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Expectación por determinar si Allende fue asesinado o se suicidó

   

EFE | Santiago de Chile

Los restos del presidente chileno Salvador Allende, muerto el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, fueron exhumados ayer en el Cementerio General de Santiago para determinar las circunstancias de su muerte, que según la versión más aceptada se debió a un suicidio. La diligencia estuvo encabezada por el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza y fue realizada por peritos del Servicio Médico Legal (SML) y de la Policía de Investigaciones, ante un equipo de forenses y antropólogos, cinco de ellos extranjeros.

El féretro con los restos del presidente Allende (1970-1973) fue trasladado a las dependencias del SML, donde un equipo multidisciplinario de expertos inició las pericias con un examen radiológico de la pequeña urna donde reposa la osamenta. A continuación se clasificarán los restos óseos y se comprobará que no haya ningún resto de ropa u otros elementos que puedan dar luz a nuevos detalles, detalló el director del SML, Patricio Bustos.

En paralelo, en los próximos días se enviarán a un laboratorio de Austria muestras óseas del expresidente y muestras de sangre de la familia para confirmar con pruebas genéticas que los restos pertenecen a Salvador Allende.

Después de estas primeras evaluaciones, los peritos del SML y los especialistas extranjeros definirán los procedimientos a seguir en los meses siguientes. Éstos incluirán pericias balísticas para establecer si el exgobernante se disparó en la barbilla con un fusil de asalto AK-47 que le había regalado el líder cubano Fidel Castro, como sostiene la versión más difundida de su muerte, aceptada incluso por su familia, y el tipo de arma que utilizó. Sin embargo, han surgido dudas respecto de la veracidad de esta versión y han aparecido hipótesis que sugieren que Allende pudo ser asesinado o que falló al suicidarse y que uno de sus colaboradores más cercanos le dio un tiro de gracia.

La exhumación fue ordenada por el juez, tras recibir en abril un informe del SML que establece “discordancias” entre el informe oficial de la autopsia, ordenada por la dictadura, y un peritaje policial del cuerpo de Allende en el lugar de su muerte. La investigación se abrió el pasado 26 de enero, cuando la Fiscalía presentó ante el juez Carroza 726 querellas por violaciones de los derechos humanos correspondientes a casos que nunca antes habían sido investigadas.