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LOS IDUS DE MARZO > POR JORGE BETHENCOURT

En Belén con los pastores

   

Con la prima de riesgo país, el diferencial con el bono alemán, viajando como el Interprise más allá de las fronteras del universo conocido, por encima de los 280 puntos, España se está acercando peligrosamente al borde de una sima económica. Si cada cien puntos equivalen a un sobrecosto de unos diez mil millones de euros al año, la financiación de nuestro modo de vida nos está suponiendo en estos momentos casi treinta mil millones de euros de intereses.
En este contexto de depresión económica, social y política, el acuerdo de gobierno firmado entre socialistas y nacionalistas en Canarias tiene una lectura inmediata: que por ninguna parte se observa una propuesta clara, transparente y determinante para la reducción de la estructura y los costos de la administración pública en Canarias. Ni es una excepción, porque las autonomías en toda España están en la misma onda de no enterarse de la que está cayendo, ni sorprende que los poderes territoriales se sientan ajenos a los problemas de un Estado del que parece que no forman parte. Lo que ocurre es que no sólo son parte del Estado, sino la mayor parte del problema de los gastos del Estado.

Es una clamorosa evidencia que los países europeos que cumplieron con la tarea de apretarse el cinturón, tanto a las administraciones públicas como a los ciudadanos, están en una situación diferente a quienes no lo hicieron. Es mentira que haya una crisis económica general en la eurozona. Alemania, Francia, Finlandia o Dinamarca promovieron severos recortes del gasto público, congelaron los crecimientos salariales, establecieron estrategias de aumento de la productividad y tienen hoy indicadores de crecimiento más que aceptables.

El pacto de estabilidad y crecimiento de la UE, que casi todos los países se pasaron por el arco del triunfo, establecía un límite del 3% del PIB para déficit público (la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta el Estado) y un límite del 60% del PIB para la deuda. Lo que se plantea ahora con el nuevo pacto del euro, que la gente del movimiento del 15-M rechaza por las calles de nuestro país, es regresar a esas fronteras e imponer la responsabilidad en el gasto a los países que se encuentran en peor situación. ¿Con qué legitimidad? Pues con la que otorga que los países que van a prestar dinero a otros países sólo están dispuestos a hacerlo si estos últimos les ofrecen ciertas garantías de que van a devolverlos.

Con un déficit del 9% del PIB en el año 2010, a España sólo le queda aceptar que tiene que gastar menos dinero del que recauda y no al revés. Y que, si quiere pedir dinero prestado para mantener prestaciones elementales de un Estado de bienestar, debe ofrecer garantías de que va a devolverlo. Seguir discutiendo estas evidencias a estas alturas demuestra la insensatez en la que está instalado nuestro discurso político. Hay que olvidarse, más pronto que tarde, del proceso de convergencia, de nuestros sueños de que íbamos a ser una de las economías más importantes de Europa, y aceptar que la renta per cápita del país ha caído por debajo de la media europea (a cifras del año 2004) y que nuestra productividad como país sigue descendiendo puestos en las listas como, por otra parte, era de esperar en quien no ha reajustado su mercado laboral ni ha incorporado a su sistema productivo políticas de investigación y desarrollo.

El pacto de Gobierno entre CC-PSOE en Canarias determina que el escenario económico del Archipiélago se enmarca en las graves dificultades de la economía española e internacional. Es verdad, pero sólo a medias. También tenemos nuestra propia crisis estructural que nada tiene que ver con los problemas de otros. Dar por sentado, como se da, que el turismo (el sector responsable del 27,4% de nuestro PIB y de más de 265.000 puestos de trabajo directos e indirectos) “ha demostrado”, en el año 2011, que es “competitivo y con potencial de crecimiento” suena a un sarcasmo peligroso. Porque ignora que los conflictos en Túnez y Egipto nos han beneficiado coyunturalmente. Y porque además lo asegura una administración que a través de tres moratorias congeló el crecimiento de ese sector tan potencialmente poderoso.

Pero sin entrar en otras discusiones, lo más preocupante es que además de un catálogo de buenas intenciones (formuladas a través de la etérea semántica del impulsar, promover, desarrollar y estimular) y de la apelación a la realización de planes y estrategias (todos vinculados a una disposición de fondos de los que no se determina la cuantía) no aparece claramente expresada la política de reformas de una administración cuyo costo, dimensión y funciones parece insostenible.
Se habla, en términos genéricos, de una de una nueva ley (otra) de las administraciones públicas que ponga orden en la carajera de competencias cruzadas, duplicadas o enfrentadas de los tres niveles de lo público en Canarias (cuatro, si contamos a la Administración central). Y se despacha en apenas unas líneas que las políticas de restricción del gasto y los programas de austeridad se van a afrontar mancomunando o atribuyendo competencias, con medidas de eficiencia y de carácter organizativo (algunas, como la implantación de medidas de evaluación en el trabajador público, bastante acertadas, dicho sea de paso). Es decir, se escurre el bulto de la aplastante realidad de que con menos ingresos no sólo hay que plantearse menos gastos, sino de dónde se puede recortar especialmente cuando en el resto de las políticas propuestas todo lo que se plantea supone un mayor compromiso de gasto. La cuadratura de un círculo perfecto.

No se trata de hablar del pasado ni de unas administraciones autonómicas que han creado en los últimos años de la crisis más de 300.000 puestos de trabajo públicos (mientras en el mercado privado se destruían dos millones de empleos). Ni de que estas mismas autonomías, entre el año 2007 y 2011, se sacaron de la gorra unos 228 entes o empresas públicas más, a razón de una por semana. Ni de un mercado laboral que en menos de una década ha subido sus costos un 30% en comparación con el alemán. Ni de recordar que Grecia ha tenido que implantar, porque a la fuerza ahorcan, durísimas medidas de ajuste que, entre otras cosas, ha reducido sus ayuntamientos de 1.034 a sólo 355 (Dinamarca, por ejemplo, lo hizo en el 2007 pasando de 271 a 98, y Suecia, en un proceso gradual, de casi veinticinco años, los redujo de 2.281 a 278). No se trata de eso, pero sí. Porque es menester padecer una aguda ceguera para no darse cuenta de que por todo el mundo se están adoptando medidas extraordinarias, medidas excepcionales que permitan a los países mantener a duras penas sus gastos sociales (los elementos como educación, asistencia sanitaria, pensiones y prestaciones sociales) en un escenario de congelación de los consumos, de caída de las producciones y de pérdida de ingresos públicos.

Los firmantes del pacto de gobierno en Canarias han sobrevolado graciosamente sobre este paisaje, tal vez porque, de entrar a considerarlo en toda su cruda realidad, en vez de un catálogo genérico de buenas voluntades políticas (que no se les pueden negar) habrían tenido que asumir otro documento muy distinto, mucho más concreto y electoralmente costoso. Pero no afrontar la realidad no significa que no exista. Somos una parte de un problema general. La Administración central ha dado algunas muestras, en el último año, de que ha comprendido lo cerca que estamos de un crack económico de la hacienda del Estado. Y en las autonomías están esperando que sea Madrid la que se parta la cara con las reformas más dolorosas, sin necesidad de asumir ellas los costos de la impopularidad de la gestión de la crisis. Es el único principio político que todos comparten en España, cualquiera que sea su ideología, que en el reino de las apariencias sean otros los que se lleven las bofetadas.

Pero de los excesos del poder territorial en España y de la factura que vamos a pagar todos durante muchos años, no se van a poder esconder fácilmente. La dura realidad es que cada día ingresamos menos dinero en las arcas públicas y que subir los impuestos sólo servirá para que la economía entre en una nueva glaciación. El problema de las administraciones públicas no sólo es de eficacia, sino de volumen y de costos. Y tarde o temprano, quieran o no quieran, tendrán que enfrentar la terrible realidad.

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