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AVISOS POLÍTICOS > POR JUAN HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA

Dignos, indignos e indignados

   

El sábado de la pasada semana se constituyeron la inmensa mayoría de los 8.116 ayuntamientos españoles para los que se habían celebrado elecciones el 22 de mayo. Esta constitución, y la subsiguiente elección de sus alcaldes (y designación de sus concejales de Urbanismo), confirmaron la amplia mayoría que el Partido Popular había alcanzado en las urnas y sus niveles de poder municipal (3.317 mayorías absolutas), que se reflejan también en las capitales de provincia: además de controlar la Asamblea de Ceuta, gobernará en 33 de ellas. Los populares consiguen así su mayor implantación local, tanto en general como por comunidades autónomas: avanzan ligeramente desde 2007 pero multiplican su poder territorial, mientras, por el contrario, el Partido Socialista (1.860 mayorías absolutas) sufre una significativa derrota, que convierte estas elecciones municipales y autonómicas en las peores de su historia reciente.

El partido gubernamental fue derrotado en todas las comunidades autónomas en juego y sufrió un tremendo descalabro en las contiendas locales y en el cómputo global de votos. Por centrarnos en las elecciones municipales, los socialistas perdieron algo más de un millón y medio de votos respecto a las elecciones municipales anteriores. Es decir, han retrocedido siete puntos porcentuales en cuatro años y han roto su suelo electoral. Por el contrario, la victoria del Partido Popular le supuso unos 2.200.000 votos y casi 5.000 concejales más que el Partido Socialista, medio millón de votos más que los obtenidos en las elecciones de 2007. En definitiva, los populares casi doblaron sus mejores resultados municipales (1995), los que le llevaron a La Moncloa un año después.

Habría que añadir, con todas las reservas del caso, que en la historia de la joven -y pobre- democracia española, y a excepción de lo sucedido en las elecciones generales de 2008, el partido más votado en unas elecciones municipales y autonómicas siempre ha ganado las elecciones generales siguientes. No obstante, harían bien los populares en adoptar las mayores precauciones con su candidato, su programa y sus políticas porque pueden saltar sorpresas y producirse fluctuaciones a la baja: Rajoy sigue siendo un candidato débil y poco fiable, proclive a decir tonterías con cara de pasmo y a cometer errores infantiles, que, además, arrastra una persistente baja valoración ciudadana, algo maquillada en los últimos tiempos.

Junto a la victoria del Partido Popular, la otra noticia destacable ha sido la controvertida irrupción electoral de Bildu en el País Vasco y Navarra, de la mano de nuestro indescriptible (y secuestrado, en opinión de su vicepresidente y algunos de sus miembros) Tribunal Constitucional. La coalición abertzale ha sido la segunda fuerza política más votada en el País Vasco, tiene presencia en más de cien municipios del País Vasco y Navarra, y ha logrado casi cien alcaldías, entre ellas la de San Sebastián, 88 por mayoría absoluta. La alcaldía de la capital donostiarra la ha conseguido en contra de socialistas y populares, y con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que, a su vez, ha obtenido 59 alcaldías, entre ellas Bilbao.
Sin embargo, no todos los ayuntamientos españoles quedaron constituidos el pasado sábado. En algunos de ellos (Barcelona, Girona, Melilla) se han interpuesto recursos contencioso electorales en contra de los resultados electorales, a resolver por sus respectivos tribunales superiores comunitarios, y, a tenor del artículo 125.1 de la Ley Orgánica Electoral, eso significa que, en espera de las sentencias, el pleno de constitución de esos ayuntamientos y la elección de sus alcaldes se pospone 20 días (hasta el próximo 1 de julio). En Canarias ha ocurrido en La Laguna, Garachico y Valsequillo, en donde sus actuales alcaldes seguirán en funciones durante casi tres semanas más.

El caso de la Laguna es especialmente interesante porque afecta a la reciente crisis socialista tinerfeña. La coalición electoral Por Tenerife, conformada por Socialistas por Tenerife, Los Verdes e Izquierda Unida Canaria, ha presentado un recurso contencioso electoral ante la Junta Electoral de Zona de La Laguna para reclamar su tercer concejal, demanda que ha acompañado con el acta original del escrutinio de la mesa electoral implicada. Al parecer, la presidenta de la mesa cometió un error material de hecho al transcribir los resultados de Por Tenerife, que desplazó a la candidatura inmediatamente siguiente. Si el Tribunal finalmente les da la razón al “ejercer su facultad y cumplir con su deber de averiguar la voluntad real y las preferencias efectivas de los votantes en la mesa”, por utilizar los términos empleados por Santiago Pérez en sus declaraciones, y llegan al tercer concejal, el político lagunero quedaría a solo uno de su antiguo partido y confirmaría su implantación personal en el municipio. Aunque estamos en España, lo que no entendemos es por qué el acta original del escrutinio de la mesa electoral no estuvo desde el principio, y por qué se asignaron concejalías y se adoptaron decisiones por mayoría sin contar con ella.

En 6.536 municipios no hicieron falta excesivas negociaciones ya que una fuerza política había logrado la mayoría absoluta de concejales. En los restantes se gestaron hasta última hora pactos, acuerdos y componendas de todo tipo (Urbanismo suele ser la estrella invitada en estos casos) o se eligieron alcaldes que gobernarán en minoría, pendientes del hilo de una posible censura.

El movimiento que los medios han calificado como de los indignados ha puesto en evidencia de nuevo (con formas intolerables en democracia) el descontento -irritación- de una gran cantidad de ciudadanos hacia la política que se hace en este país y hacía el comportamiento de nuestra clase política, en la que abundan más de lo razonable la corrupción, el tráfico de influencias, el amiguismo, los abusos de poder y los privilegios. Estos indignados han oscilado entre la abstención, el voto blanco o nulo, y el voto a candidaturas minoritarias, que se han llevado un buen número de antiguos votos socialistas. Pero lo relevante es que, junto a políticos dignos, en España proliferan demasiado los indignos. Y proliferan tanto en la izquierda como en la derecha, aunque cada bando acusa al otro y solo reconoce en su seno los consabidos “casos aislados”. Ya va siendo hora de que todo esto cambie. Porque una democracia indigna no es ni siquiera una democracia.