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POR DORY MERINO >

Una tesis pionera

   

La tesis Justicia penal juvenil en la prensa de Canarias (2001-2005) será defendida mañana por su autora, Isabel de Blas, ante un tribunal que está citado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Laguna a las 12.00 horas. El trabajo ha sido dirigido por el catedrático de Periodismo Ricardo Acirón.

De Blas, licenciada en Derecho y en Periodismo, además de ser diplomada en Criminología, concluye en su tesis que los diarios del Archipiélago informan desde una percepción colectiva de peligro.  La investigación, que ocupa más de 800 páginas, pone de manifiesto que los temas de la agenda mediática sobre infracción juvenil “ignora sus causas y las alternativas al internamiento”. Refleja que los rotativos recogen el devenir político en esta materia y detalla las iniciativas parlamentarias que se han elaborado “al dictado de titulares”. Resalta que las entidades públicas competentes no han vigilado el efectivo cumplimiento de los derechos de la infancia. Además, señala la influencia de la prensa de Canarias en la actividad política y en los comportamientos sociales contra la infracción juvenil,  “generando un sentimiento social de inseguridad”.  Los mensajes de las portadas de los diarios han servido para llamar la atención sobre la realidad de la justicia juvenil en Canarias a entidades protectoras de la infancia como el Defensor del Pueblo, Save the Children o Human Rights Watch.  Precisa que el mayor índice de atención mediática entre los diarios estudiados tiene que ver con la problemática en la gestión e intervención educativa de los centros de ejecución de medidas judiciales.  Apunta que la prensa insular denuncia que los centros constituyen auténticos “búnker” para la opinión pública, ya que el Gobierno regional los mantiene aislados de la sociedad. La tesis afirma que la mirada periodística “estigmatiza” a los infractores juveniles desde un tratamiento “noticioso superficial y fragmentado, ya que apenas provoca la reflexión sobre la realidad de la justicia juvenil”. No obstante, también reconoce el esfuerzo desarrollado por algunos redactores al profundizar en la materia, para abordar mediante un conocimiento especializado los enfoques de la infracción juvenil.

El estudio critica que, solo en contadas ocasiones, se detalla que los menores son víctimas de los errores de funcionamiento del sistema judicial o administrativo, y, por lo tanto, sujetos del “maltrato institucional”.  Pone de manifiesto que la prensa selecciona las estadísticas policiales sobre delincuencia juvenil ofrecidas por la Delegación del Gobierno en Canarias, transmitiendo que el índice de delincuencia juvenil “es la luz roja que se enciende en las Islas”. En este sentido, recoge que se define la política penal juvenil como “una cruz que nadie quiere cargar”, “un problema pendiente”, o “un gran desastre” que provoca una situación “vergonzosa y caótica”. Matiza que son contadas las ocasiones en las que los rotativos describen informaciones de carácter positivo sobre las posibilidades reinsertadoras de los menores infractores. “El porcentaje de mensajes que recogen las opiniones de los propios jóvenes sobre cómo perciben el cumplimiento de las medidas judiciales, resulta insignificante”, afirma y, por ejemplo, cita que un grupo de menores del centro Valle Tabares (La Laguna) exclama: “Seremos presos, pero no basura”.

Resalta que el entorno familiar y los propios menores, apenas son consultados, porque “el discurso informativo basado en comentarios de expertos en justicia juvenil, no supera un 3% del total contabilizado, circunstancia que indica la baja inclinación de las cabeceras isleñas al tratamiento informativo basado en opiniones cualificadas”. También echa en falta informaciones apoyadas en opiniones de expertos sobre la justicia penal juvenil.