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A PROPÓSITO > POR AURELIO GONZÁLEZ

Más respeto a lo que dicen las urnas

   

No para de hablarse estos días, especialmente en círculos políticos, periodísticos, empresariales y culturales, de los procesos de negociaciones y contactos que vienen protagonizando los distintos partidos políticos para lograr acuerdos de gobernabilidad en la mayoría de los ayuntamientos, cabildos y en el propio Gobierno autónomo.

Son tantas las estrategias y maniobras, fintas y triquiñuelas, puestas en circulación por los negociadores que la opinión pública (y en ocasiones la publicada) está cada día más convencida de que a los partidos les interesa estar en el poder a toda costa (y con cuanto poder mejor), más que lograr aquellos pactos de gobierno que mejor den respuesta a los intereses generales de los ciudadanos que votaron en las pasadas elecciones.

Faltan apenas nueve días para que los concejales electos, constituidos en sesión plenaria y tras sus tomas de posesión, elijan a los alcaldes. Pero en muchos municipios las cosas están difíciles para obtener las imprescindibles mayorías que los apoyen.

Son dificultades que tienen que ver con la existencia de diversos tipos de prejuicios políticos, pero sobre todo con la anteposición de conveniencias partidarias, personales o grupales a las generales de la ciudadanía, del votante.
Un pacto de gobierno o un acuerdo de gobernabilidad, como ustedes quieran, entre dos o más fuerzas políticas consta, por un lado, de un programa de gobierno (o gestión pública) consensuado entre las partes, y por otro, de un reparto o distribución de las áreas de gestión, también convenido entre las fuerzas firmantes del pacto.

Tanto un documento como otro se elabora, obviamente, en función del apoyo electoral obtenido en las elecciones, en este caso las del 22-M, por cada partido político.

En los ayuntamientos y cabildos, pero sobre todo en los ayuntamientos, el mejor pacto de gobierno es aquel que mejor consigue aunar la voluntad política y de trabajo de los pactantes para ofrecer una mejor prestación de servicios a todos los vecinos.

Si convenimos que esto es o debe ser así, no tienen sentido alguno los llamados pactos en cascada, es decir, aquellos que emanan de uno primero suscrito en instancias superiores, tanto institucionales como del partido.
Por ejemplo, ¿se corresponde con el interés y los derechos de los ciudadanos que en todas las instituciones públicas canarias el PSOE tenga que pactar con Coalición Canaria porque así lo decidió el pasado sábado el comité federal socialista?

¿Por qué los partidos que pacten para el Gobierno de Canarias, inclu-so para los cabildos, tienen que ser los mismos que dirijan la gestión diaria en los ayuntamientos?

Las corporaciones municipales, más que depositarias de ideologías, son empresas públicas de prestación de servicios básicos y directos a los ciudadanos.

Por eso ha habido y habrá grandes concejales y grandes alcaldes con independencia del partido al que pertenecen.
Las decisiones plenarias de los ayuntamientos, y las actuaciones públicas de todos los días, tienen mucho más que ver con las necesidades que presentan los vecinos y los espacios públicos que con los pensamientos, las ideas y los debates políticos.

Para esto último están reservados los foros legislativos donde se debate la realidad y se proponen, se discuten y se aprueban las leyes.

Las cosas, sin embargo, no siempre son así porque los partidos políticos, hemos de reconocerlo para no engañarnos, buscan con excesiva frecuencia el poder institucional porque saben que es la manera más eficaz, fácil y rápida de lograr implantación social y fortalecimiento político en esos espacios.

¿O a alguien se le oculta que el PSOE de Madrid ordenó que sus compañeros de Canarias no pactaran con el PP pues este partido es el principal rival político de los socialistas en las próximas legislativas, ya tan cercanas?
Con todo lo dicho no quiero significar desdén alguno ante la existencia de los partidos políticos y del sistema democrático del que afortunadamente disfrutamos. Todo lo contrario.

Lo que pretendo decir es que me parece muy terapéutico que observemos y evaluemos permanentemente la conducta de esos partidos y el funcionamiento de ese sistema democrático.

Porque si no lo hacemos de esta manera corremos el riesgo de que las debilidades que siempre acechan a las conductas humanas desnaturalicen nuestro sistema de libertades públicas.

Así es que pactos y repartos sí, porque de alguna manera hemos de garantizar la formación de gobiernos que presten, desde las instituciones y con los impuestos de los ciudadanos, los imprescindibles servicios públicos y preserven la convivencia dentro de la legalidad.

Pero hagámoslo con un poco más de respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.