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ANÁLISIS > POR LEOPOLDO FERNÁNDEZ CABEZA DE VACA

El gran pacto y los pactos que vienen y van

   

Cuando escribo estas líneas, a media mañana del sábado, todo indica que el pacto entre Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) está a punto de caramelo. Existe la firme intención de llevarlo a cabo, se han dado los primeros y firmes pasos para rubricarlo y es voluntad de las partes superar eventuales adversidades -el Cabildo de Gran Canaria entregado al Partido Popular (PP) ha sido la primera, amén de un puñado de ayuntamientos de tamaño medio o grande, como Telde- para que las mismas no impidan el gran objetivo que es la formación de un Gobierno de coalición. Creo que ni siquiera los acuerdos que se atisban en El Hierro, ni las faenas y traiciones socialistas que se advierten en el horizonte palmero -otras deslealtades nacionalistas, y también socialistas, están infectando el camino-, echarían abajo el proyecto, aunque no imagino a Antonio Castro resignado a que la otrora poderosa API quede convertida hoy, todavía primera fuerza insular con diferencia, en un museo de oposición en las tres principales instituciones de la Isla Bonita: el Cabildo y los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane.

Las tentaciones pueden ser variadas y asustantes, pero en modo alguno veo al inteligente y moderado líder palmero jugando a traiciones inconfesables o conspirando contra la formación política que ayudó a crear con acertada visión regional. Lo mismo pienso de un Tomás Padrón siempre pragmático y ahora en retirada, pero convencido de que no sería bueno romper con CC aunque a veces le deja en situación desairada.

Lo normal es que esta misma semana se vayan cerrando otros convenios en cascada, como el del Cabildo tinerfeño y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pese a los cantos de sirena procedentes de los vientos populares, e incluso en el Puerto de la Cruz, en este caso por arreglo entre CC y PP, porque cuanto más se retrasen estos acuerdos de segundo y tercer nivel más se puede interferir en el pacto de Gobierno y si éste no se firma antes del sábado, en que se constituyen los nuevos ayuntamientos, puede desatarse una serie de venganzas y arreglos inesperados que sólo tendría remedio mediante mociones de censura posteriores o -lo que haría muy feliz al inquieto Soria- con la ruptura hoy impensable del entendimiento regional entre CC y PSOE.

La política tiene, ya se sabe, lados oscuros, mundos subterráneos y ocultos que unas veces emponzoñan la transparencia y aun la esencia de la democracia y otras dificultan el normal discurrir de los acontecimientos. José Manuel Soria, el líder popular, se ha empeñado en echar un órdago al entendimiento entre nacionalistas y socialistas, tan legítimo como cualquier otro en el que intervenga el PP, y para ello se vale de artimañas y ruindades varias, desde ofertas “irresistibles” a uno y otro adversario para que, si es posible, se destruyan o anulen en las distintas islas en las que luchan por conquistar el poder vía pactos, al invento de conversaciones con distintos diputados electos, a los que atribuye número bastante para conformar una mayoría parlamentaria en la que él se convierta, cómo no, en la guinda del pastel.

La política tiene, ya se sabe, lados oscuros, mundos subterráneos y ocultos que unas veces emponzoñan la transparencia y aun la esencia de la democracia y otras dificultan el normal discurrir de los acontecimientos

No me parece que este regreso a las viejas intrigas palaciegas sea el mejor ejemplo que pueda ofrecerse a los ciudadanos. Es como si se tratara de alcanzar el poder a toda costa, sin parar en medios o recursos, no sé si lícitos como ilícitos, pues me viene a la memoria esa especie de secuestro -desde un hotel madrileño en el que se escondían para tratar de pasar desapercibidos y no venir a votar a Tenerife haciéndole así un favor al PSOE- que se produjo en 1993 de los diputados lanzaroteños García Bravo y Cabrera, cuyo concurso era imprescindible para desalojar a Jerónimo Saavedra, vía moción de censura, de la Presidencia del Gobierno.

El veterano Martín Paredes y los propios interesados deberían aclarar algún día los pormenores de este bochornoso episodio, uno más entre los vergonzosamente vividos en las Islas relacionados con el uso y abuso del poder. Por eso ya es hora de dejar esas prácticas nefandas, incluso aquellas que aun siendo lícitas den la impresión -como sucede ahora con Soria y compañía- de que en política todo vale con tal de alcanzar el objetivo de destruir al adversario y tratar de ocupar su ventajoso lugar.

Parece mentira que el presidente popular canario no atine en su diagnóstico sobre las enormes dificultades de futuro que presenta el pacto entre nacionalistas y socialistas, sumidos éstos en una crisis galopante en el ámbito nacional y divididos y desnortados en el regional, con un líder sin fuerza ni credibilidad, de ahí los líos en las circunscripciones insulares, donde cada una va por su lado tratando de sobrevivir y sacar tajada política en esta coyuntura adversa a más no poder, salvo el caso especialísimo y continuado de La Gomera, por las reconocidas habilidades de Casimiro Curbelo. Con un socialismo en horas bajas e incapaz de hacer frente a un secretario general que lo ha hundido y agoniza agarrado al poder y a un político sombrío como Rubalcaba, no veo qué duración ni qué seguridad puede ofrecer un pacto como el de CC y PSC, sobre el que inevitablemente pesarán los avatares políticos madrileños, salvo en la corta etapa hasta las elecciones generales, donde los dos votos de CC pueden valer un potosí a cambio probablemente de provechosos réditos para Canarias.

Como es más que conocida la capacidad de adaptación de los nacionalistas canarios y su flexibilidad ideológica para, sin inmutarse lo más mínimo, estar hoy con uno y mañana con otro, según soplen los vientos políticos dominantes, nada tendría de particular que, si Rajoy ganase las próximas generales, echaran del Gobierno a los socialistas -ni siquiera harían falta los enredos de Soria, posiblemente entonces camino de Madrid- y volvieran a los viejos acuerdos con los populares, pero tratando, cómo no, de sacar siempre ventaja, esto es, conservando la Presidencia del Gobierno. El caso es seguir en el machito. Claro que tampoco sería mala solución la que tiene patentada José Carlos Mauricio, para quien no hay nada como pactar en Madrid con quien manda, en el Gobierno de Canarias con el adversario del que manda en Madrid y en cada isla y cada pueblo con el que se ponga más a tiro o de quien más se puede obtener. Eso es la demostración práctica de que lo importante es el poder, y cuanto más, mejor. ¿Y la ideología y las afinidades políticas? Pueden ser un obstáculo y no vale la pena tomarlas en consideración. Tampoco se ha dado cuenta Soria de la necesidad de no romper con los nacionalistas y entenderse razonablemente con ellos, por si cambia el viento político o los necesita Rajoy, pese a sus debilidades y retroceso en votos, sobre todo en la provincia occidental, por el desgaste de tantos años en el poder.
Tras estas elecciones, quizás ha llegado para el nacionalismo constitucionalista canario el momento de olvidar viejas rencillas y divisiones y trabajar a fondo para reagruparse a base de coincidencias y generosidades hasta ahora habladas pero nunca practicadas. En este orden hasta parece factible la retirada de la primera línea política de algunos de los líderes que hoy se enfrentan a cara de perro, a fin de dar vía libre a una operación que personalmente considero útil para el propio nacionalismo moderado e incluso para Canarias. Y si las dificultades de una unión bajo siglas únicas resultaran insuperables, en una primera fase podrían acudir a fórmulas ya testadas y de éxito como es el caso de CiU, con dos alas situadas en diferentes lados del espectro político, pero enmarcadas en un proyecto de cauce común. Supongo que el próximo congreso abrirá un debate al respecto para disipar dudas y acabar con divisiones y personalismos disgregadores.

Una tarea de oposición leal y constructiva podría venirle al PP canario como anillo al dedo, incluso durante toda la legislatura, ya que en puridad los pactos deberían durar esos cuatro años como mejor garantía de estabilidad y eficacia…, a menos que las circunstancias impongan otra cosa. Pero en principio lo lógico, y hasta lo deseable, es que los pactos se alarguen lo más posible. Los electores han querido además que, como en la anterior legislatura, la suma de votos de PSOE y CC no logre en todos los casos los votos imprescindibles para decidir los nombramientos en instituciones como el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común o el consejo de administración de la Radiotelevisión Canaria que, para vergüenza de los partidos del arco parlamentario, durante los últimos cuatro años permanecieron en situación de prórroga. Por tanto, porque así lo han querido los electores, será obligado acudir al consenso para decidir sobre estos y otros asuntos trascendentes. A ver si en estas circunstancias las fuerzas políticas demuestran generosidad, altura de miras e incluso sentido común para cubrir esos puestos y para sacar adelante cuestiones tan relevantes como la reforma del Estatuto de Autonomía (que debe incluir la de la organización político-administrativa de la Islas) y del Pecan, las orientaciones educativas que permitan acabar con el fracaso escolar y mejorar la formación profesional, elaborar, como apuntaba el pasado domingo, un plan contra la pobreza y la exclusión social, incentivar y mejorar los planes de empleo, dinamizar el funcionamiento de la Justicia, recuperar el sector primario y ganadero, hoy casi abandonado de la mano de Dios, y conseguir por fin para Canarias que el Gobierno, como acertadamente denunciaba esta semana la Cámara de Comercio tinerfeña, cumpla lo previsto en el REF en materia de inversión media estatal, de modo y manera que no se birlen a las Islas esos 550 millones de euros anuales que en justicia le corresponden…

Como es natural, en los acuerdos programáticos de Gobierno y en la exposición que realice durante el acto de investidura el presidente Rivero deberán figurar los grandes objetivos del pacto, entre los que no deben faltar el reforzamiento del papel de los Cabildos, la incentivación de los acuerdos municipales mancomunados, la reforma administrativa y la fijación de rigurosas políticas de austeridad y contención del gasto, salvando únicamente la atención de los servicios públicos esenciales en materias como educación, sanidad y servicios sociales. Estos días circulan rumores sobre la posible ampliación del número de diputados de 60 a 70 para fijar una lista única regional de 10 parlamentarios.
Espero y deseo que el rumor quede en eso, porque aumentar el número de diputados no sólo constituiría un mal ejemplo en estos tiempos de crisis -también lo sería en etapas de prosperidad-, sino un despropósito mayúsculo; lo sensato es reducir el tamaño de la clase política y funcionarial allí donde sea posible para racionalizar el gasto y ajustar su número a las posibilidades de financiación. El Estatuto necesita retoques, por supuesto, y también las normas electorales; pero es preciso huir como gato escaldado de los incrementos del gasto corriente. Bastantes deudas arrastra la comunidad autónoma -más de 3.400 millones en estos momentos, y pendiente de una ampliación de 600 millones más- como para seguir engordando los pagos a los que han de hacer frente nuestros hijos y, a este paso, los hijos de nuestros hijos.

Por lo que ha trascendido hasta ahora, da la impresión de que CC y PSOE, más que buscar un entramado político conjunto que dé sentido y coherencia al trabajo de próxima legislatura, están estos días dedicados al reparto de cargos y prebendas, en un mercadeo que debería provocar desazón y sonrojo. ¿A qué viene, por ejemplo, el lanzamiento del nombre de Jerónimo Saavedra para presidir la Autoridad Portuaria de Las Palmas? ¿Acaso quien ocupa hoy ese cargo no ha demostrado fehacientemente sus buenas cualidades profesionales? ¿Por qué reemplazarlo entonces? Pero aún admitiendo la necesidad del cambio, ¿no sería mejor acudir a un profesional cualificado, con probados conocimientos de gestión portuaria o empresarial? Con todos los respetos para Saavedra y su acreditada formación intelectual, su perfil profesional en absoluto se adapta a dicho puesto y sí, por el contrario, al de Diputado del Común, presidente del Consejo Económico y Social o del Consejo Consultivo.

Sin caer en discusiones bizantinas, parece aconsejable que para la elección de los puestos dirigentes, en cualquiera de sus ámbitos, se premien los principios de mérito y capacidad, de modo que sean elegidos los mejores, los más preparados. La democracia no es, como decía Berthelot, el derecho de los piojos a comerse a los leones, ni en el fondo sólo sirve, como apuntaba Crane, para demostrar que gobernar es un asunto de segunda mano y no de la mayor importancia. Con todas sus imperfecciones, la democracia es el régimen ideal y quienes a ella se atienen deben exigirse autoridad, seriedad, ejemplaridad, transparencia, idoneidad y buen manejo de los asuntos públicos. Y todo ello en un compendio de obligaciones y deberes que a su vez sea dique contra ambiciones y desmesuras grandes y pequeñas, mirando siempre al pueblo para poder ofrecerle lo mejor. Sin engaños ni componendas, sin mentiras ni repartos de poder por encima de los intereses generales.