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SUCESOS > CASO DECAPITADA

La Policía acusa a González Reverón de no haber tomado medidas sobre el decapitador

   

EUROPA PRESS | SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Confederación Española de Policía (CEP), ha respondido a las declaraciones del alcalde del municipio tinerfeño de Arona, José Alberto González Reverón, “en un claro intento de eludir responsabilidades” sobre el caso del indigente que ha degollado a una británica en el sur de Tenerife, asegurando que la corporación local tiene potestad en un caso como este de tomar medidas sobre esta persona.

“José Alberto González Reverón y Manuel Reverón, ambos de Coalición Canaria, han tratado de desviar la atención mediática y social tras el terrible suceso, en forma de asesinato y decapitación, que ha golpeado a los ciudadanos de Los Cristianos. El hecho de que la Policía Local de Arona hubiera realizado un informe sobre esta persona, tras detenerle en febrero, y asegurar, a continuación, que no se supo nada más de aquello es, cuando menos, frívolo”, han subrayado en un comunicado.

“El Ayuntamiento de Arona, y cualquiera de sus organismos, tienen plena capacidad para instar, mediante informe dirigido a la autoridad judicial o a los servicios médicos correspondientes, el ingreso en centros de atención psiquiátrica ante cuadros de enfermedad mental que supongan un riesgo para quien los padece o para terceras personas”, han aseverado desde el sindicato del Cuerpo Nacional de Policía.

Han defendido que tras la intervención de febrero si se tenía “tan claro” que el homicida era “un inestable mental” podían haber tomado medidas, sin embargo, el alcalde y el edil de Seguridad se han dedicado a sembrar dudas sobre el Cuerpo Nacional de Policía, “tratando de eludir sus posibles responsabilidades políticas”.

“Ambos han protagonizado un peligroso juego mediático en el que se ha deslizado la idea de que, pese a las reiteradas detenciones, el imputado como autor del homicidio de Los Cristianos no ha ingresado en prisión, trasladando al Cuerpo Nacional de Policía una supuesta responsabilidad que no cabe en un Estado de Derecho”, han explicado.

Han añadido que una detención “por falta” no puede derivar en ingreso en prisión, según el Código Penal. “La vieja técnica de afirmar que “no me atrevo a hablar de negligencia policial” –que es el mejor procedimiento para afirmar una cosa que alguien no se atreve a plantear abiertamente– es otro deplorable ejercicio público de irresponsabilidad”, ha subrayado el sindicato.

“En este caso, ha sido el Cuerpo Nacional de Policía y sus funcionarios quienes detuvieron al presunto autor del terrible crimen en tres de las cuatro ocasiones que forman parte de su historial policial. Ha sido, precisamente, el trabajo de nuestros compañeros el que permitió un rápido y eficaz esclarecimiento del delito, la puesta a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial de los suficientes elementos e indicios como para determinar una presunta autoría, y la localización y detención del ciudadano búlgaro que cometió la decapitación”, han argumentado desde el sindicato.

“Esta persona, por cierto, no tenía decretada orden de detención tres días antes del terrible crimen, como se ha indicado erróneamente, sino que la misma es de unas pocas horas antes. Finalmente, quiere destacar que, frente al frívolo ejercicio de evitar asumir responsabilidades políticas por parte de los gestores municipales, y la, cuando menos, poco acertada política de declaraciones poco respetuosas con el trabajo policial, la sociedad tiene a su disposición el trabajo callado, eficaz, rápido y profesional de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, como el del resto de los profesionales de la seguridad pública de la provincia”, han esgrimido desde el CEP.

“Frente a la conveniencia de los políticos, la Policía es garantía de eficacia y servicio a la sociedad. Eso es lo que deberían elogiar ambos, alcalde y edil de Seguridad”, han zanjado por último desde el CEP.