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POR JUAN HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA >

Totalitarios

   

Hace unos doce años, en 1999, durante la primera presidencia de Aznar, la Real Academia de la Historia recibió el encargo del ministerio de Educación, de quien depende a efectos administrativos, de elaborar un Diccionario Biográfico Español. El trabajo ha consumido todo este tiempo y, como era previsible, su resultado ha consistido en una obra monumental de veinticinco tomos y unas cincuenta mil voces o entradas, que abarcan unos veinticinco siglos, desde el VI antes de Cristo al XX, y en la que han colaborado en torno a cinco mil quinientos autores. Su presentación pública tuvo lugar hace pocos días, y contó con la asistencia de los Reyes y la ministra de Cultura, junto con el presidente de la Academia.

Hasta aquí no parece haber nada sorprendente ni extraordinario. El encargo recibido por la Academia y su trabajo han sido similares a otros encargos y trabajos científicos e historiográficos que reciben y realizan en España y en todas partes las Universidades, los Institutos de investigación y las más variadas entidades de investigación y docencia, públicas y privadas. La historia de España, en sus diversas modalidades, cronológicas o por materias específicas, es una disciplina que cultivan miles de estudiosos y especialistas, españoles y extranjeros; y, por supuesto, lo hacen desde numerosos y plurales enfoques o hipótesis de investigación, y desde las más contrapuestas escuelas y tendencias historiográficas. El mundo de la ciencia y la investigación es un mundo plural y diverso, como no podía ser de otra manera. Ningún trabajo, ninguna aportación, es nunca concluyente, y toda publicación siempre está sujeta a la crítica, la contrastación y la valoración de otros estudiosos y especialistas.

Si hay algo excluido en la ciencia es el dogma. En ciencias como las matemáticas, la física y otras similares caben las demostraciones de hipótesis y teorías, como la relatividad, y hasta de meras conjeturas, algunas sin demostrar aún. Pero en las ciencias humanas y sociales, en la historia, no hay demostraciones definitivas. Siempre serán factibles nuevas interpretaciones y perspectivas; incluso pueden aparecer nuevos datos y documentos, desconocidos hasta entonces. Nunca existirá la historia de España final e irrebatible, sin posible réplica. Nunca existirá la historia oficial de España. Esa es una idea propia de políticos totalitarios, ayunos del menor conocimiento. Esa es la idea que, por ejemplo, tuvieron -y tienen- de la historia los comunistas: la historia de la Unión Soviética y de su partido único fue reescrita y reelaborada innumerables veces por fieles servidores del poder al dictado de la política. Si alguien caía en desgracia, desaparecía su nombre o se cambiaba el relato de sus hechos. Si alguien ascendía ocurría lo contrario. Eso ocurre en la Cuba o la Corea del Norte de ahora mismo. El día en que exista una historia oficial de España la democracia ya no estará entre nosotros.

Pues bien; si en toda publicación científica, si en todo trabajo historiográfico está presente por definición la pluralidad, en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia se manifiesta en el grado sumo de sus cinco mil quinientos autores. Es evidente que, según es habitual en estos casos, la Academia se ocupó tan solo de la dirección o coordinación de la obra, y del reparto y encargo de sus entradas. Y no es menos evidente que en ese extraordinario número de autores deben estar representadas las más dispares escuelas y tendencias historiográficas, y las más numerosas hipótesis y teorías. Cada autor firma su trabajo y se hace responsable de sus afirmaciones frente a la comunidad científica y académica. Y si alguna de esas afirmaciones es refutada por otro autor y se revela infundada, su sanción será la pérdida de reconocimiento científico y de prestigio. Así funcionan estas cosas.

Dado el escaso tiempo transcurrido desde su publicación, es seguro que nadie ha sido capaz de leerse los veinticinco tomos del Diccionario. Sin embargo, es seguro también que los historiadores de todo el mundo se han apresurado a empezar con las entradas de su especialidad, y que discrepan de muchas de ellas. En los próximos meses se publicarán artículos y reseñas en las revistas especializadas argumentando estas discrepancias. Y, a su vez, esos artículos y reseñas darán lugar a réplicas y contrarréplicas. Siempre en el ámbito científico y académico.

Pero estamos en España, claro. Y el asunto ha entrado en el ámbito político, y, encima, en el ámbito político más cerril e iletrado. En ese ámbito da igual lo que se diga del siglo III o del siglo XVII; no se conoce a la inmensa mayoría de los personajes cuya biografía se incluye en la obra; y se confunde el panfleto con la historia. En resumen, en ese ámbito la historia de España se reduce a la guerra civil y a Franco. Y, además, sobre la guerra civil y Franco hay que escribir lo que ellos quieren que se escriba como historia oficial. Faltaría más. De modo que, según era de esperar -y de temer-, entre las cincuenta mil entradas de la obra, las críticas se han centrado en la biografía de Franco, de la que es autor el profesor Luis Suárez, historiador de reconocido prestigio, catedrático emérito y académico, que tiene en su contra el haber desempeñado un cargo menor durante el franquismo y ser presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos. En otras palabras, que es culpable de no ser de izquierdas. Uno de sus delitos ha sido calificar al régimen franquista de “autoritario” y no de “totalitario”.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de Ley en la exige que se interrumpa la difusión del Diccionario en España y el extranjero. Las Juventudes Socialistas han ido más allá, y han exigido la “inmediata retirada” de la obra y la dimisión del director de la Academia. Y el Gobierno ha instado a la institución a rectificar “de inmediato”.

¿En manos de quién estamos? Porque hay que recordar a toda esta gente que España no es -todavía- la Unión Soviética y ni siquiera Cuba. Y que el artículo 20 de la Constitución -todavía- dice: “1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; c) A la libertad de cátedra”. Hay que recordar a toda esta gente que, en realidad, los totalitarios son ellos.