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El Gobierno retoma su propuesta de armonización territorial

   

BEGOÑA AMEZUA | SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Gobierno de Canarias ha retomado su propuesta, de la pasada legislatura, para armonizar toda la normativa de protección del territorio y del medio ambiente. Es una de las primeras leyes anunciadas por el segundo gabinete autonómico del presidente, Paulino Rivero. Su compromiso es que se lleve al Parlamento antes de que finalice este año. Esta iniciativa se asienta en un texto elaborado por el consejero regional Domingo Berriel, que fue cuestionado por el Consejo Económico y Social (CES).

A finales del pasado año, el entonces consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, presentó al CES el anteproyecto de ley de armonización en materia de protección del territorio y del medio ambiente, cuyo objetivo era el de simplificar la maraña legislativa existente en la materia.

Dos semanas después de que el Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario (PSC) tomaran posesión de sus cargos, Rivero ya ha comenzado a insistir en que esta propuesta estará en el Legislativo antes del próximo 31 de diciembre.

Una rapidez, nada común en los habituales ritmos de trabajo de la Administración pública, que en esta ocasión tiene una doble justificación. La primera que Domingo Berriel continúa al frente de este área de gestión al ser el responsable de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial aunque las políticas medioambientales han pasado a ser competencia del vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez.

El segundo argumento que ampara la diligencia del Ejecutivo en esta materia es que el grueso del trabajo ya está hecho.

El ambicioso documento redactado en la VII legislatura no llegó a tiempo al Parlamento. Solo pudo ser examinado por el Consejo Económico y Social y la valoración realizada fue bastante crítica, entre otras razones, porque utilizaba una técnica de “dudosa efectividad”, en la medida en que, “al tiempo que introduce modificaciones relevantes” en el actual ordenamiento jurídico en materia de protección del territorio y del medio ambiente, “asume también la primera regulación en otras importantes materias, con el riesgo evidente de producir una fragmentación legal”.

El Consejo Económico y Social alertaba de que la propuesta podría introducir “mayor inseguridad jurídica y complejidad legal y administrativa, restando así la posibilidad de conseguir los objetivos que se pretenden”.

En opinión del Consejo, el avance de anteproyecto de ley presentaba un “amplio” ámbito de materias “necesitadas de un ulterior” desarrollo reglamentario. Esta técnica, continuaba el CES, podría “restar alcance y efectividad” a los objetivos que se persiguen.

En particular se refería a los aspectos directamente relacionados con la “mejora de procedimientos orientados para incrementar la eficacia” de las actuaciones administrativas. Los principales objetivos del anteproyecto eran la simplificación de parte del marco normativo canario en materia medioambiental y la adaptación a los requerimientos de la normativa comunitaria y estatal de aplicación.

Para ello, abordaba determinadas modificaciones en la normativa vigente y asumía el tratamiento legal, por primera vez, de determinadas materias.

En líneas generales, el Consejo Económico y Social (CES) hacía una valoración “positiva de los objetivos que se pretenden” con una de las iniciativas legislativas destinadas a incidir en la economía.

[apunte]Otras legislaciones a tener en cuenta

El dictamen al anteproyecto de ley señalaba que, en relación al ámbito de competencias del departamento que promueve la iniciativa legal, la Consejería de Medio Ambiente en la pasada legislatura, “se debería proceder también a adaptar” otras disposiciones a los contenidos y exigencias de la Directiva 2006/123, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los Servicios del Mercado Interior.

El Consejo Económico y Social alertaba también de que la propuesta legislativa promovía una nueva regulación que alteraba el régimen competencial de cabildos y ayuntamientos. Pero además para este organismo era deseable que la tramitación del mismo diera posibilidad, a través del trámite de audiencia, a que estos expresen sus opiniones sobre el mismo. Un proceso obligado tendente a facilitar los objetivos pretendidos y mejorar la cooperación entre los operadores sociales y económicos y las administraciones intervinientes.[/apunte]