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Los nacionalistas obligan al PSC a olvidarse de la oficina antifraude

   

BEGOÑA AMEZUA | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Coalición Canaria (CC) ha logrado que el PSC haya cedido para olvidarse de una de sus principales promesas electorales, la creación de una oficina antifraude. El pacto de gobernabilidad no recoge ninguna referencia a este compromiso del secretario general regional, José Miguel Pérez.

Durante la pasada campaña electoral, Pérez, en su condición de candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, aseguró que la oficina antifraude estaba incluida dentro de las propuestas de transformación de las formas de gobernar en Canarias.

Justificaba esta medida ante la necesidad de otorgar seguridad, transparencia, honestidad y claridad a la actividad político-institucional. Además sostenía que contribuiría a dar una mayor calidad a la contratación pública porque la persona elegida sería un miembro de la carrera judicial o del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, el acuerdo programático firmado entre ambas formaciones políticas, el pasado viernes, nada tiene en ese sentido en ninguna de las 51 páginas, que servirán de base para el desarrollo del programa de gobierno conjunto que el presidente regional en funciones y candidato de CC a la reelección, Paulino Rivero, someterá a al consideración del Parlamento en la próxima sesión de investidura. Las únicas referencias incluidas en el pacto, que se aproximan al objetivo de la oficina antifraude, están englobadas en tres palabras, que son transparencia, fraude y ética. Pero ninguna tiene la finalidad del compromiso arrinconado del PSC.

El acuerdo alude a la transparencia en dos ocasiones. En la primera dice que “se continuará reforzando la política de transparencia del territorio a través del perfeccionamiento de los trabajos de la plataforma digital de información territorial y ambiental, y la mejora de las oficinas técnicas municipales, la interconexión entre sí, los cabildos insulares y el Gobierno de Canarias…” En la segunda se refiere a la organización judicial y dice que “… Con esta nueva organización, mejoraremos los tiempos de respuesta, la transparencia judicial y la atención al ciudadano”.

El concepto de fraude se emplea una vez. Cuando se habla del empleo y se dice que se promoverán una serie de medidas, entre ellas, las que van orientadas a “Frenar la contratación irregular y combatir el fraude en la contratación, disminuyendo el peso de la economía sumergida”.

La ética también se recoge una vez. Está en el apartado llamado Código de buenas prácticas desde la eficiencia y la austeridad. Participación ciudadana. Se dice que “se promoverán medidas que hagan efectivas las buenas prácticas en los servicios a la ciudadanía y la expresión ética desde los altos cargos y todos los empleados públicos en el uso de los medios y recursos públicos y del ahorro en el gasto corriente.