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EN LA FRONTERA > POR JAIME RODRÍGUEZ-ARANA

La reforma del sector público

   

La negligencia, impericia e incompetencia en la dirección de la actividad económica pública nos han conducido, a través de los últimos años, a una situación lamentable. A una situación que no se merecen los españoles. A una situación que merece, eso sí, que quienes toman las decisiones en esta materia deban responder no sólo políticamente de todo un repertorio de errores, sea por acción sea por omisión, que han llevado a dilapidar el esfuerzo colectivo y personal de tantos millones de ciudadanos.

Por lo pronto, debe reconocerse, sin paliativos, que la aguda crisis que padecemos se debe, pura y simplemente, a que se ha gastado más, mucho más, de lo que se disponía. Algo que a niveles familiar o empresarial constituye una grave irresponsabilidad que, tarde temprano, da al traste con la economía familiar o con los negocios empresariales. No es posible que no pase nada a quien gasta y gasta sin parar y sin reparar en si hay ingresos en la caja.

En España, duele decirlo pero es así: se ha actuado con una profunda irresponsabilidad pensando que los fondos públicos eran ilimitados y que, en cualquier caso, el que venga detrás que arree, como reza el dicho popular. Al final, se gasto tanto sin soporte real que la realidad, que es terca, se ha hecho presente, y de qué manera. Lo más grave es que en lugar de reducir el gasto público, eliminando organismos duplicados o triplicados y reestructurando inteligentemente el sector público, se ha preferido cargar la factura de la crisis a los ciudadanos en forma de subidas de impuestas, reducción de sueldos públicos y congelación regresiva de las pensiones. Algo insólito en un gobierno que se llama socialista, algo inaceptable en un sistema democrático y algo impropio de quien dice defender el Estado del bienestar.

En este contexto, la reforma del sector público es una tarea perentoria. Mejor cuanto antes, y mejor con el concurso de todos, partidos y colectivos sociales afectados. Se trata de una reforma a fondo del modelo de Administración pública, racionalizando el modelo autonómico y actualizándolo para que preste mejores servicios a los intereses públicos propios. Además, junto a reformas en materia de personal y de estructuras, que son obvias, es menester reformar el sistema de subvenciones, principal fuente de despilfarro y dilapidación de dinero público en este tiempo.

Pues bien, en fechas recientes, el Ministerio de Economía y Hacienda, con toda intención, daba a conocer a los medios de comunicación los datos del inventario de entes integrantes del sector público en la actualidad: 473 pertenecientes al Estado y 2.181 a las comunidades autónomas. Es decir, treinta y dos años después de la aprobación de la Constitución de 1978, el sector público autonómico es cuatro veces más grande que el sector público estatal.

Hace unos años, en 1992, tuve ocasión de estudiar, desde el punto de vista del derecho administrativo, el sector público de la comunidad gallega y ya entonces llamé la atención acerca de la necesidad de ajustar su estructura y elementos a la realidad. Hoy, casi veinte años después, la realidad es que todas las comunidades autónomas han incrementado desproporcionadamente su sector público. Las causas de tal galopante crecimiento son variadas y van desde el intervencionismo hasta el clientelismo, pasando por la famosa huida del derecho administrativo. En realidad, las comunidades autónomas, que se han organizado al modo estatal, también decidieron incrementar exponencialmente, aunque fueran presididas por partidos liberales o conservadores, su presencia en la vida económica y social de sus territorios.

Hoy, con una crisis insufrible a las espaldas, el montaje se torna insoportable y es menester proceder a su inteligente reestructuración. Claro, no se puede proceder de manera uniforme y homogénea, como tantas veces se ha operado en esta materia. Hay que estudiar caso por caso; hay que hacer un ajuste fino que no ponga en riesgo las peculiaridades y singularidades de cada comunidad autónoma.

Desde luego, por expresar una frase coloquial, el horno no está para bollos. Estamos sufriendo las consecuencias de una forma de gobernar en la que lo relevante era la ocupación social, la toma ideológica de la ciudadanía, directa o indirectamente, a través de puntuales alianzas con la tecnoestructura económica o mediática. Ahora las medidas drásticas son imprescindibles, salvo que nuestros gobernantes acepten que España siga los derroteros de Grecia. El problema es que no parece que se esté en condiciones de tomar las decisiones que la situación requiere. Una situación que debiera ser explicada lealmente a la ciudadanía, a quien debiera convocarse para que avalara con su consentimiento, o no, el curso de unas reformas que, o comienzan por el necesario adelgazamiento del sector público, o no serán creíbles.

La crisis no es sólo de orden económico y financiero. Sus raíces están en los fundamentos del orden jurídico, económico, social y político sobre el que hemos asentado nuestras instituciones y nuestra forma de gobierno. El Estado de derecho dio paso al Estado de los partidos y ahora es menester que volvamos al primado del derecho. En este sentido, la política con mayúsculas debiera liberarse de algunos políticos: aquellos que sólo piensan en el hoy y el ahora, como mucho en el mañana, y que tanto daño causan a las condiciones de vida del pueblo.

Hay que democratizar de verdad la democracia y convocar a la ciudadanía a que de verdad tome conciencia de algo evidente: el poder es de la soberanía popular, no de los dirigentes de la tecnoestructura. Al menos para que se termine esa forma autoritaria de gobernar que se ha impuesto en estos tiempos, para que finalice la manipulación de la vida social, para que las personas ocupen el papel central en el sistema. Éste es el sentido de la creciente indignación, que irá en aumento si los políticos no empiezan a dar ejemplo de buen gobierno: de austeridad, de racionalidad y, sobre todo, de profunda y radical compromiso con la mejora de las condiciones de vida de la gente.

*Catedrático de Derecho Administrativo
jra@udc.es
La reforma del sector público