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No existen “plazas suficientes” para acoger a excluidos sociales

La organización considera que la crisis no sólo es económica sino de derechos. / FRAN PALLERO

NANA GARCÍA | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Amnistía Internacional (AI) considera que en Tenerife no existen “plazas suficientes para poder atender” a las personas que viven en la pobreza. Su portavoz en Tenerife, Fernando Fuentes, incide en que las administraciones públicas “tienen la obligación de otorgar atención a los más desfavorecidos”, después de que el concejal de Cohesión y Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Cruz, Ignacio González, volviera a demandar a la Audiencia Provincial mayor celeridad en los procedimientos de incapacitación de los 20 casos de indigentes que los servicios municipales sospechan que padecen una “enfermedad mental grave”.

La ONG cuestiona las “sorprendentes” afirmaciones de González, quien “en calidad de concejal de una administración” dice “que los jueces no han actuado con celeridad”. “Supongamos que hubiera una celeridad en el proceso tremenda, y a todas las personas de las que existen indicios de que pudieran tener una enfermedad mental se les hace un reconocimiento por parte de un facultativo adecuado, la fiscalía solicita que se inicie el proceso y finalmente el juez ordena su incapacitación y sale de la calle: ¿Existen plazas suficientes para atender a todas esas personas?”.

La realidad de los recursos, medios y protección jurídica para asistir y controlar al colectivo de personas que vive en la calle demuestra que no. Ni el albergue municipal de la capital tinerfeña, ni los centros sociosanitarios de la Isla -en caso de que la incapacitación suponga el internamiento- cuentan con plazas suficientes para cubrir la creciente demanda.

Amnistía Internacional coincide con González en que “efectivamente, todo el mundo tiene derecho a estar en la calle y no se puede sacar sin más, solo con autorización judicial que declare la incapacidad”. Si la legislación actual no fuera así y no se requiriera “intervención judicial”, se darían circunstancias como que “el Ayuntamiento podría desalojar a los acampados del 15-M”, ilustra.

Asimismo, teniendo en cuenta el complejo proceso que supone la restricción de autonomía a una persona, la ONG también conviene con el concejal de Bienestar Social en que “se requeriría una mayor celeridad judicial”, aunque matiza que en algunos casos (como los cinco indigentes que han fallecido en las calles capitalinas en el último mes y medio) se demuestra que ha fracasado “el sistema” o “el proceso en algún punto”.

“Seguramente hay un poco de todo”, apostilla Fuentes.
El portavoz en Tenerife de la ONG insiste en que en Canarias no existe actualmente una atención real a las personas ‘sin techo’ independientemente de “las dificultades técnicas para otorgar esa atención”.

“Naturalmente, al-guien que vive en la calle, con una desprotección social de su entorno, una desprotección humana notable, es una de las personas más necesitadas que tiene Santa Cruz”, confirma Fuentes, quien agrega que “no solo los ayuntamientos tienen competencias” en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de los que viven a la intemperie. “También las tienen el Gobierno de Canarias y el Cabildo en temas sociales y de este tema no les hemos oído decir nada”.

En todo caso, Amnistía Internacional precisa que “estar alojado unos días en el albergue” no hace que una persona pierda “su situación de marginalidad y exclusión”, con lo que el proceso de incapacitación no resuelve el problema de la indigencia. “Claramente, esto no es lo que se demanda de una administración”, cuya labor es dar respuesta al conjunto de necesidades básicas de los más desfavorecidos.