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El Juzgado cierra la instrucción del ‘caso Arona’ con 30 imputados

La Corporación municipal, durante un pleno del Ayuntamiento de Arona durante el mandato 2003-2007. | DA

VICENTE PÉREZ | ARONA

El juez Nelson Díaz Frías, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona, ha dado por cerrada la instrucción del caso Arona, y ha dictado un auto en el que mantiene imputaciones contra 30 personas (incluidos cargos públicos y técnicos municipales, un policía local y un guardia civil, entre otros), al tiempo que solicita a la Fiscalía y las acusaciones particulares que formule escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa. Será el paso previo a la decisión sobre la apertura de juicio oral por parte de un Juzgado de lo Penal.

Entre los imputados, según el auto dictado el 15 de julio, está el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón (de CC) y el gobierno que presidió entre 2003 y 2007, por un delito continuado de prevaricación urbanística (en el caso del alcalde se le añade el de tráfico de influencias).

De acuerdo con la resolución judicial, Félix Sierra, Manuel Barrios, Daniel Martín, Juan José Alayón, Sebastián Martín, José Luis González y Alfonso Barroso, votaron a favor de la concesión de más de 200 licencias urbanísticas con informes técnicos y jurídicos desfavorables. En otros 77 casos, los imputados apoyaron con su voto proyectos de ejecución de obras y contratación, pese a los reparos del secretario y del interventor municipales “con el fin de evitar sacar a concurso o licitación públicas dichas obras y favorecer” a cuatro empresas.

En cuanto a alcalde, el Juzgado señala que también ha quedado acreditada la comisión de un presunto delito continuado de tráfico de influencias y de prevaricación, entre otros motivos, por favorecer a su amigo y primo hermano Manuel Reverón González, concejal de CC (también imputado) que había construido en 2001 una vivienda ilegal y había sido sancionado con 150.000 euros por la Agencia de Protección del Medio Ambiente y su demolición. Pues bien, el alcalde, según el juez, “trató de influir en su compañera de partido Pino de León, consejera de Planificación Territorial del Cabildo”, para que se modificase el planeamiento insular y el edil pudiera salvar su casa.

Al regidor municipal se le atribuye además tráfico de influencias por favorecer, entre otros, a un pariente para que La Cámara de Comercio lo emplease como técnico; a un funcionario interino del Ayuntamiento para que que ganase una plaza en la Policía Local; y a otra serie de personas para que fueran contratadas en la entonces concesionaria de servicios municipales Camilo Álvarez Sánchez y Clusa. Igualmente, según el auto, permitió obras de reforma sin licencia en el hotel Sir Anthony a cambio de obtener habitaciones gratis.

Al entonces edil de Urbanismo Antonio Sosa, en el auto judicial se le imputa prevaricación, tráfico de influencias y malversación, entre otros motivos por contratar a trabajadores como personal laboral externo que actuaban como funcionarios.

En el caso de Félix Sierra, concejal de Urbanismo, el juez le imputa cohecho por cobro de comisiones ilegales, a empresarios y constructores a cambio de dar licencias, lo que se reflejaría en el “sospechoso” incremento de su patrimonio entre 1999 y 2004, con ingresos “atípicos” que podrían alcanzar los 350.00 euros, según la Guardia Civil.

Igualmente, están imputados Eliseo Izquierdo, arquitecto municipal (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) por exigir el pago de 45 millones de pesetas de entonces a una empresa para darle licencia; y por cohecho y tráfico de influencias Roberto de Luis, arquitecto municipal; Antonio Luis Pablo, Jorge Menéndez, también arquitectos, y Arsenio Zamora, por imponer a constructores que sus proyectos los hicieran determinados arquitectos a cambio de un porcentaje de sus honorarios.

Al consejero socialista en el Cabildo José Luis Delgado el juez le achaca tráfico de influencias al intentar que el alcalde le diera un trato de favor adjudicándole un concurso a su empresa.

La lista de imputados está integrada también por Zenón Rodríguez, cohecho y tráfico de influencias; Clara María Pérez ex edil, por prevaricación y tráfico de influencias; Vicente Francisco Dorta (entonces director de la Cámara de Comercio); Carlos Enrique Morales; Gladys Tacoronte (auxiliar administrativo), Betina García Melo; Milagros Jesús Suárez (directora de la guardería de Buzanada), Nizamara Domínguez (trabajadora de Servicios Sociales), José Manuel Rodríguez (guardia civil), Hortensia María García (subinspectora de la Policía Local), Angel Artillo (directivo de Camilo Álvarez y Clusa), Sebastián Fuentes (policía local) y Sandra Esther Chinea. Contra el auto, cabe recurso ante la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días una vez notificado.