X
INMIGRACIÓN >

España protege más y mejor a las víctimas extranjeras desde hoy

   

TINERFE FUMERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los menores de edad no acompañados, las víctimas de la violencia de género y las de la trata de blancas son los principales beneficiarios de las novedades incluidas en el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, que entra hoy en vigor en España tras un considerable retraso de más de un año. En general, mayor seguridad jurídica y agilidad en los trámites, así como una reorientación hacia la integración de los foráneos son las consecuencias que, a juicio de los expertos, devendrán de la aplicación de la esperada normativa.

Así lo sostiene el actual responsable del Área Funcional de Trabajo e Inmigración provincial (antes oficina de Extranjería), Agustín Herrera, para quien el nuevo reglamento recoge en cierto modo “una serie de directrices que han ido emanando durante estos años desde las administraciones y que ahora están perfectamente agrupadas y regladas”. Para Herrera “la seguridad jurídica que ofrece el texto, tanto desde la perspectiva del extranjero como la del funcionario, debe ser destacada”.

Con más de tres años de experiencia en el cargo, este especialista canario considera que el nuevo reglamento “adapta a los nuevos tiempos un área de la administración que ha recibido un gran impulso desde 2004 y que ahora llega a la incorporación, con esta norma, de aspectos esenciales como la aplicación de la administración electrónica o una coordinación imprescindible entre las distintas administraciones implicadas, que no son pocas. Se puede decir que empezamos eliminando aquellas interminables colas con la cita previa, para llegar hoy a una consulta directa con, por ejemplo, el Registro Civil para una partida de nacimiento o un certificado de matrimonio”.

Víctimas

El tema de la ampliación y mejora de la protección a víctimas extranjeras es clave para Herrera. “Se ha tratado de regular asuntos como el de los menores no acompañados, tan importante para Canarias, ya sea para su repatriación en circunstancias debidas o, en su caso, la posibilidad de regularización de su situación a la hora de cumplir la mayoría de edad si se dan las condiciones para ello”.

Por lo que respecta a las víctimas de la violencia de género o de la trata de blancas, se trata de proteger su situación si se dan igualmente “determinadas condiciones de colaboración con la Justicia, y que en caso de que la autoridad judicial refrende su condición como tales mediante sentencia, se les pueda otorgar una tarjeta de residencia con validez para cinco años. En resumen, si colaboran se les protege provisionalmente durante el proceso y, ya con sentencia, pueden residir en territorio nacional durante un lustro”.

Al respecto del arraigo familiar, que supone que los progenitores foráneos de menores de edad españoles puedan adquirir la nacionalidad, Herrera descartó que pueda tener gran incidencia. “Hay que tener en cuenta que lo habitual es que los países les otorguen la nacionalidad de sus padres aunque hayan nacido aquí”, detalla el cargo público, “por lo que más bien tendrá escasa incidencia”. De ello da fe el hecho de que, en realidad, “esta posibilidad ya se recogía en nuestro ordenamiento jurídico dentro del capítulo reservado a medidas excepcionales, y en los más de tres años que llevo en el sector apenas hemos tramitado una veintena de casos”.

La integración

Para Agustín Herrera, “el nuevo reglamento es fruto de un amplio consenso lo que, en parte, ha motivado el retraso de su puesta en vigor. Ya ocurrió con la ley, pero el resultado es un consenso que resulta beneficioso para todos”.
Herrera entiende que “las nuevas normas sobre Extranjería obedecen a un cambio sustancial, ya que si antes primaban los aspectos relacionados con la acogida de los inmigrantes, ahora lo que realmente nos ocupa es su integración”.
Por último y cuestionado sobre la novedad de que comunidades autónomas y ayuntamientos realicen a partir de ahora informes relacionados precisamente sobre el nivel de integración, Herrera detalló que “lo normal es que en Canarias se hagan cargo las entidades locales, pero ya se verá”.