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EL DARDO > POR LEOPOLDO FERNÁNDEZ

Investigación obligada

   

Las supuestas filtraciones, que se hicieron llegar a algunos opositores, de una treintena de preguntas del examen para celador del Servicio Canario de Salud (SCS), celebrado el domingo en las capitales insulares canarias, han levantado sospechas que deberían ser despejadas cuanto antes por las autoridades de la comunidad autónoma.

No basta con la justificación de los dirigentes de la Consejería de Sanidad, que convocó el concurso oposición en junio de 2010; lo normal sería ordenar una investigación a fondo para depurar eventuales responsabilidades. ¿Acaso no bastan las más de medio millar de alegaciones presentadas por otros tantos opositores, de los casi 23.161 que acudieron a la convocatoria para cubrir 413 plazas? Ante la magnitud del escándalo, se precisa bastante más que la divulgación de una nota oficial en la que se aclara que las bases, modalidad de convocatoria y designación de los miembros de los tribunales del concurso oposición se ha desarrollado conforme e la legalidad vigente y que el test para el examen fue elaborado mediante sorteo ante fedatario público entre las 900 preguntas remitidas por los tribunales de las respectivas gerencias y direcciones generales hospitalarias de las Islas. Los examinandos, muchos de ellos desplazados desde la Península, merecen el respeto de las instituciones oficiales por el esfuerzo de preparación que han realizado y por el derecho que les asiste a un examen objetivo e imparcial basado en preguntas mantenidas en secreto y custodiadas en sobre lacrado hasta el momento mismo de la prueba.

Si alguien rompió la cadena de confianza establecida, debe pagar por ello, en el caso de que pueda demostrarse su culpabilidad. Y si otro alguien preparó deficientemente ocho o diez preguntas del examen, limitándose a copiar de los cuestionarios de dos firmas preparadoras de exámenes, también debe sufrir las consecuencias de su negligencia. Sin aportar pruebas concretas, un grupo de opositores acusa a los sindicatos del SCS de la autoría de las filtraciones para facilitar el acceso a las plazas de celador a 24 funcionarios interinos, sustitutos y eventuales. Los sindicatos rechazan estas acusaciones, al tiempo que se oponen a la repetición de los exámenes, e invitan a los disconformes a que denuncien el caso ante la Justicia. Así las cosas, lo más urgente es aclarar el origen de la posible filtración y dar curso, ante las instancias que proceda, a las reclamaciones presentadas, por si fuera conveniente repetir los exámenes, pasando el tanto de culpa a la autoridad judicial correspondiente, ya que la filtración de un examen está tipificada como delito en el Código Penal.