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POR JAIME RODRÍGUEZ-ARANA >

El Estado estático del estar

   

Estos días hemos conocido, para escándalo de propios y extraños, que en Grecia se continuaba pagando la pensión a varios miles de ciudadanos que habían fallecido. No es algo nuevo. No hace mucho en Japón, cuándo los dirigentes quisieron condecorar al ciudadano más longevo, nada menos que de 111 años, se llevaron la sorpresa de que se encontraba momificado en casa de sus parientes. A renglón seguido, investigaron el paradero de los 234.000 ciudadanos mayores de 100 años que oficialmente vivían y la sorpresa fue mayúscula. En los países escandinavos, los grandes artífices de la puesta en práctica del modelo del Estado de bienestar, comenzaron a fines del siglo pasado relevantes reformas tras comprobar el nivel de fraude que existía en las ayudas, subsidios y auxilios estatales. Es decir, el Estado subvencional, el Estado que se ocupa de subvencionar todo, desde la cuna a la tumba, hasta los caprichos de los ciudadanos, acabó generando una elevadísima factura que condujo a la una aguda crisis fiscal.

Estas constancias, lejos de cuestionar el Estado de Bienestar, nos conducen a reflexionar sobre el ocaso de la versión estática de un modelo que se ha ido desnaturalizando con el paso del tiempo. Sobre todo porque el Estado no es capaz de controlar los subsidios y, lo peor, no existe para generar dependencia política de los ciudadanos. En efecto, sobre todo a nivel autonómico, se ha puesto en marcha una máquina de subvenciones y subsidios que, en muchos casos, en lugar de animar las iniciativas, en lugar de estimular a trabajar, terminan, por reducirse a la versión estática, capturando a los ciudadanos, a quienes, de una u otra forma, se convierte en seres dependientes de los partidos que sostienen en los gobiernos a quienes conceden las subvenciones y los auxilios.

Es decir, habiendo fracasado el modelo en su versión estática, es menester pensar en las virtualidades de su dimensión dinámica. Una dimensión desde la que las ayudas se contemplan como estímulos al trabajo, a la actividad, no a la inactividad o a la dependencia. Claro que hay muchas ayudas sociales que son básicas y que es necesario un mínimo vital para que las personas se desarrollen libremente y en unas condiciones de vida dignas. Esto, pienso, nadie lo pone en duda. Lo que es censurable es que el único sistema de intervención pública en la vida de los ciudadanos sea la subvención entendida estáticamente. Las subvenciones claro que son necesarias, pero de forma transitoria, en orden a generar iniciativas, en orden a promover actividades razonables, en orden a conformar, para los desheredados de este mundo, un mínimo vital que les permita poder realizarse dignamente como seres humanos.

El Estado de Bienestar ha fracasado porque los dirigentes públicos han querido subvenir todas las necesidades sociales, eliminando tantas veces el sentido de responsabilidad y de iniciativa de los ciudadanos. Por una obvia razón. Porque de esta manera se tiene a la población bien controlada y sumisa. En este contexto, la libertad educativa es un peligro porque aspira a educar según patrones de libertad y responsabilidad que se oponen al mantenimiento de un sistema social plano. Por eso, lo vemos en estos días, se dispara desde la tecnoestructura contra el pluralismo y las diferencias, no vaya a ser que destruyan el entramado creado y empiece a sobresalir un espíritu de rebeldía y de sana crítica tan necesario para la vitalidad social.

El Estado de Bienestar ha fracasado, en esta dimensión, porque el Estado no puede hacerse cargo de todo, no puede pagar todos los subsidios habidos y por haber. Hace años Morín, en un estudio sobre los servicios sociales en Francia, concluía que su gran fracaso era consecuencia de pensar que sólo podían ser atendidos por funcionarios. Hoy sabemos que es necesaria una inteligente alianza entre poderes públicos y agentes sociales profesionales para prestar con rigor y humanismo estos servicios.

En fin, ¿se darán cuenta nuestros dirigentes que hace falta que se gaste con más eficiencia, en lo que realmente es necesario, olvidando esa visión estática y clientelar de las subvenciones que tanto daño hace?, ¿tendrá que quebrar el sistema público para que caigamos en la cuenta de que el interés general ya no es un concepto que define unilateralmente el Estado?, ¿cómo es posible que no se revise razonablemente el sistema subvencional que han montado los Entes territoriales para la toma y conquista partidaria de la voluntad de los ciudadanos?, ¿por qué no se afronta un programa razonable e integrado de reforma del sector público y de las subvenciones antes de que tengamos que hacerlo a toda prisa y sin tiempo para pensar bien lo que se debe hacer?

*Catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es