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POR JAIME RODRÍGUEZ-ARANA >

Exministro, en el banquillo

   

En Islandia, la existencia de un tribunal especial para procesos judiciales contra miembros del gobierno, compuesto por cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de tribunal de primera instancia, un catedrático de Derecho Constitucional y cinco ciudadanos, ha saltado a la primera plana de numerosos medios de comunicación.

En efecto, el exprimer ministro islandés Haarde, conservador para más señas, deberá sentarse en el banquillo para responder, ante ese tribunal, de la acusación de grave negligencia en la gestión de la crisis económica que provocó, en octubre de 2008, el colapso bancario islandés, que dio la vuelta al mundo.

El tribunal, denominado landsdómur, todavía no había actuado en sus sesenta y siete años de vida. Ahora, tras la autorización, por 33 votos frente a 30, del poder legislativo islandés, el fiscal solicita una condena para el exprimer ministro Haarde por violar la ley sobre responsabilidad de los ministros al desoír las advertencias que recibió sobre una inminente crisis financiera de los principales bancos. El banco nacional informó al jefe de Gobierno de la proximidad de una crisis financiera de colosales dimensiones para el país. Por si fuera poco, el fiscal acusa al exprimer ministro de no tomar medidas concretas para que los bancos vendieran sus activos disminuyendo los riesgos.

Para muchos ciudadanos, no hay más que entrar en los comentarios de Facebook o de Twitter en estos días. Se trata de una esperanzadora noticia. Por fin, el cómodo y pétreo manto de la responsabilidad política, que se ha blindado hasta el paroxismo, por ejemplo en España, es puesto en cuestión cuando se trata de enjuiciar acciones u omisiones de gobierno que causan perjuicios y lesiones sin cuento a los derechos de los ciudadanos.

La reacción popular a esta noticia representa, insisto, una bocanada de aire fresco y se enmarca, a mi juicio, en el malestar que reina entre mucha gente, especialmente entre los jóvenes, acerca de la desnaturalización del sistema democrático. Un régimen político que en muchos países no es más que un procedimiento o una metodología que la tecnoestructura dominante utiliza, de una u otra manera, para dictar sus deseos.

De esta manera, en lugar del gobierno del pueblo, para y por el pueblo, la democracia se acaba convirtiendo en el gobierno de unas minorías que, a través de las más sofisticadas técnicas de control y manipulación, alcanzan la cúpula con el objetivo de vivir y perpetuarse disfrutando del mando sobre los demás. Por eso, que la omnipotente capa de impunidad en que se ha convertido la responsabilidad política empiece a quebrarse es, desde luego, una gran noticia. Cosa distinta será si, en efecto, resulta probada la negligencia grave del entonces primer ministro en el manejo de la crisis.

Ciertamente, puede discutirse, sólo faltaría, sobre la existencia de un tribunal especial para estos casos. Sin embargo, la existencia de una fórmula de control judicial en la que participen jueces, expertos y ciudadanos me parece de un equilibrio encomiable y de un talante democrático evidente. Los políticos, sobre todo los que presiden órganos colegiados, tienen, sólo faltaría, responsabilidad profesional. No puede ser, como lamentablemente acontece entre nosotros, que los políticos, como si fueran una casta especial, blindada y privilegiada, escapen a las más elementales reglas de la responsabilidad profesional. ¿Es o no una profesión el desempeño de tareas de dirección o rectoría en la cosa pública? Si concluimos, como parece razonable, que mientras se realizan tales actividades se trabaja profesionalmente, entonces la elusión de estas reglas es una injustificable prerrogativa, incompatible con la esencia misma del poder público en la democracia.

En ocasiones, los gobernantes, especialmente los que están al frente de instituciones públicas, toman decisiones o se abstienen de ellas lesionando derechos de los ciudadanos. En esos casos, máxime cuando hay avisos o informes solventes que aconsejan actuar en un cierto sentido, la responsabilidad discurre más allá de las aguas de la política. En estos supuestos hay conocimiento, o debe haberlo, dado el prestigio de los órganos asesores o consultivos, de las consecuencias que pueden derivarse de actuar en uno u otro sentido. Por eso, en el caso del juicio al exprimer ministro islandés, que veremos a ver en que queda, la clave del proceso estará en demostrar la existencia de negligencia grave en su actuación en ese periodo de tiempo en que se gestó el colapso bancario con las consecuencias de todos conocidas.

La naturaleza del tribunal encargado de juzgar a los miembros del gobierno en temas de responsabilidad, entre forense, académica y ciudadana, se nos antoja adecuada y profundamente razonable. Por una parte, que trabajen colegiadamente en estos procesos jueces, un catedrático y ciudadanos, quince en total, permite que las argumentaciones procesales se completen con el rigor del experto en Derecho Constitucional y con la conciencia cívica representada por la ciudadanía. Si, como los profesores de derecho recordamos por activa, pasiva y perifrástica, en la democracia el poder es del pueblo: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, quienes por mandato de la ciudadanía lo gestionan temporalmente, es lógico que permanentemente respondan de la encomienda realizada. Y cuando haya sospechas razonables de que el encargo recibido del pueblo se ha desbaratado o mal empleado, entonces procede la revisión en un proceso acerca de cómo la autoridad ha ejercido esa responsabilidad confiada.

Afortunadamente, los dirigentes públicos, se llamen presidentes del gobierno o cómo se denominen, no son los dueños y señores de la cosa pública. No pueden, de ninguna manera, gobernar en función de sus exclusivos intereses de poder y mando. Si así lo hacen, que sepan que tendrán que responder. Pero no antes tribunales por ellos diseñados, y hasta confeccionados ad hoc: ante tribunales de justicia, ante órganos colegiados compuestos, como en Islandia, por entendidos en Derecho y ciudadanos dispuestos a que nadie esté por encima de la ley. Porque en democracia los que más mandan deben saber que deben ser los principales servidores del pueblo. Y cuando lastimen, agravien o lesionen los derechos de los ciudadanos, que respondan. Políticamente, por supuesto. Y además, para paliar esa responsabilidad profesional, en el orden judicial que corresponda. En Islandia, esa pequeña y perdida isla allende los mares, probablemente sin ser muy conscientes de lo que está aconteciendo, acaba de abrirse una pequeña grieta en ese gran manto protector en que se ha convertido, en muchos regímenes democráticos, la responsabilidad política. Efectivamente, las decisiones y omisiones de los dirigentes ya no estarán recubiertas única y exclusivamente por la responsabilidad política. Al menos, en los países en los que parece existir separación de poderes. Donde tal principio es una quimera, será muy difícil. Sin embargo, los grandes cambios comienzan poco a poco. He aquí un botón de muestra.

Catedrático de Derecho Administrativo
jra@udc.es