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POR LEOPOLDO FERNÁNDEZ >

Reforma capital

   

En medio de la petición comunitaria de mayores sacrificios y de la vorágine de pactos para dar y tomar en ayuntamientos y cabildos, está pasando casi desapercibida una reforma capital que mañana mismo debe aprobar el Gobierno de España. Me refiero a la puesta al día de las normas de 1995 sobre convenios colectivos, que si se actualizan como Dios manda pueden marcar un antes y un después a efectos de creación de empleo, tras la lamentable reforma laboral del año pasado, abaratadora de los despidos y potenciadora de la temporalidad de los contratos. Si de verdad se quiere reducir el paro, es preciso modificar radicalmente el escenario laboral y promocionar de una vez los contratos indefinidos. No es de recibo que existan 43 modelos de contratos de trabajo; lo lógico es que rija uno solo con variaciones puntuales a tenor de circunstancias muy concretas. El Ejecutivo tiene que alinearse con las medidas de éxito probadas en Europa a la hora de fijar las relaciones contractuales entre empresarios y trabajadores en vez de buscar, como siempre, el apaño con unos sindicatos pastueños y apesebrados. Eso de negociar por sectores y no por empresas y seguir con el IPC como referente único para las revisiones salariales no hace sino asfixiar la viabilidad de muchas empresas y sus posibilidades de creación de empleo; en el mundo de hoy las sociedades que prosperan apuestan por los conceptos archiconocidos de flexibilidad, productividad, competitividad y lucha contra el absentismo como referentes inexcusables de una buena gestión.

Si el Gobierno no actúa con coraje y determinación y aprueba una reforma de verdad, tras casi dos años de dejar a los agentes sociales que dialogaran inútilmente sobre el sexo de los ángeles, hará un flaco favor a la economía del país, aunque conseguirá no irritar a unas fuerzas sindicales anquilosadas y que siguen ignorando a los parados y tratando de condicionar con su nefasta influencia todas las parcelas empresariales de decisión, incluso las de las pymes. De confirmarse este nuevo favor a la causa sindical, más la permanencia de la ultraactividad -que permite la prórroga automática de los convenios en caso de desacuerdo-, la ausencia del problema del absentismo y el olvido de la reforma de las mutuas, se estaría garantizado el fracaso de la reforma de la negociación colectiva, un derecho constitucional básico para lograr las mejores condiciones en la relación entre empresarios y trabajadores en unos momentos en que los mercados y los sistemas de trabajo han evolucionado con los nuevos tiempos y condicionan por tanto la viabilidad y rentabilidad de las empresas en su afán por crear empleo y riqueza.