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EL ANÁLISIS > POR LEOPOLDO FERNÁNDEZ CABEZA DE VACA

El nuevo Gobierno: realidades y deseos

   

Todo está preparado para que en unos días Paulino Rivero sea investido presidente del nuevo Gobierno de coalición entre nacionalistas y socialistas. Ambos retoman los viejos tiempos del 93, cuando una moción de censura del entonces vicepresidente Hermoso acabó con el mandato de Saavedra -a quien se acusaba de no defender con suficiente energía el REF y las singularidades canarias ante Madrid y Bruselas- y, de paso, dio origen a lo que hoy es Coalición Canaria, con sus 18 años ininterrumpidos de presencia al frente del Ejecutivo autonómico.

A estas alturas resulta imposible predecir cuánto durará el nonato Gobierno, pero no lo va a tener fácil cuando son tantos y tan graves los problemas propios que le aguardan -de los ajenos mejor no hablar, dada la permanente inestabilidad de los mercados y la larga agonía del Gobierno Zapatero y su falta de respaldo y credibilidad-, empezando por la inacabable crisis económica y sus dramáticas consecuencias sobre el desempleo, la pobreza y la cohesión social, cada día más amenazada. Pero precisamente por ese negro horizonte que se adivina, y que exige austeridades y recortes hasta extremos nunca imaginados -a menos que se prefiera dejar exhaustas las arcas autonómicas y seguir endeudando a las futuras generaciones-, sería deseable que el Gobierno se prolongara hasta el término de la legislatura, salvo que lo impidan gravísimas circunstancias sobrevenidas.

La lealtad, la solidez del Gabinete, la cohesión, el rigor y la claridad en los planteamientos generales son la mejor medicina para atender y asistir a ese paciente enfermo y en fase de emergencia, por decirlo en palabras de Felipe González, que es la economía nacional, y lógicamente la canaria dentro de ella, pese a las buenas cifras que sigue dejado en las Islas el turismo, al que hay que seguir aferrándose como el agua al mar. Pero además de la crisis económica y sus efectos, el nuevo Gobierno está obligado a atender otros frentes no menos relevantes que, justo es reconocerlo, recoge con detalle el prudente y rimbombante, por su denominación, ‘Acuerdo por la gobernabilidad, la dinamización económica, el empleo y la cohesión social de Canarias’.

Me refiero especialmente a las reformas educativa, de las Administraciones públicas y del Plan Energético, así como a la facilitación de medidas contra el paro juvenil -sobre el que acaba de advertir, por el peligro de ruptura de la paz social, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa-, la revisión del REF y del Estatuto de Autonomía, la simplificación administrativa y, por encima de todo, el mantenimiento de las servicios públicos esenciales y de las prestaciones y ayudas a todos los que las necesiten, pese a las inevitables limitaciones del gasto.

Un programa que llegue al ciudadano

Durante la próxima legislatura no deberían repetirse los lamentables enfrentamientos de la anterior; la oposición debe ser respetada, lo que no sucedió durante los cuatro años de colaboración CC-PP, y aceptados sus planteamientos en la medida en que respondan a necesidades objetivas o a propuestas cargadas de racionalidad e interés. No se deben ningunear sus iniciativas o aportaciones, como tampoco las que nacen de la voluntad popular; la política se construye y desarrolla entre todos, y con la participación de todos, más aún en las Islas, donde los ciudadanos vienen exigiendo la práctica de acuerdos y consensos en los asuntos de mayor interés.

Me llama la atención un apartado del pacto de Gobierno, en concreto el referido a la reforma del Estatuto de Autonomía, sobre la que, con buen criterio, se manifiesta el propósito de que incluya el régimen electoral, el número de diputados por islas, circunscripciones electorales y porcentajes de votos que deban obtener las listas electorales para acceder al reparto de escaños, y que una ley canaria regule su posterior desarrollo. PSOE y CC “se comprometen a no pactar dicha ley sin el concurso de las dos” fuerzas políticas. Me parece que, dicho así, se presta a confusión. Si malo era ayer que CC y PP trataran de imponer sus criterios al PSOE, igual de dañosa resultaría una pretensión nacida hoy del acuerdo entre CC y PSOE para ignorar al PP. Tanto en la elaboración de esta ley como en la reforma estatutaria deben participar imperativamente PP y NC. Una modificación como la que se pretende afecta a todos y no tiene futuro si no cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias, aquí y en Madrid.

Por lo que se refiere a los anuncios sobre austeridades y racionalidades, nada mejor que predicar con el ejemplo. No porque lo digan los indignados, que en este capítulo tienen razón, sino porque los ciudadanos demandan gestos claros, concretos, perceptibles, manifiestos y todos los etcéteras que en tal sentido se quieran añadir. No basta con reconocer que la estructura administrativa aparece como obsoleta y cara; resulta obligado decir en qué línea se va a reformar, cuántos y cuáles organismos y empresas públicas inútiles y sujeto y objeto de enchufes y amiguismos -además de consejerías, viceconsejerías, direcciones generales, etc.- se van a eliminar, cómo se va a proceder a la congelación de puestos y a la limitación de funcionarios…

Tampoco parece suficiente la mera enunciación de la ejemplaridad; es preciso concretarla y después ejercerla a diario. Y debe ser percibida por la ciudadanía como principio inspirador de todas las políticas. Para empezar, el pacto CC-PSOE ha decidido mantener la actual estructura gubernamental, cuando puede reducirla aún más, tras el retoque con ocasión del abandono del Gobierno por parte del PP; se ha hecho en otras comunidades que duplican y aun triplican el tamaño de la canaria y aquí cabe también esa posibilidad, más aún en la medida en que la insularidad encarece notablemente los costes de funcionamiento de la Administración regional. Naturalmente, todo ello dentro de un plan, que también anuncia el pacto, de reorganización administrativa basado en presupuestos de racionalidad y austeridad.

Excesos que no gustan

Estoy seguro de que los ciudadanos acogerían con sincera complacencia la reducción de dietas y prebendas de todos los altos cargos, incluidos los parlamentarios, y la muy estricta limitación de dietas, viajes, vehículos oficiales, tarjetas de pago y teléfonos móviles. Se me dirá que es el chocolate del loro y seguramente será cierto; pero el gesto, el detalle, la ejemplificación que aportarían estos comportamientos diáfanos y novedosos revelarían un decidido empeño por cambiar las formas y las pautas de la política seguida hasta ahora desde las instituciones públicas. Y vendrían a ser el ejemplo más concreto, y la expresión ética más diáfana, de buenas prácticas en “el uso de los medios y recursos públicos y del ahorro en el gasto corriente”, como propugnan los impulsores del pacto.

Un ejemplo claro de canonjía, prebenda o privilegio que, además de las citadas, debería desaparecer es la compensación que se viene otorgando a los altos cargos que cesan en sus funciones y que hasta ahora tienen derecho a una indemnización equivalente a una mensualidad de sus haberes y a la parte proporcional de las pagas extraordinarias, lo que en algunos casos puede superar los 6.000 o 7.000 euros. Este acuerdo -me excuso por no poder aclararlo en todos sus términos- fue aprobado en febrero de 1989 por las consejerías de Hacienda y Presidencia fuera de la reunión del Consejo de Gobierno, si no recuerdo mal, y ya dio lugar a algunas quejas, del mismo modo que sucedió con el proyecto de otorgar determinados beneficios a los presidentes del Gobierno canario. Una cosa es que por su rango y dedicación reciban el tratamiento y honores que merecen y que les distinga y otra que, como ocurre con el expresidentes extremeño Rodríguez Ibarra aunque ahora el PP se propone anular la disposición aprobada en su día, se ponga a su disposición, con carácter vitalicio, despacho, sueldo, coche oficial, secretaria, teléfono, etcétera.

Estos excesos son los que producen agravios comparativos y acusaciones hacia una clase política a veces cargada de privilegios obtenidos a espaldas de los ciudadanos o con desconocimiento de éstos, y con los que es preciso terminar de una vez. De ahí las declaraciones de bienes y comunicaciones de patrimonio que -aunque personalmente no comparto su difusión porque retraen a muchos para dedicarse al noble oficio de la política- se han establecido en la mayoría de las comunidades autónomas, si bien no siempre, lamentablemente, responden a la verdad.

En lo que atañe al anexo, pretendidamente secreto, del pacto de Gobierno, más parece un brindis al sol que otra cosa. Tratar de recomponer a toda costa los pactos CC-PSOE en las corporaciones en las que no ha sido posible no deja de ser una pretensión inútil que incluso podría, en algún supuesto, producir nuevos quebraderos de cabeza por el efecto inducido que desataría. Tiene razón José Manuel Soria cuando afirma que si se abre la veda para romper mayorías constituidas en ayuntamientos y cabildos, se abrirá para todos. Eso de, pasado un tiempo, volver a las inestabilidades no parece la mejor receta para unos tiempos que necesitan que los gestores ofrezcan a las instituciones estabilidad y durabilidad.

Las cuitas de Nueva Canarias

Al hilo de la constitución del nuevo Parlamento de Canarias siempre nacen declaraciones o confidencias de notable impacto mediático. Esta vez el protagonismo se lo ha llevado el expresidente y líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, el hombre que, habiendo obtenido más votos que en los anteriores comicios autonómicos y locales, ha dejado a su formación sin el poder municipal e insular que ostentaba en Gran Canaria. Esta circunstancia, unida a la práctica carencia de implantación de Coalición Canaria en esa isla, pese a los tres consejeros logrados en el Cabildo, sentencia la inevitabilidad de un entendimiento entre ambas formaciones nacionalistas, si no quieren recibir un varapalo en las próximas elecciones generales.

Aunque la escisión está aún caliente; han sido desaforados y excesivos los ataques recíprocos durante la última campaña electoral, y persisten las desconfianzas entre los dirigentes de CC y NC -sobre todo por el desplazamiento de esta fuerza en algunos municipios con los votos coalicioneros-, las circunstancias son propicias para acercar posturas y, con un programa electoral de mínimos, sentar las bases de un reencuentro en las generales como primer paso para un ulterior acuerdo definitivo. No van a faltar los buenos oficios de Antonio Castro y Ana Oramas, ni las presiones de su propia gente sobre un Román con problemas, de modo que todo apunta a unos discretos encuentros a lo largo de las próximas semanas que pudieran dar también paso a la recomposición de algunos ayuntamientos grancanarios.

No es descartable que, como he apuntado en alguna ocasión, si no se alcanzan todos los puntos comunes básicos, se dé paso a una especie de Convergencia y Unio que sentaría en dos alas más o menos centradas las premisas de las relaciones entre estos dos grupos políticos a los que, personalismos aparte, es mucho más lo que les une que lo que les separa. Luego podría llegar la siempre esperada unidad bajo las históricas siglas del PNC, una meta largo tiempo buscada por el nacionalismo constitucionalista y un sector, el más moderado, del independentismo. Unos buenos resultados en las próximas generales seguramente harían avanzar a los nacionalistas en esa dirección de unidad.

Con la calculadora en la mano, si se presentan por separado, CC difícilmente repetirá los dos diputados que hoy tiene, y ninguno lograría Nueva Canarias; por el contrario, un reagrupamiento propiciaría con toda seguridad el doble de representación, sin contar con la eventual atribución a la provincia tinerfeña, por razones de población, de un nuevo diputado, el octavo en disputa, que podría incrementar las expectativas nacionalistas.