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Adiós a los imputados

   

DIARIO DE AVISOS / AGENCIAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE / MADRID

Ya no habrán imputados sino investigados, el fiscal será quien mande durante la instrucción, el acusado ya no se sentará solo en el banquillo… llega la mayor reforma realizada en el procedimiento penal español desde hace más de un siglo. Y si algo tiene claro este gobierno es que pretende combatir y terminar con los juicios mediáticos.

Tras la celebración del consejo de ministros de ayer, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, planteó ante los medios de comunicación un cambio “radical” de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dará al fiscal la investigación, pero reforzará el papel del juez de garantías, al tiempo que pretende reforzar la presunción de inocencia poniendo fin a las llamadas penas de telediario.

Una reforma que han recibido con satisfacción en la carrera fiscal, pero que ha sido criticada por las asociaciones de jueces, que hasta se encargaban de dirigir instrucción penal. “No es una ley con menos juez, sino todo lo contrario, con más juez”, señaló Caamaño, quien defiende que aunque la reforma deja la investigación en manos del fiscal, también refuerza la posición de los jueces como “garantes” de un proceso en el que velaran por los derechos y garantías de los “investigados” – termino que sustituirá a la figura actual del imputado- y de las víctimas.

Se establece para ello un modelo con un juez de garantías, otro de control en la audiencia preliminar y, por último, un tercero que será el que juzgará en el juicio.

Otro de los objetivos de la “ambiciosa” reforma de la LECrim, que data de 1882, es reforzar la presunción de inocencia y para ello se adoptan medidas que limitan la publicidad de las actuaciones con el fin de evitar los juicios paralelos y penas mediáticas. Así, los fiscales que podrán poner fin a un procedimiento si no se acreditan indicios de delito y serán los encargados de dirigir las labores de investigación de la policía judicial, también se ocuparan de informar a los medios de comunicación sobre el proceso, pero no se facilitará la identidad o imagen de los investigados en la fase de instrucción.

Caamaño defendió estos cambios que, a su juicio, salvaguardan la presunción de inocencia frente a posibles filtraciones o excesos que han supuesto que algunas personas pudieran aparecer como culpables sin que existiera una acusación formal.

El titular de Justicia también explicó las razones que han llevado al Gobierno a introducir limitaciones en el ejercicio de la acción popular, que ahora no podrá actuar si el fiscal o la víctima piden el archivo del caso, ni podrán ejercerla las administraciones públicas, partidos políticos o sindicatos.

Según Caamaño, la reestructuración de la acción popular es un elemento más de racionalización en el proceso penal y no parecía razonable que si el fiscal representa el interés general estén también en la causa partidos o sindicatos.

Las asociaciones de jueces, que están de acuerdo en la necesidad de esta reforma integral del procedimiento penal, cuestionan sin embargo que el fiscal reciba la dirección de la investigación si no se adoptan cambios para reforzar su autonomía del Gobierno y evitar su utilización partidista o política.

Los fiscales están de acuerdo en que se debe respetar su autonomía, como destacó José Hidalgo de la Asociación de Fiscales (AF), partidario también de una reforma Estatuto fiscal.

Y, por cambiar, cambia hasta la denominación de los imputados, que dejarán de ser tales para ser considerados como investigados. Oh tempora, oh mores.

[apunte]Cambios más destacados del proyecto

El fiscal investigador. La instrucción será responsabilidad del Ministerio Público, de quien depende la policía judicial, siempre bajo el control del juez, que actuará como garante de los derechos de los investigados. El fiscal iniciará la investigación mediante decreto y podrá tener a su cargo un equipo de fiscales en causas complejas y decidir si procede el archivo del procedimiento.

Nadie imputado. Se sustituye la figura del imputado por la de investigado, que podrá entrevistarse con su abogado antes y después de declarar ante la Policía. Se regula su derecho a intérprete y a conocer todos los cargos y el expediente íntegro de la causa abierta contra él. El fiscal será también quien informe a los medios de comunicación sobre el proceso de investigación abierto, sin facilitar identidad o imagen del investigado durante la instrucción.

La instrucción. Se limita temporalmente a un año, excepto para casos de terrorismo y crimen organizado, en los que podrá ampliarse para evitar investigaciones indefinidas. Con ese mismo fin se incorpora plenamente el derecho a la segunda instancia penal para acabar con las llamadas “penas de telediario”.

Derechos de los detenidos. Se especifican las causas de detención, que no podrá prolongarse más tiempo del imprescindible, salvo casos de terrorismo. El juez debe regularizar la situación personal del detenido en el plazo de 72 horas, o autorizar la prórroga de la detención. La prisión incomunicada solo se decretará en determinados delitos, como homicidio, detención ilegal o secuestro, o si hay riesgo de destrucción de pruebas.

La nueva vista oral. El juicio ya no comenzará con el interrogatorio del procesado, que pasará a sentarse junto a su letrado, sino que será la acusación la que tenga que demostrar sus tesis y no sólo contradecir lo que el acusado sostiene. Podrán existir “interrogatorios cruzados” o careos entre los testigos y se reservará también un lugar en la sala a la víctima.[/apunte]