DOMINGO NEGRÍN MORENO | SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Cámara de Comercio y la CEOE de Tenerife han elaborado un programa electoral conjunto con motivo de los comicios autonómicos y locales del domingo 22.

En ese documento -en fase de borrador-, el sector empresarial urge la aprobación de “un nuevo Estatuto de Autonomía que garantice el máximo nivel de autogobierno y acción exterior” de Canarias.
Al abogar, además, por los “controles poblacionales” y plantear que se corrija el “déficit histórico de la financiación ordinaria de Canarias”, las entidades que presiden Ignacio González y José Carlos Francisco, respectivamente, se identifican con los postulados de Coalición Canaria.

En esa línea, la Cámara de Comercio y la CEOE reclaman el blindaje del Régimen Económico y Fiscal (REF) “tanto en el orden comunitario, en base a la consolidación de nuestra especial condición en el derecho primario de la Unión, como en el constitucional y estatutario”.

A su entender, el REF deberá ser “competencia exclusiva de las instituciones autonómicas canarias, con la conveniente coordinación con las instituciones del Estado y la Comisión Europea, para asegurar su perdurabilidad en el tiempo más allá del alcance de una medida coyuntural”.

Los promotores del escrito solicitan la “introducción de modificaciones tendentes a reducir la inseguridad jurídica en la aplicación del artículo 27 de la ley 19/1994”, relativa a la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC).
La idea es materializar la RIC a través de sociedades de capital-riesgo al objeto de facilitar que el ahorro de empresarios que carecen de proyectos propios en los que meter sus fondos se canalice a otras empresas canarias que cuenten con proyectos y requieran de financiación.

Otra propuesta consiste en “fomentar la participación de la iniciativa privada en la construcción y explotación de obras e infraestructuras públicas a través la materialización indirecta de la RIC, sin ninguna limitación al porcentaje de las dotaciones”.

La CEOE y la Cámara quieren que se eleve el “reconocimiento de nuestras singularidades, inherentes a la lejanía y a la insularidad, al máximo rango normativo, que habrá de vertebrarse adecuadamente en los órdenes constitucional y estatutario”.

Desde su punto de vista, “resulta preciso avanzar en las competencias que ejerce la Agencia Tributaria Canaria, de modo que estas sean plenas en todo lo relativo a la política fiscal de la Comunidad Autónoma, incluidas todas las figuras recogidas en el REF”.

En el apartado de la fiscalidad, la Cámara y la CEOE expresan su opinión de que la Ley del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) “se modifique en diversos aspectos para que este impuesto sea realmente neutral y atienda a las dificultades de liquidez a las que se enfrentan las empresas canarias y los índices de morosidad”.
Articular “un conjunto de actuaciones que solventen el hecho de que las empresas tengan que liquidar el IGIC con la Administración, cuando el empresario declara la morosidad del cobro afectado entre empresas privadas, empeorando aún más la delicada situación financiera del tejido empresarial canario”.

Unido a lo anterior, se sugiere la reforma de la Ley del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), de modo que se desarrolle “en consonancia con la producción interna y la importación de productos, tanto de la UE como de terceros cara al presupuesto comunitario 2014-2020”. En relación al sector primario, los empresarios aspiran a que Canarias se provea de “infraestructuras hidráulicas que aporten cantidad y calidad a unos precios razonables, como elemento básico para desarrollar una agricultura profesional, estable y con futuro”. A eso añaden “una adecuada compensación al desarme arancelario de la UE para la protección del plátano” y un aumento de ficha financiera para la flota pesquera.

La industria se considera clave en la diversificación de la economía canaria. Al respecto, piden incentivos económicos y localización de las inversiones en las Islas “sin más limitaciones que las establecidas por la normativa comunitaria, teniendo en cuenta los objetivos del Gobierno de Canarias”.

Frente a la escasez y el encarecimiento del suelo industrial, la CEOE y la Cámara se decantan por la creación de polígonos en municipios sin planes urbanísticos.

En el turismo, ponen el acento en la coordinación y en el incremento de las partidas de promoción de las administraciones públicas. “Dado que los ingresos en forma de impuestos suponen el 30% del total recaudado y que es actitud común que las administraciones públicas que solo destinen menos de un 1% de su presupuesto en promoción turística”, señalan, “es muy recomendable que ese porcentaje crezca en los próximos años y se consolide”.

Demandas

-lmpulsar un plan de racionalización del sector público canario.
-Reducir el entramado económico, jurídico e institucional, así como la excesiva legislación autonómica. Unificar los criterios legislativos competenciales y de gestión con una “única Administración” ante los ciudadanos.
-Actualizar de manera permanente el Pacto Social por la Economía y el Empleo a fin de recuperar el tejido empresarial perdido en la crisis.
-Flexibilización del mercado laboral.
-Licitar por separado concursos de obras y proyectos.
-Favorecer la asignación de contratos a profesionales libres externos a la Administración pública con el objeto de contribuir a la eficiencia y mejora del modelo productivo canario.
-Intensificar la lucha contra la economía sumergida.