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LA COLUMNA > MANUEL IGLESIAS

Los indigentes, un debate repetido

   

La muerte de otro indigente en Santa Cruz ha traído de nuevo el debate sobre qué pueden o deben hacer las instituciones y la propia sociedad con estas personas, con la constatación de que se trata de un problema en el que colisionan varios derechos, entre ellos uno, nada menor, que es de la libertad para escoger la forma de vida y hasta de morir.

Hay una obligación moral de ayudar a los necesitados, pero no está claro si la fórmula es la internación en algún centro, porque no son delincuentes, sino indigentes, y no se les puede retener a la fuerza como si fueran penados. Pueden vulnerar reglamentos municipales con su permanencia en la vía pública y ofender a la vista y el olfato de las personas, pero eso no concede legalidad para privarlos de la libertad, ni siquiera apelando a considerarlos incapaces, algo muy delicado y a lo que los jueces son reacios, porque una declaración oficial de incapacidad contiene otras graves implicaciones legales que trascienden el hecho de retirarlos de la vía pública, incluso en sus bienes, porque no siempre se trata de gentes sin recursos, sino que han escogido otra forma de vivir.

Este suceso de la muerte en Santa Cruz, que como en otros episodios anteriores tiene también el añadido de la negativa de la víctima a ser auxiliada, se produce casi al mismo tiempo del terrible homicidio en Los Cristianos por un individuo en una de esas situaciones de marginalidad, lo cual da pie a que se haya intensificado la presión para “hacer algo”. Son casos independientes, pero inevitablemente el co-mentario popular los une.

Es lamentable lo ocurrido y, evidentemente, esa muerte se hubiera evitado si esta persona hubiera sido internada antes, pero no se pueden sacar conclusiones argumentando hacia atrás y, aunque no guste en este caso, sigue existiendo el hecho de que en un Estado de derecho y democrático no se puede meter en una prisión por faltas, ni internar a alguien por tiempo indefinido en un centro y nadie puede predecir lo que podría hacer en caso de su salida, lo cual nos lleva a un círculo vicioso.

Es verdad eso de que tenemos que “hacer algo” y no porque surja la pulsión después de estas muertes, sino porque éste es un problema que se va a reproducir si su ambiente no cambia y el no hacer nada no aporta ninguna solución. Probablemente tendremos que mirar a ver qué se hace en otros países que tienen un reconocido prestigio en el respeto a las personas y, al propio tiempo, ejercitan su obligación social de prevenir y auxiliar, aunque esa misma víctima de la situación no lo quiera.

Y también llegar a un consenso general al respecto, porque ya se ha visto cómo la propuesta del alcalde de Madrid de trasladarlos obligatoriamente a centros adecuados ha sido contestada con fuerza desde algunos sectores. Por eso es un asunto muy complejo en el que, se haga lo que se haga, seguro que hay muchos a los que no les va a gustar.