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ANÁLISIS > POR LEOPOLDO FERNÁNDEZ

Las igualdades más desiguales y sectarias

   

PP, CiU y PNV han frenado en seco en el Congreso de los Diputados la tramitación por vía de urgencia del proyecto de Ley de Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación, que impulsa el Gobierno socialista, y muy especialmente la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín. Lo más probable es que el proyecto decaiga con la legislatura, ya que no habrá tiempo material para sacarlo adelante tras las vacaciones de verano, o en otro caso sufra drásticas modificaciones. En ambientes parlamentarios circula la especie de que el Ejecutivo pretendía aprobar esta norma sin un debate sereno y reflexivo, deprisa y corriendo, como si tuviera la intención de distraer a la opinión pública con un asunto que ha dado pie a grandes controversias, para evitar así que otras cuestiones de mayor enjundia, como la crisis económica, la negociación colectiva, las protestas de los colectivos del 15-M o las consecuencias de las elecciones locales, centren el interés de la ciudadanía.

Varios constitucionalistas y especialistas en Derecho de familia han coincidido al señalar que este proyecto de ley, además de su carácter intervencionista y sus trasnochados prejuicios ideológicos, produce una inseguridad jurídica asustante e invade aspectos que se refieren a derechos inalienables de la persona y a la libertad personal y de elección y selección -seleccionar es elegir o discriminar- de los ciudadanos. Añaden que carece además de justificación, ya que existe un muy abundante cuerpo jurídico de normas que, como anticipé en abril pasado, dan suficiente cobertura legal a la lucha contra la discriminación, entre otras, la trasposición de Directivas europeas realizada y leyes como la 62/2003 de Medidas fiscales, administrativas y del orden social; la 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad; la 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la 13/2005 modificadora del Código Civil en materia de Derecho a Contraer Matrimonio; la 3/2007 reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas; la 49/2007 que establece el Régimen de Infracciones y Sanciones en materia de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, y la 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y su Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Además, se halla en tramitación la Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Iguales pero distintos

Con todas estas leyes, algunas de ellas de carácter orgánico, se da cumplimiento y desarrollo al artículo 14 de la Constitución, según el cual “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra circunstancia personal o social”. El proyecto socialista añade a esta lista discriminadora la edad, la discapacidad, la identidad u orientación sexual, la enfermedad, la lengua “o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, derechos que en realidad ya contemplan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea de Derechos Humanos, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la UE, cinco Directivas comunitarias, una resolución del Parlamento Europeo, las recomendaciones de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, una Decisión Marco del Consejo Europeo y una nueva Directiva propuesta por España. ¿A qué viene entonces tanto afán por imponer esta ley?

En el fondo, el proyecto revela un entendimiento totalitario de la sociedad, ya que fija una serie de directrices transversales de obligado cumplimiento, a modo de procedimiento inquisitorial, de lo que se entiende como políticamente correcto. La redacción del proyecto define conceptos como discriminación por asociación y por error, discriminación múltiple, acoso discriminatorio, inducción, orden o instrucción de discriminar, represalia y diferencia de trato no discriminatoria. La ley, que será aplicada “en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social”, incluso en las relaciones entre particulares, prohíbe “toda conducta, acto, criterio o práctica” atentatoria contra los amplísimos e incluso contradictorios conceptos de discriminación que contempla la norma en una enloquecida restricción de libertades, tal y como han denunciado en su correspondientes informes el Consejo de Estado y el Poder Judicial. Sin embargo, Leire Pajín opina que con el proyecto de ley se trata de “crear una sociedad que no humille a nadie, que no permita que nadie sea humillado y en la que sentirse seguro y amparado por la ley”.

Ya escribí que “una cosa es que la igualdad inspire positivamente todas las actividades públicas y privadas y otra bien diferente que se impongan normas que lleguen a ensalzar e imponer un feminismo intolerante e ideologizado hasta el esperpento. Los seres humanos somos iguales pero también distintos por naturaleza. Y no es aceptable que se trate de ahormar a todos y cortarlos por el mismo patrón, olvidando la natural diversidad e incluso los derechos constitucionales rectamente entendidos”. Se da el caso de que, contra lo que contempla el artículo 24 de la Constitución sobre la presunción de inocencia, cualquier acusado de discriminar puede quedar en situación de indefensión ya que ha de probar su inocencia antes de que medie y actúe el inquisidor de turno o comisario político, es decir, la llamada Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y no discriminación, un cargo que nombrará el Gobierno entre personas consideradas independientes. ¿Independientes de qué o de quién?

Un progresismo mal entendido

Tengo la impresión de que se trata de imponer a la ciudadanía un conjunto de pautas antidemocráticas en apoyo de una seudoprogresista y trasnochada “ideología de género”. Un abuso intervencionista y arbitrario de los poderes públicos en detrimento de la libertad de los ciudadanos en sus relaciones particulares, familiares o empresariales a todos los cuales, según jurisprudencia constitucional, “no les está vedada la desigualdad de trato”. Lo que sí está prohibido es la discriminación injusta o ilícita y arbitraria, en modo alguno la que, por ejemplo, viene determinada por una elección justificada; es decir, no se pueden prohibir conductas, actos, juicios o discernimientos, como pretende el proyecto de ley, de los que se desprenda distinto trato entre personas privadas. Y es así porque el concepto de “igualdad de trato” no tiene que ver con la verdadera igualdad que pregona la democracia y la inexcusable igualdad ante la ley.

Basado en un feminismo intolerante y en un sectarismo ideológico evidente, el proyecto de ley ataca la educación diferenciada, que no segregada, en el aula -por lo general, los alumnos de uno y otro sexo comparten los espacios comunes durante el recreo y a la hora de comer-, que en España convive con la educación mixta, ésta mucho más extendida, desde tiempo inmemorial. Las estadísticas demuestran que la educación diferenciada por sexos es una práctica exitosa en numerosos países occidentales (al potenciar la mayor destreza lingüísticas de las chicas y la mejor capacidad lógico-matemática de los chicos) y obviamente un derecho de los padres a la hora de elegir el modelo educativo que prefieren para sus hijos. Pues bien, según este proyecto de ley, el Gobierno cortará toda subvención pública a los centros privados o concertados de educación diferenciada, de los que en España existen más de dos centenares, la mitad de ellos concertados, con unos cien mil alumnos.

Este tipo de colegios no se crean por razones políticas o religiosas, sino por motivos estrictamente educativos, de técnica docente y en aplicación de innovadores modelos pedagógicos. Sus mejores resultados se han registrado en Australia y el Reino Unido, desde donde estos centros saltaron a Estados Unidos con los llamados single sex. El presidente Obama se ha convertido en un decidido impulsor de la enseñanza diferenciada por sexos que actualmente se aplica en un millar largo de escuelas públicas norteamericanas, además de en infinidad de colegios privados. Y lo que allí recibe apoyos y subvenciones aquí, por la ceguera intelectual y el sectarismo ideológico de algunos de nuestros dirigentes y apóstoles de una igualdad mal entendida, es vilipendiado y discriminado pese a que se trata de ejercer el derecho a la libertad de enseñanza que reconoce el artículo 27 de la Constitución Española.

Feminismo radical

Este nuevo feminismo militante, radical y antiliberal nada tiene que ver con la legítima defensa de los derechos y libertades de las mujeres y el justo lugar que deben ocupar en la sociedad ya que se confunden los derechos individuales con los colectivos, lo que se ha definido como “pasar de defender la igualdad ante la ley a patrocinar la igualdad mediante la ley; es decir, que las mujeres en conjunto tengan unos resultados idénticos al de los hombres en conjunto, aunque eso suponga cometer numerosas injusticias con hombres y mujeres reales, de carne y hueso”. Pero no importa, aquí de lo que se trata es de aplicar una especie de recetario de igualdad en virtud del cual los españolitos de a pie hemos de seguir los criterios que quiere el Gobierno en cualquiera de nuestras decisiones tanto públicas como privadas, que esa es otra. Porque cualquiera de nuestros familiares o amigos, incluso nuestros hijos, puede denunciarnos si no nos mostramos todo lo igualitarios y no discriminadores a que estamos obligados en ese particular concepto de la igualdad y la discriminación que inspira Leire Pajín y que nos puede costar entre 150 y 500.000 euros de multa. No sonría el confiado lector: la ley llega al absurdo de obligar a los particulares a “colaborar” en plan delación si son conocedores de la existencia de “posibles situaciones de discriminación”… Así que, mucho cuidado con lo que decimos.

Pero al margen de la misma ley, lo que desborda cualquier principio basado en el Derecho y el sentido común, y viene a recordar las peores prácticas de la dictadura franquista, es la pretensión de la ministra de imponer a los medios de comunicación social -prensa, radio y televisión- unas normas, a modo de censura encubierta, sobre cómo deben dar a conocer las noticias, en especial los crímenes, sobre violencia machista, en un afán por recortar la divulgación de estos sucesos, pese a la libertad de expresión y divulgación de información de que constitucionalmente gozamos en el país. Hasta se fija entre 20 y 30 segundos la duración máxima que debería tener en televisión la difusión de un homicidio sexista a fin de reducir “la intensidad del impacto”; también se propone que la información se acompañe de citas que “ayuden” a contextualizar el suceso o de frases concretas contra el machismo y la desigualdad.

Como afirma Román Gubern, prestigioso catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, un paso más en esa dirección y habría que recortar, por los razonamientos invocados en su propuesta, a Shakespeare (¡pobre Desdémona!), a Maupassant, Poe, Dickens, Hemingway, Faulkner y a todo el maravilloso cine negro norteamericano (omito al marqués de Sade, cuyas obras completas han sido rescatadas por Gallimard con todos los honores). O habría que cubrir las venerables representaciones de santas cristianas martirizadas que cuelgan de nuestros museos. De Caravaggio en adelante, la purga resultaría espectacular… Legislar tomando como baremo estándar los grupos de riesgo es, además de contrario a derecho, una arbitrariedad y una solemne estupidez.