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EL DARDO > POR LEOPOLDO FERNÁNDEZ CABEZA DE VACA

Demagogias, no

   

El nuevo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife echa a andar con las dudas propias de toda coalición que no acaba de enhebrar con la debida diligencia un programa detallado de reparto de responsabilidades y objetivos. A la espera de éste, las iniciales declaraciones de José Manuel Bermúdez, Julio Pérez y José Ángel Martín han puesto el dedo en la llaga de algunos asuntos trascendentales, como la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), el derribo del mamotreto y la nueva reducción de la estructura administrativa de la corporación. Sobre esta última, es obligado achicarla para que gane en racionalidad y eficiencia -es insostenible la existencia de directivos políticos, el mantenimiento de 80 asesores en la alcaldía y personal de confianza y eventual con contrataciones a la carta- y para que los técnicos municipales consigan mayor confianza, autoestima y capacidad de gestión. La austeridad no sólo la imponen las circunstancias de la actual crisis; también las exigencias de una buena administración: lo que basta nunca es poco, como dice el viejo proverbio castellano. Ese esfuerzo es particularmente exigible a la clase política de modo que su comportamiento refleje siempre el mayor grado de ejemplaridad y eficiencia. Sobre el Plan General, bien está que se revise por enésima vez si con ello se logra acallar a la mayoría de los descontentos y se clarifica el problema de los fuera de ordenación; pero no parece sensato dilatar por más tiempo la puesta en marcha de al menos la parte no sujeta a crítica, para no perjudicar a la ciudad, de modo que ésta vaya ganando dinamismo económico con la puesta en marcha de planes y proyectos de obras largo tiempo detenidos. Sobre el debatido tema del mamotreto he dicho, y me ratifico, que derribarlo sería un disparate y un despilfarro. Disparate, porque la playa de Las Teresitas necesita aparcamientos y establecimientos de ocio, tal y como aporta ese edificio, que, en contra de lo que se afirma, no es adefesio ni mamotreto, sino el bosquejo de una infraestructura que dará realce y utilidad al lugar. Es cierto que se trata de una construcción con ribetes de ilegalidad, pero éstos son subsanables si políticamente así se desea. Un jurista fino y de prestigio como Julio Pérez sabe bien que este tipo de asuntos suele hallar solución sin mayores dificultades jurídicas. No parece lógico que se cause un perjuicio mayor con su derribo que el beneficio que se obtendrá de mantenerse la construcción. Me dan la cifra de más de cuatro millones de euros como costo de la demolición; de ser así, ya me dirán si no se trata de un gasto superfluo y de un acto condenable de demagogia.