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LA PALMA > MAZO

Declaran nula la expropiación del terreno del Complejo Ambiental

   

El Complejo está terminado y está pendiente de trámites administrativos para ponerlo en marcha. | DA

DAVID SANZ | MAZO

La Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en contra de la expropiación que realizó el Gobierno de Canarias a la empresa HORPA SL de los terrenos donde se ha construido el Complejo Ambiental de Residuos de Mazo, cuya obra está terminada aunque aún sigue inoperativo. Esta sentencia, cuyo fallo se produjo el pasado 18 de mayo y a la que ha tenido acceso este periódico, anula el Decreto 138/2004, de 29 de septiembre del Gobierno de Canarias, “por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto técnico modificado relativo a la primera fase del Complejo Ambiental de Mazo”.

Los terrenos que se ven afectado por esta sentencia del Supremo corresponden al proyecto de modificado de las obras que tenían como objetivo ampliar la capacidad del vaso de vertido de 79 a 104.000 metros cúbicos, la impermeabilización total del vaso, la eliminación de una obra de instalación de un aerogenerador así como modificar el trazado de acceso al vertedero, según se especifica en la propia sentencia.

Contra este decreto, HORPA S.L. interpuso un recurso contencioso-administrativo, que la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó en una sentencia de enero de 2006. Contra esta resolución, HORPA S.L. presentó un recurso de casación, en la que alegó hasta ocho motivos de casación, que tienen que ver principalmente con el ámbito competencial de la expropiación.

La valoración del Supremo se centra en analizar sólo este ámbito competencial, sin atender a los otros motivos de casación, ya que es suficiente para este caso. En primer lugar subrayan que “se deduce con claridad que es a los cabildos a quienes corresponde la planificación y establecimiento de los denominados complejos ambientales de residuos en las diferentes islas”. A la vez, consideran que “es pacífico en este pleito que el Cabildo de La Palma no ha aprobado el Plan Director Insular que contemple el complejo ambiental de residuos, previsto en la Ley de Residuos de Canarias de 1999 ni, como es obvio, se ha encargado de ejecutarlo, siendo sustituido en esta tarea por la propia Administración autonómica”.

Si bien, señalan que “para la legitimidad del ejercicio de la expropiación pública no basta con que exista una causa expropiandi que fije la necesidad pública, como tampoco es suficiente que la Administración que ejercer la potestad la tenga atribuida legalmente, como es el caso de la Administración autonómica”. Es preciso, añaden, que “la expropiación sea instrumento necesario para consecución de aquellos concretos fines que la Administración expropiante tiene encomendados”. Es decir, la potestad expropiatoria sólo puede estar en manos del Cabildo Insular y no el Gobierno de Canarias.