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opinión > por alberto Génova Galván

De coches oficiales

   

Allá donde ha tenido responsabilidades de gobierno, el Partido Popular ha basado su gestión en un generoso recurso al gasto público. Pecadillos del pasado a los que en el reciente debate de investidura del Presidente del Gobierno, los propios populares, por boca de su portavoz, nos han brindado la explicación: “antes lo podíamos pagar, eran tiempos de vacas gordas. Pero esa etapa ya quedó atrás”; y de la generosidad con los recursos públicos han pasado a convertirse en adalides del recorte del gasto público. Como suele suceder a los conversos, han abrazado la fe de la austeridad pero la cultura del gasto parece seguir en lo profundo de sus almas.

No se dan cuenta de que la explicación que ofrecieron en el Parlamento es tanto como decir “Como éramos ricos, hacíamos lo que queríamos con el dinero de los contribuyentes”. Y cuando han venido las vacas flacas se limitan a proponer para atajar la dificilísima situación en que se encuentran nuestras cuentas públicas dos recetas: reducir los coches oficiales y las consejerías; y reducir gastos como los de suscripciones a revistas. Sorprende que un partido con aspiración a gobernar en España esté convencido de que con esas medidas se ajustará financieramente nuestro sector público. Las medidas que plantea el PP puede ser que le den a corto plazo un atractivo impacto desde el punto de vista político, pero en términos económicos una política limitada a esa reducción de gastos lleva a que inmediatamente haya que buscar nuevas partidas en las que reducir, para entrar en un ciclo que se repetirá constantemente, lo que a medio plazo es insostenible.

Los cortoplacistas que sólo piensan en clave electoral se plantean la crisis financiera de nuestras Administraciones como un mero problema contable, entienden el equilibrio presupuestario como un fin en sí mismo. No son capaces de entender que de lo que se trata es de reflexionar acerca de la transformación del sector público, de acometer una profunda revisión de la función del Estado, de su tamaño y alcance y esa tarea exige no reducciones de los costes a corto plazo, sino medidas estructurales que mejoren la eficiencia del sector público y nos den acceso a la recuperación financiera, no al “parcheo”.

No estamos sólo ante un problema contable, pues un presupuesto equilibrado financieramente no es, necesariamente, el óptimo para los ciudadanos. Nuestra Constitución exige que el reparto de la carga tributaria y la distribución del gasto público han de responder a criterios de equidad; los criterios de eficiencia económica y los de equidad presupuestaria tienen que estar presentes en el debate.

En otras palabras: el santo temor al déficit presupuestario está de moda en estos tiempos. Ese temor ha llevado a los tecnócratas del PP a la cruzada del ajuste puro y duro, para acabar finalmente en una reducción sustancial del núcleo del Estado de bienestar. Otros estamos convencidos de que se trata de un debate político en el que hemos de buscar un presupuesto óptimo, que lo será aquél que cubra de manera satisfactoria las necesidades colectivas de los ciudadanos. Ajuste presupuestario sí, pero para lograr la sostenibilidad del Estado de bienestar; un presupuesto equilibrado para alcanzar la máxima función de bienestar social. Y de esto, del bienestar social, quien habló en el reciente debate parlamentario fue el candidato; la oposición se limitó a contarnos que ha cambiado el coche oficial por el taxi.