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EL DARDO > POR LEOPOLDO FERNÁNDEZ

Mamotreto

   

El mamotreto, que no es un armadijo, ni un armatoste sino un inconcluso edificio de aparcamientos ubicado en Las Teresitas, no tiene por qué ser derribado como han malinterpretado algunos concejales. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la provincia acaba de ratificar, tras desestimar un recurso del grupo municipal de CC, el acuerdo del pleno municipal de 18 de septiembre de 2009 que, entre otras cosas, aprobó, con los votos del PSOE, Ciudadanos y PP -en la etapa en que este último no formaba parte del gobierno municipal-, el derribo del mentado edificio, aunque tal acuerdo “no es un acto resolutorio”; de tal modo que, si se pretendiera llevar a cabo, el Ayuntamiento debería instruir -dice la sentencia- “los procedimientos tendentes a restaurar la legalidad urbanística que hubiese sido infringida”.

Esto tendría un larguísimo recorrido administrativo dadas las infracciones atribuidas al caso -entre otras, exceso de volumetría, ocupación de terrenos de dominio público, falta de memoria descriptiva y urbanística, y de permiso de Costas- que dieron origen a la paralización de las obras y a la apertura de una causa penal contra siete personas, entre concejales y técnicos.

Quienes pretenden el derribo deberían preguntarse si, en vista de que la playa sólo dispone de 1.300 aparcamientos, el edificio es o no necesario, se ubique donde está o a una veintena de metros de distancia, y si vale la pena pagar unos 10 millones de euros para echar abajo una obra que los usuarios de la playa -y cualquier ciudadano que conozca el proyecto del arquitecto Perrault- consideran necesaria, lo mismo que otras mejoras como baños, vestuarios, cafeterías, restaurantes y lugares de ocio y esparcimiento.

Si se desea mejorar Las Teresitas, nada mejor que procurar el mayor cuidado de su entorno, la limpieza extrema del agua y dotar la playa de servicios que la dignifiquen y conviertan en un referente para todos los santacruceros y para quienes nos visitan.

Y si alguien se ha equivocado o ha propiciado acuerdos ilegales y así se demuestra, que pague por ello; lo que no se puede es seguir mezclando todo, ir en contra de los intereses generales por afanes de rentabilidad política y cargar sobre los ciudadanos unas culpas a las que son ajenos por completo.

Costas no ha rechazado la eventual legalización de la obra, en principio la medida más prudente y razonable, que debería ser emblema de un cambio de rumbo en la corporación que salga de las inmediatas elecciones locales. Para acabar con tanta judialización de la vida municipal y para empezar a hacer las grandes obras de la ciudad bajo presupuestos de legalidad y consenso.