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Un máster y un examen, nuevos requisitos para ejercer la abogacía

   

T. FUMERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un máster de dos años de duración y un examen posterior son los nuevos requisitos que, a partir del próximo mes de octubre, se exigirán para ejercer la abogacía en España. Ello se debe a la entrada en vigor -tras cinco borradores- del reglamento que posibilita la aplicación de la Ley sobre el Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, tras una vacatio legis que se ha prolongado nada menos que durante un lustro. La aplicación de estas limitaciones al acceso de la abogacía culmina un viejo anhelo de los colegios profesionales.

Por lo que respecta al máster, supone grosso modo la oficialidad de las actuales escuelas de práctica jurídica, y para superarlo habrá que justificar un número determinado de horas lectivas, de las que al menos el 40% será forzosamente de carácter práctico. Aún está por establecer si universidades y colegios llegarán a algún tipo de acuerdo para impartir de modo conjunto este máster o, por el contrario, cada institución ofrecerá a los licenciados su propia oferta formativa.

Por lo que respecta al examen, convierte igualmente en obligatorio para el ejercicio de la abogacía o de la procuradoría superar el llamado CAP o Certificado de Aptitud Profesional

A este respecto, un comunicado remitido desde el Colegio de Abogados provincial hace suya la felicitación del propio Consejo General de la Abogacía, que celebra la aprobación del referido reglamento, a la par que agradece de manera expresa la labor desarrollada para su aprobación por los ministros de Justicia y Educación.

Tras censurar la larga espera -“una vacatio legis de cinco años, una de las mayores de la democracia”-, recuerda que esta regulación es “una de las principales y más antiguas reivindicaciones de la Abogacía”, ya que servirá para formar “mejor a los abogados, lo que a la postre repercutirá en beneficio de los derechos de los ciudadanos y en el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Casi un siglo

“Es una reivindicación de casi 100 años de la Abogacía española y una cuestión de Justicia”, aseguran los representantes de los abogados. De hecho, “la formación antes del acceso a la profesión es una aspiración desde el Congreso de San Sebastián de 1917”.

Por otro lado, España es el único de los Estados miembros de la Unión Europea que aún no exige una formación suficiente de acceso a la profesión de Abogado, dotada de un equilibrio entre formación teórica y práctica, “lo que nos convertía en una excepción dentro de un marco sustancialmente homogéneo de los servicios legales europeos”. La normativa reguladora del acceso, a través del sistema que diseña, supone la equiparación de España al resto de Europa, casi treinta años después del ingreso en las Comunidades europeas, desde la perspectiva del acceso y la formación necesarias para ser abogado y competir en condiciones de igualdad con los restantes abogados europeos.

Hasta ahora cualquier licenciado en Derecho, al día siguiente de colegiarse, puede actuar ante cualquier instancia incluso en el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional sin más requisitos. El nuevo sistema supone que todos los licenciados que lo superen tendrán la suficiente formación teórica y practica para ejercer.

En resumen, los representantes de los abogados coinciden en señalar “nadie puede sentirse perjudicado por la Ley de Acceso”.