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Los ERE se estabilizan después de la vorágine de los dos últimos años

   

Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.) y Cándido Méndez (UGT), durante una visita a Tenerife. | SERGIO MÉNDEZ

DOMINGO NEGRÍN MORENO | SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por UGT-Canarias para catorce trabajadores de su plantilla es una anormalidad sindical que invita a echar una mirada a una figura legal cuya aplicación se ha estabilizado tras dos años “brutales” en cuanto a las tramitaciones y al número de afectados.

“Lo de estos meses de 2011 no es tan alarmante en comparación con la avalancha de 2009 y 2010”, observa el secretario de Empleo de CC.OO.-Canarias, Francisco Pozo.

“Lo de ese periodo fue una especie de tsunami”, pone de manifiesto el secretario general de USO-Canarias, José Ramón Rodríguez. “Fueron años extraordinariamente duros”, recuerda. “La inmensa mayoría del empleo que se perdió fue a través de ERE extintivos”. Ahora, en cambio, “notamos que los ERE están tocando suelo”.

La cantidad de expedientes autorizados en Canarias durante 2010 se incrementó un 43% respecto a 2009, y la cifra de afectados creció un 22%. Se pasó de 247 a 354 y de 3.731 trabajadores a 4.584.

Aun cuando el número de los autorizados aumentó un 30% en el primer trimestre de 2011 en contraste con los mismos meses de 2010, el de trabajadores afectados se incrementó un 2%.

El secretario general de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, destaca el dato de que descendieron las cifras de afectados por ERE de suspensión y que se acrecentaron significativamente los de la reducción de jornada.

“Si realizáramos un análisis estadístico sobre la evolución de los ERE en el conjunto de España”, subraya Alfonso, “vemos cómo la solicitud y autorización de expedientes de regulación de empleo se producen más tardíamente en Canarias”.
Durante 2009 creció en un 70% la cifra de expedientes autorizados. El número de trabajadores afectados con respecto a la anterior anualidad subió en más de un 125%. Esa tendencia al alza está disminuyendo claramente. “Y aunque seguimos, con respecto a los datos nacionales, incrementando el número de expedientes de regulación de empleo, también es cierto que entendemos que esa tendencia es a la baja”, apunta Alonso.

“Estamos aún en un periodo de ajuste de nuestra economía, y más concretamente de nuestras empresas”, constata la patronal. Por eso, “habría que facilitar la puesta en marcha de medidas tendentes al mantenimiento del empleo, como la propuesta en el acuerdo para la mejora de la empleabilidad y la emprendeduría en Canarias, de reducción temporal de jornada, complementadas con horas de formación, como alternativa a los despidos y previendo las reestructuraciones empresariales”.

Desde que comenzó la crisis, “diariamente nos llegan noticias de expedientes de regulación de empleo”, se lee en la revista Unión, que edita UGT para sus afiliados. “Más que de un goteo, podríamos hablar de una auténtica tormenta”.
Mencionar las siglas ERE en una empresa “produce un escalofrío generalizado entre sus trabajadores, y no es para menos”.
Por mucho que haya “empresas acostumbradas a ERE temporales o de reducción de jornada como procedimiento para controlar la producción”, anota la publicación sindical, “en los últimos tiempos estamos presenciando un aumento dramático de la destrucción de empleo”.

Un ERE es “el procedimiento al que tiene que ajustarse un empresario para proceder a un despido colectivo o a una regulación de empleo, a través de la suspensión de contratos con carácter temporal o reduciendo la jornada”. A tal fin, “el empresario debe justificar las causas del despido o la regulación colectiva ante la autoridad laboral, si bien también puede hacerlo la representación de los trabajadores si ven en peligro la actividad de la empresa”. Puede alegar “causas económicas, técnicas, organizativas o de producción e incluso razones de fuerza mayor”.

Una vez que la autoridad laboral comprueba que se cumplen los requisitos, tras un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, las partes “han de negociar y tratar de atenuar las derivaciones del ERE, así como asegurar la viabilidad del proyecto empresarial”.

El objetivo es “alcanzar un acuerdo con el que se valide el expediente y se consigan garantías para los trabajadores”.
El pacto requiere del apoyo de la mayoría de los representantes de los trabajadores. Pero la decisión definitiva es de la autoridad laboral.

Indemnización

A los trabajadores a quienes se les va a extinguir el contrato les asiste el derecho a una indemnización mínima de 20 días de salario por año, con un máximo de 12 mensualidades.

Para proteger a los trabajadores con 55 o más años, la empresa está obligada a suscribir un convenio con la Seguridad Social, de manera que continúan cotizando a la Seguridad Social hasta su jubilación.

No todo el monte es orégano. Los sindicatos -al menos, los mayoritarios- se llevan un pellizco de la tramitación de los ERE. La organización cobra a cada trabajador entre un 10% y un 15% de la indemnización por encima de los veinte días por año. Eso supone entre 100 y 400 euros.

“Para gestionar los Expedientes de Regulación de Empleo, UGT ha llegado a tener en nómina a tiempo completo a 316 abogados y 55 graduados sociales”, tal como ha recogido el diario Expansión. “Y 400 trabajaban en Comisiones Obreras en 2010”.

[apunte] Hay 177 convenios pendientes de renovación

D.N.M. | Santa Cruz de Tenerife

En Canarias hay actualmente más de 170.000 trabajadores cuyos convenios han caducado. Son 177 vencidos en 2009-2010 y que a fecha de hoy no se han renovado.

A la vista de ello, los sindicatos consideraban necesaria una reforma de la negociación colectiva para reactivar todos estos convenios. Pero no se esperaban este proceso tan “brutal”. Se ha favorecido, destaca Comisiones Obreras, la petición de la patronal de que el convenio de empresa prevalezca sobre los sectoriales, provinciales, autonómicos o nacionales. “Incluso puede ser en peores condiciones que los de ámbito superior”, resalta el dirigente Francisco Pozo. “Los convenios de referencia eran la base, una garantía para los trabajadores y aquellas empresas que no querían negociar tenían una tabla a la que agarrarse. A partir de ahora, habrá una competencia desleal entre empresas que concurran a una misma actividad. Por ejemplo, una que ofrezca mejores condiciones a sus empleados estará en desventaja con respecto a otra con una mayor precariedad. Y esa no es la solución para arreglar el problema del paro”.

Desde USO, José Ramón Rodríguez interpreta que “se ha dado una vuelta de tuerca más en lo que es la liberalización del mercado de trabajo y, sobre todo, se ha abierto una espita extremadamente nociva para los derechos laborales”. Es, en su opinión, “un regalo del Gobierno para que en las pequeñas y medianas empresas, que son abrumadoramente mayoritarias en España y donde el poder sindical está muy debilitado, se sigan destruyendo, con todo el amparo de la ley, los derechos conseguidos en los convenios marco”.

A juicio de CEOE-Tenerife, la reforma de la negociación colectiva, convalidada el miércoles por el Congreso, es “insatisfactoria y no resuelve los problemas de nuestro mercado laboral”. En palabras de Pedro Alfonso, “no incorpora la flexibilidad necesaria para que el mercado laboral pueda adaptarse de forma más rápida a los cambios organizativos, productivos o económicos”. Eso sí, puntualiza el secretario general, “sin perjuicio de estar sujeta a la tutela de la mediación, arbitraje o judicial, y evitar así acudir a la vía más rápida y por tanto más utilizada en nuestro país que es el despido”.

Aunque la CEOE celebra la “ampliación de las materias o el alcance de los convenios de empresa”, critica que no se facilite su negociación “sin la autorización expresa del convenio de ámbito superior”.[/apunte]