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Mujica pretende reabrir 80 causas de la dictadura

   

Valentín Enseñat, de la organización Hijos Uruguay. | EFE

RAÚL CORTÉS (EFE) | Montevideo

El Gobierno de Uruguay anunció ayer que revocará todos los actos administrativos de gestiones anteriores que frenaron unos 80 juicios de la dictadura (1973-1985), el mismo día en que se cumplen 38 años del golpe de Estado y un mes después de fracasara el intento gubernamental de anular la Ley de Caducidad.

La medida, que se concretará mediante un decreto, fue comunicada por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, y justificada “por razones de ilegitimidad” de las decisiones tomadas en el pasado por los presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005).

La Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009, concede al Ejecutivo de turno la potestad de decidir si un caso está amparado por esa normativa, que impide enjuiciar a militares y policías acusados de crímenes cometidos durante el régimen dictatorial.

Sanguinetti, Lacalle y Batlle consideraron que todas las causas que llegaron a sus manos sí lo estaban y, por tanto, debían ser archivadas, pero Mujica y su predecesor, Tabaré Vázquez (2005-2010), reabrieron varios procesos al opinar lo contrario.

En defensa del decreto presidencial, Breccia explicó que “cuando la revocación es por razones de ilegitimidad”, sus efectos “se proyectan hacia el pasado”, y aclaró que con su postura el Gobierno uruguayo no está violando la separación de poderes. “No estamos ingresando para nada en la competencia que el Poder Judicial va a tener de disponer o no del desarchivo de esos casos por considerar que existe o no en cada uno de esos casos cosa juzgada”, argumentó.

El decreto se firmará el jueves o viernes próximos para dar tiempo a todos los familiares de las víctimas a que decidan si quieren beneficiarse de la medida. La iniciativa es solo una notificación al Poder Judicial con la que el Gobierno pretende suplir las carencias denunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia con la que el 24 de marzo condenó al Estado uruguayo.

En ese dictamen, la Corte IDH responsabilizó a Uruguay de la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y de la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman.

Además, instó al Estado uruguayo a “tomar las medidas necesarias” para que la Ley de Caducidad “deje de representar un obstáculo para la investigación” de las causas.

Como complemento del referido decreto, el Gobierno de José Alberto Mujica ha cursado solicitudes al Ministerio de Defensa Nacional y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que un equipo de historiadores acceda a diversos archivos vitales.