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Una sentencia en Almería aporta “esperanza” a Igueste

El abogado y representante de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. | FRAN PALLERO

AGENCIAS / N. G. | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional puede servir para que el deslinde marítimo terrestre de Igueste de San Andrés (Tenerife), al contrario de lo que dicta la Ley de Costas, se mantenga en 20 metros y no en 100. Para el representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), el abogado José Luis Langa, “se ha abierto una puerta a la esperanza en los tribunales de justicia” para las decenas de miles de personas afectadas por esta normativa en Canarias.

La sentencia del alto tribunal, tal y como explicó ayer en rueda de prensa el letrado José Luis Langa, representante en Canarias de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, se refiere a un deslinde que se aplicaba en Almería, más concretamente en Salinas de Gata, similar a algunos núcleos urbanos de Canarias afectados por la Ley de Costas, como Valle Gran Rey o Igueste.

Dicha sentencia estima que el expediente de deslinde de Salinas de Gata “incide en un vicio de nulidad de pleno derecho y, por tanto, conculca el artículo 9.3 de la Constitución Española, que impide que se apliquen las leyes con carácter retroactivo”. Este fallo, explicó el abogado, fue recurrido en casación por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ante el Tribunal Supremo, pero fue desestimado, lo que da “más firmeza” al veredicto de la Audiencia Nacional, resaltó Langa.

El letrado recordó que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que contradice una resolución de la Cotmac de febrero de 2007 que decía que la servidumbre en Igueste de San Andrés tiene que ser de 20 metros, y la sentencia mantiene que debe ser de 100 metros. “Esta sentencia del TSJC la recurrimos ante el propio tribunal que la dictó y se nos ha admitido a trámite”, subrayó.

En consecuencia, José Luis Langa ha confiado en que la Audiencia Nacional “también actúe en el mismo sentido y no se aplique con carácter retroactivo el deslinde marítimo terrestre de los 100 metros en Igueste, y que se aplique lo que la propia ley prevé, esto es, 20 metros de servidumbre”. De esta manera, quedará demostrado que es un núcleo de población urbano consolidado con anterioridad a la ley.

Asimismo, el representante en Canarias de los Afectados la Ley de Costas anunció que el próximo 6 de octubre en el Parlamento Europeo se van a reunir por vez primera la Comisión de Peticiones, la de Derechos Humanos y la Comisión del propio Parlamento Europeo con el objeto de, conociendo la situación en la que se encuentran los núcleos afectados por la Ley de Costas, se emita un informe o dictamen para trasladarlo al Gobierno español con el propósito de que esta ley no se aplique con carácter retroactivo.

“Una cosa es que la Ley de Costas no permita la construcción indiscriminada de edificaciones y otra es que propiedades que se tienen hace más de 100 años y que son anteriores a 1988, cuando se promulgó la ley, se vean afectadas por la Ley de Costas”, señaló el representante de los afectados.

En declaraciones a este periódico, José Luis Langa insistió en la necesidad de modificar el Estatuto de Autonomía para que Canarias tenga las competencias plenas en costas, con el objeto de que el Gobierno regional pueda tener capacidad de ordenar las Islas en el ámbito urbanístico.