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Camps se convierte en el primer presidente autonómico juzgado, por cohecho impropio

   

El presidente de Valencia, Francisco Camps, imputado por cohecho. | EFE

EUROPA PRESS | VALENCIA

Han tenido que pasar casi dos años y medio de instrucción; ha tenido que rotar por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCM); se han presentado hasta 90 recursos… Pero, por fin, la ‘causa de los trajes’, una de las ramificaciones del caso Gürtel, ha concluido. El juez José Flors publicó este viernes que ha decidido que Francisco Camps, dirigente de la Generalitat, se convierta en el primer presidente de una autonomía que, en ejercicio, se siente en el banquillo de los acusados. Será juzgado por cohecho impropio pasivo, y esta vez no cabe recurso alguno. El magistrado cree que hay pruebas de que el ‘popular’ aceptó las prendas “a sabiendas de quién asumiría el pago de su importe” y que los regalos buscaban “el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas”.

Flors acusa a Camps de cohecho impropio pasivo en un auto con fecha de este viernes contra el que no cabe recurso y en el que ordena la apertura de un juicio oral. El texto pone punto y final a la ‘causa de los trajes’, después de casi dos años y medio entre la Audiencia Nacional, el TSJM, el TS y el TSJCV. Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV y diputado, Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, y Rafael Betoret, ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, acompañarán al presidente en el banquillo.

Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, presidente de Orange Market, y Pablo Crespo, encargado de gestionar un grupo de sociedades dedicadas a la inversión especulativa y a la prestación de servicios, son los presuntos cabecillas de la trama Gürtel. Entre 2005 y 2008, compraron trajes a medida, calzado y otras prendas de las tiendas ‘Milano’ y ‘Forever Young’ para los cuatro acusados. Según el texto, buscaban “el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas”.

Éstas aceptaron los regalos “a sabiendas de quién asumiría el pago de su importe”, de acuerdo con las conclusiones del magistrado. Las únicas excepciones fueron cuatro trajes que Camps devolvió al sastre José Tomás porque consideró que no le venían bien. El modisto trabajó para las dos firmas.

Crespo corrió con los gastos de los obsequios. El dinero procedía o se cargaba a las cuentas de alguna de las sociedades del grupo de Francisco Correa. El sastre falseaba las facturas e incluía en ellas mercancías distintas a las vendidas y cobradas, aunque por el mismo importe; todo ello, a petición del pagador. El objetivo era justificar esos pagos en las cuentas de las empresas que asumían el coste de los regalos.

El magistrado llegó a estas conclusiones teniendo en cuenta la declaración de José Tomás y la documentación que corrobora su testimonio, como tickets de caja e inventarios semestrales de pagos pendientes, en los que había referencias expresas a los acusados.

El juez contempla también las hojas de encargo de sastrería de ‘Forever Young’ y las remitidas a la empresa que confeccionaba los trajes; los recibos de pago pendientes; las hojas de confirmación de los pedidos; y los instrumentos de pago de las deudas generadas. Éstas “evidencian la realidad del pago y la identidad del pagador”, puntualiza el auto.

El informe del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y de la Agencia Tributaria respalda la decisión del instructor. De él se deduce que el sistema informático de contabilidad y los inventarios de pagos pendientes de ‘Milano’ relacionan a Camps y a Campos con determinadas prendas de vestir.

El juez añade que el hecho de que los peritos contables encontrasen dificultades para establecer una conclusión inequívoca (en términos de exactitud matemática) “no es excluyente ni de la realidad ni del significado de todos aquellos indicios incriminatorios”.

Los elementos indiciarios “no permiten calificar de irrazonables ni de carentes de fundamento los escritos de conclusiones provisionales” de las partes acusadoras. Lo que los textos recogen “encuentra su apoyo en una base fáctica plural, de contenido incriminatorio”, mantiene el auto.

Los imputados deberán prestar una fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias. Esa cantidad ha de ser un tercio superior a la multa que solicita la Fiscalía. Camps, Costa y Betoret tendrán que depositar 55.000 euros, porque el Ministerio Público les pide 41.250 euros; y Campos deberá abonar 46.666 porque le solicita 35.000. Si no pagan, se embargarán sus bienes.

Recibe los regalos como presidente y como ‘popular’

Una parte del auto razona las alegaciones de la defensa de Camps en la audiencia preliminar. El abogado sostuvo que el presidente recibió regalos como cargo del PP, no como mandatario de la Generalitat. Flors cree que, cuando una persona ejerce dos funciones públicas, los regalos que reciba influyen en ambas facetas; más si provienen “de quienes tienen intereses económicos, no sólo con el partido, sino también con la Administración gobernada por ese partido”.

Con ello, Flors convirtió a Camps en el primer presidente autonómico que se sienta en el banquillo de los acusados ante un jurado popular. El enjuiciamiento queda ahora en manos de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. De ahí que toda la documentación, informes, copias, testimonios… se vayan a poner a su disposición. El magistrado Juan Climent presidirá el tribunal, con la ayuda de un secretario.

Este juez fijará la fecha del juicio y revisará la constitución del jurado. Para ello, citará a un mínimo de 20 convocados para comprobar que cumplan los requisitos y que no haya causas de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa. Las partes también podrán interrogarles y recusar a quienes, a su juicio, no cumplan las exigencias. Climent tendrá la última palabra; no cabrá recurso, pero sí protesta.

Cuando haya suficientes candidatos al jurado, se hará un sorteo y se seleccionará a nueve integrantes y a dos suplentes. Será después de eso cuando el magistrado dé comienzo a la audiencia pública, de acuerdo con los artículos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Garzón abrió la causa

La causa arrancó por decisión del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional. En febrero de 2009, se encontraron irregularidades en los contratos adjudicados a Orange Market para el stand de la Feria Internacional de Turismo en España (Fitur). ‘El Bigotes’ fue detenido, para después quedar en libertad con cargos. Estaba relacionado con Correa y su empresa ya había trabajado en la organización de otros actos del PP valenciano.

Ese mismo mes salieron a la luz las primeras informaciones que vinculaban a Camps con lo acaecido; es decir, los primeros indicios de que las empresas implicadas habían regalado prendas de vestir al presidente. La Fiscalía Anticorrupción le implicó, a raíz del testimonio de un imputado, y el ‘popular’ desmintió los hechos, “indignado”.

Después, se filtraron grabaciones de la Policía; conversaciones entre Camps y ‘El Bigotes’ en las que el político se refería al empresario como “amiguito del alma”. Luego, se fue descubriendo la implicación de los demás acusados.

Más adelante, la ‘causa de los trajes’ se separó de la investigación sobre las presuntas irregulares contractuales de la Generalitat, a pesar de los vínculos que las unían. Se convirtieron, así, en dos de los tentáculos del pulpo Gürtel.