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Aumento de servicios funerarios para personas sin hogar en Santa Cruz

   

Lápidas sin nombre, en el cementerio de Santa Lastenia. / DA

NANA GARCÍA | Santa Cruz de Tenerife

Las cifras hablan. Solo en los primeros cinco meses de 2011 ha aumentado un 18,6% el número de servicios funerarios a personas sin recursos económicos con cargo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que se han realizado en el cementerio de Santa Lastenia. El gerente de la empresa adjudicataria de este servicio, Mémora en Tenerife, José Carlos González Martín, confirmó a DIARIO DE AVISOS esta triste realidad, que se entiende como una de las graves consecuencias económicas y sociales de la crisis económica que estalló en 2008 y para la que desde los sectores más pesimistas solo se vislumbra una solución incierta en una sociedad marcada por un aumento progresivo de la desigualdad, la exclusión social y la marginalidad.

Así, hasta junio de 2010 el Tanatorio de Santa Lastenia había realizado las gestiones administrativas y funerarias de 22 personas, mientras que en el mismo periodo de 2011 ha hecho lo propio con 26 fallecidos. Aunque la diferencia, a día de hoy, se eleve a cuatro personas, el gerente de la empresa aclara que  solo una semana antes y “hasta abril de este año” se habían detectado “unos 10 servicios más que el año pasado”, lo que corrobora  “un incremento de los servicios funerarios de beneficencia”.

La compañía Mémora (Tanatorio de Santa Lastenia) es la encargada de llevar a cabo los de servicios funerarios a personas sin hogar que fallecen en el término municipal de Santa Cruz y cuyo cuerpo no es reclamado por la familia o por alguna otra persona. Los gastos son sufragados, a través de un contrato administrativo, por el Consistorio capitalino, obedeciendo a una “obligación municipal” establecida por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio, aún vigente y consiste en que la empresa adjudicataria debe proporcionar un féretro al fallecido y encargarse del traslado del cuerpo desde el lugar de defunción hasta el cementerio municipal. Alejandro Gil Mederos, director comercial de la empresa, puntualiza que “para todas las personas” el plazo estipulado llevar a cabo los enterramientos tiene que ser “después de las 24 horas y antes de las 72 horas de la defunción”. Sin embargo, este trámite en ocasiones se ralentiza por la intervención de un proceso judicial que busca esclarecer las causas del óbito.

Según las bases reguladoras, esta prestación de servicios funerarios solamente se facilitará a las personas sin hogar que hayan fallecido bien “en centros sanitarios, domicilios, vía pública u otros lugares dentro del término municipal, como consecuencia de accidentes fortuitos, violencia o causas naturales”. Es preciso reseñar que de los seis indigentes que han fallecido en las calles capitalinas en los últimos dos meses, esta empresa solamente ha gestionado el entierro de uno de ellos, Aly Badara. Asimismo, los responsables en Tenerife de Mémora indican que este contrato supone un beneficio mínimo para la empresa. “Incluso nos cuesta dinero”. Aunque José Carlos González aclara que la labor que realiza su compañía responde a la voluntad “para ayudar” al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de un contrato que hasta 2003 se llevaba a cabo de manera gratuita. Los beneficiarios de esta prestación, además del colectivo de personas sin hogar, son también aquellas personas que aún siendo reclamados por familiares no cuentan con los medios económicos suficientes para hacer frente a los gastos mínimos de un entierro que suponen entre 900 y 1.100 euros según los responsables del tanatorio capitalino.

El creador francés William Bouguereau (1825-1905) quiso demostrar con su lienzo Igualdad ante la muerte que este concepto democrático, lejos de ser parte del lema oficial de la Revolución Francesa, únicamente es real y efectivo  en el mundo de ultratumba. Para la empresa Mémora, las desigualdades sociales y económicas no existen a la hora de llevar a cabo el procedimiento funerario. “Cualquier fallecido en nuestra empresa lleva los mismos trámites -argumenta José Carlos González Martín. Cuando lo traemos al tanatorio tras la llamada del asistente social, lo que hacemos es acondicionarlo decentemente, tratamiento sanitario, enferetrarlo en un arca, arreglamos toda la documentación necesaria para darle sepultura (obtención del Certificado Médico de Defunción en el Registro Civil), hablamos con el cementerio que es el que se encarga de enterrarlo en nichos”.

Allí permanecen en soledad, en los lugares más altos del cementerio, sin nombre, sin una flor o símbolo que les acompañe durante los cinco años que estipula la ley. Una vez transcurrido este tiempo, “si nadie los reclama, los restos se pasan al osario” común.

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Cuestiones legales

La tendencia actual de aumento de cremaciones, que ha dejado “vacío” un importante número de nichos del cementerio de Santa Lastenia”, no puede ser aplicada al colectivo de personas sin hogar “por cuestiones legales”, expresa José Carlos González Marín. “Normalmente deben ser siempre inhumados, por si algún familiar quiere recuperar el cuerpo para la extracción del ADN, bien por cuestiones médicas, para un tratamiento futuro, o por temas legales, de alguien que viene reclamando una herencia”.

En el aspecto económico, la elección de un enterramiento o una cremación no repercute a la empresa funeraria, puesto que “el servicio y el coste es el mismo en ambos casos”.
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