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La hora de los ayuntamientos

   
Sesión constitutiva Ayuntamiento Santa Cruz TF

Sesión constitutiva del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el sábado. / SERGIO MÉNDEZ

DOMINGO NEGRÍN MORENO | SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Ayuntamiento es la Administración más próxima a la ciudadanía, pero sus atribuciones se pierden a veces en la maraña burocrática. Definir las competencias constituye el primer paso para delimitar el ámbito de actuación de cada institución y agilizar la prestación de servicios.

Al inicio del mandato surgido de las elecciones del 22 de mayo, representantes de los tres grandes partidos de Canarias contribuyen al debate.

El secretario general del PP en las Islas, Manuel Fernández, destaca que las políticas del territorio y las urbanísticas están mediatizadas tanto por los cabildos como por el Gobierno autonómico de turno. “No hay políticas claras, que deben corresponder exclusivamente a los ayuntamientos”, opina. Para ello, “es necesaria una revisión de los planes insulares de ordenación, de manera que no invada las competencias que han tenido siempre los ayuntamientos”.

Fernández cree que los servicios sociales y las actividades deportivas deberían ser gestiones exclusivas de los ayuntamientos, “a excepción de las grandes políticas de ayuda complementaria por parte de los cabildos y del Ejecutivo de Canarias”.

El secretario de Organización de CC, José Luis Perestelo, avisa de que, mientras no se resuelva la cuestión de las competencias, “estaremos en una situación de incertidumbre, de conflictos y perdemos economía productiva”. A su entender, los procesos administrativos han de ser transparentes, diligentes y eficaces. “No se puede permanecer en la confusión permanente. Los ciudadanos están en su derecho de saber a qué Administración le corresponde resolver determinados problemas”.

El presidente de la gestora del PSOE de Tenerife, Aurelio Abreu, apunta que, al asumir competencias no propias, los ayuntamientos se han endeudado hasta las cejas. “No conozco a ningún concejal, alcalde o alcaldesa que le diga a un vecino que tal asunto no es competencia suya y que no puede echarle una mano”, dice.

El exalcalde de Buenavista -lo fue durante veintiséis años- y consejero electo en el Cabildo pone de manifiesto que “las transferencias y la delegación de competencias de la Administración general del Estado a la Comunidad Autónoma y de esta a los cabildos no se ha visto reflejada desde los cabildos a los ayuntamientos y de la propia Comunidad Autónoma”. Además, explica, “se le han atribuido responsabilidades a los ayuntamientos sin la financiación adecuada, sin los recursos económicos para atender servicios”. Incluso, añade Abreu, “hay ayuntamientos que han asumido competencias, por ejemplo, en materia de incendios y están obligados a pagar al consorcio de bomberos de Tenerife”.

Fernández constata que la “duplicidad o triplicidad” de competencias es muy grave. “En ocasiones, los ayuntamientos quieren resolver cosas y los cabildos interfieren hasta en las fiestas, lo cual resta capacidad organizativa. A cambio de subvenciones, los cabildos se meten en competencias exclusivas de los ayuntamientos”.

Perestelo resalta que una asignatura pendiente de la democracia, junto a la ley electoral, es el marco competencial. “No sobran instituciones, sino que falta definición para que los recursos públicos, que son de todos y no solo del Gobierno, estén distribuidos ecuánimemente. Por tanto, se acabarían los conflictos”.

En función de las competencias, expone el dirigente de CC, “habrá un gran acuerdo de financiación para todos y ahí ganaríamos algo fundamental: ahorraríamos en conflictividad entre las administraciones, aclararíamos mucho el panorama y evitaríamos las dobles competencias”.

La deuda municipal se produce, argumenta José Luis Perestelo, porque “los ayuntamientos se comprometen en servicios que no les corresponden por competencia y carecen de la financiación adecuada”. En consecuencia, señala, “necesitamos un pacto para reconvertir la deuda partiendo de ese convencimiento”.

Abreu reclama una ley canaria de financiación de las corporaciones locales que vincule la financiación a las competencias.

Como mejor se arregla la deuda, asevera Manuel Fernández, es ahorrando y disminuyendo gastos. “Hay que apretarse el cinturón por lo menos durante un periodo de tiempo en el que los ayuntamientos prioricen los servicios esenciales”.

Revisión

Las transferencias están hechas, resume el número dos del PP regional. “Lo que hace falta es una revisión. Aunque las competencias se especifiquen muy claramente, luego se hacen leyes complementarias que se superponen a esas decisiones previas y otra vez reina la confusión”.

En este último aspecto incide Aurelio Abreu. “Esa selva de leyes que nos hemos dado en Canarias desde el Parlamento ha propiciado un retraso importante en el desarrollo económico”. En este caso, se refiere concretamente a los planes de ordenación urbana. “De 88 municipios solo 13 o 14 han adaptado el plan general a la ordenación del territorio. Una vez que se apruebe el plan general con el visto bueno del Gobierno de Canarias y del Cabildo, la competencia debería residir en los ayuntamientos”.

Aunque admiten que casi noventa corporaciones locales en Canarias son palabras mayores, ninguno de los tres se atreve a proponer una reducción en el horizonte inmediato. Eso sí, abogan por las mancomunidades.