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Güímar indulta tres urbanizaciones cuyo plan parcial sigue en los tribunales y da vía libre a una vía por el barranco

   

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento tinerfeño de Güímar junto con la Junta de Compensación del Plan Parcial ‘Playa de Las Palmeras’ un convenio urbanístico de gestión por el que, entre otras medidas, la corporación que preside el socialista Rafael Yanes se compromete a conceder las cédulas de habitabilidad de tres urbanizaciones, así como a prolongar un viario por un barranco catalogado por el Consejo Insular de Aguas en una zona cuyos planes parciales y proyecto de ejecución se encuentra en litigio en los tribunales desde 2008.

El Boletín Oficial de Canarias así lo ha recogido este lunes señalando además que desde este martes el acuerdo se encuentra en exposición pública y que si en un plazo de 30 días no se ha presentado ninguna alegación al acuerdo este será aprobado de forma inmediata.

El acuerdo rubricado por el alcalde Rafael Yánez y el representante de la Junta de Compensación José Luis Luengo recoge los antecedentes que han llevado a las continuas modificaciones y cambios del plan parcial desde 1986 en donde se aprobaron las normas subsidiarias del Plan Parcial de Las Palmeras, en la zona conocida como el Puertito de Güímar.

La corporación y dentro de los compromisos adelanta que tras su aprobación se tardará un máximo de un mes para la firma del convenio del remate de las obras y, además se compromete “al otorgamiento de las licencias de ocupación y cédulas de habitabilidad pendientes de obtención respecto a los edificios Residencial Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa así como la recepción parcial de las obras -que más de tres años después de haberse concluido los trabajos y estar ocupadas- no habían sido entregadas a la corporación.

Ahora, además de incluir un acuerdo para la construcción de un depósito de aguas para abastecer no sólo a las viviendas “sino las necesidades del núcleo de población de todo el Puertito que tendrá capacidad para 4.416metros cúbicos de aguas y para el que el promotor deberá abonar 750.720 euros como “pago para costear el depósito de agua para el abastecimiento de la población del núcleo del Puertito”.

La ley como instrumento de modificación de barrancos

El Ayuntamiento -en el artículo décimo de los antecedentes del acuerdo- “ha llegado a la convicción de que no procede, la ejecución por parte de la Junta, del viario de circunvalación del sector por su parte sur, pues conduce a una pieza de suelo no categorizada (..)ahora como suelo rústico de protección territorial en el Plan General y tener que cruzar un Barranco catalogado por el Consejo insular. Por ello hasta que sea debidamente eliminado por medios del instrumento de ordenación adecuado a iniciativa municipal, el agente urbanizador deposita un aval bancario” de 50.000 euros por 3 años en el que el ayuntamiento se compromete a “la formulación, tramitación y aprobación” del instrumento de planeamiento.

Asimismo, la Junta de Compensación abonará el dinero para la construcción del depósito de agua, ajardinar la zona del barranco –incluida como zona verde y de esparcimiento de la urbanización– así como abonar el 50 por ciento de los gastos de una depuradora de agua y la cesión del suelo para una calle y la mencionada depuradora. Además del dinero en depósito para hacer una carretera sobre un barranco se mantiene un aval de 132.633 euros para garantizar las obras de urbanización que deberá acabar la promotora.

La Fiscalía Anticorrupción lleva el caso desde 2008 a propósito de la construcción en este espacio unas 1.474 viviendas si bien en su planeamiento inicial se aprobaban 800 casas. Asimismo, y en cuanto a los espacios libres para los que se preveía dejar 51.374 metros cuadrados han sido desplazados al litoral, así como a la zona del barranco a pesar de ser un espacio protegido por el Consejo Insular de Aguas.