, manifestó que esta sentencia demuestra que el grupo de gobierno “ha actuado de forma incorrecta y el Cabildo también lo ha hecho a instancias de AIS-CC”. Los demandantes, que sostienen que esperarán a que haya una sentencia firme (el fallo del Constitucional retrotrae el proceso a la instancia Contencioso-Administrativo), recalcan que “no se puede volver atrás porque ello supondría un coste económico muy importante para las arcas locales”. No descartaron exigir que determinados servicios se puedan prestar también en el casco, para aquellos vecinos que así lo requieran.

Las fechas clave:

16 de febrero de 2001. El Pleno del Ayuntamiento aprueba, sólo con los votos de CC, el traslado de la sede del Ayuntamiento, situada en el caso, al núcleo de San José, que llevó aparejado el cambio de capitalidad del municipio según la Ley de Grandes Ciudades.

8 de octubre de 2003. Los vecinos del casco conocen la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a favor de que se reponga el Ayuntamiento a su emplazamiento original, en el casco histórico.

29 de noviembre de 2004. Nacionalistas y populares aprueban en el Pleno insular el cambio de capitalidad. La sesión contó con la asistencia de unos 200 vecinos, que protestaron por una decisión que consideraron “injusta”.

16 de mayo de 2011. El TC dicta sentencia en la que determina que en el proceso se han producido graves consecuencias prácticas que pueden ser demostradas, como la prevalencia de las normas estatales sobre las autonómicas.