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POR JUAN JULIO FERNÁNDEZ >

El mamotreto

   

El pacto firmado entre Coalición Canaria (con CCN y PNC) y el Partido Socialista ha dejado fuera del gobierno a la lista más votada del Partido Popular y ha configurado el Ayuntamiento de Santa Cruz con José Manuel Bermúdez (CC) de alcalde y Julio Pérez (PSOE) de primer teniente de alcalde, quienes, para garantizar su efectividad, también han acordado la constitución de una comisión de seguimiento del mismo. Al no haber dado el electorado a ninguna de las formaciones concurrentes en las elecciones una mayoría suficiente para gobernar en solitario, el pacto entre estas dos formaciones, descartada la formación de un gobierno de concentración, era una de las soluciones entre las posibles que se barajaron, a pesar de que los enfrentamientos protagonizados por sus representantes en la legislatura concluida eran -y siguen siendo- vistos por muchos como un serio escollo para sacar al ayuntamiento de la situación de postración que muy pocos niegan.

Para otros, la experiencia y la solvencia de los firmantes y la fijación, en el acuerdo, de objetivos como los de la dinamización de la economía municipal y la implantación de un Plan de Austeridad que la facilite, así como la reconsideración del Plan General de Ordenación Urbana, sin cuya aprobación definitiva va a ser difícil, por no decir que imposible, reactivar la economía, se ven positivamente. También se considera acertado el propósito de cerrar los procesos judiciales abiertos, que no son pocos, para poner fin a un largo período de inseguridad jurídica, incrementada por el irregular funcionamiento de la justicia que, de una forma u otra, es una rémora para la deseable y requerida activación económica y un serio obstáculo para atraer y consolidar programas de inversión que contribuyan a la creación de empleo. En este amplio capítulo de procesos judiciales figura el de la demolición del mamotreto, el edificio de aparcamientos a medio construir en San Andrés a la entrada de la playa de Las Teresitas, devenido en un problema que puede ser más político que real y en el que, como profesional implicado en el urbanismo y usuario habitual de esta playa desde hace muchos años, me siento obligado a decir algo, sobre todo confiando en que la firma del acuerdo de gobierno municipal puede devolver al análisis de la cuestión un clima de sosiego desligado del anterior de confrontación y alimentado por un inconveniente apasionamiento. Tengo a Bermúdez y a Pérez por personas reflexivas -no quiero decir con esto que quienes les precedieran no lo hayan sido o no lo sean- y que, al poder analizar y decidir en circunstancias distintas a las anteriores, están en mejores condiciones para encontrar puntos de acuerdo para discernir si la demolición o el mantenimiento de la estructura edificada convienen a los intereses generales de todos los ciudadanos y a los particulares de los usuarios, habituales o no, de la playa y de quienes puedan serlo al mejorar el enclave.

Me atrevo a decir que pocos conocen el Plan de Las Teresitas ni saben qué objetivos responde la planta y la implantación de la estructura construida. En su momento, se gastó mucho dinero en la construcción de un recinto que se llamó, pomposamente, InfoBox o algo así, y que según me explica un colega, cualificado y con reconocidas aportaciones al desarrollo urbano de Santa Cruz, cuando lo visitó para solicitar información no le dieron ninguna. Pero anécdotas aparte, lo razonable, en mi opinión, es que el nuevo equipo de gobierno cuando recupere el tema, utilice este espacio -o el que crea más conveniente- para informar a la ciudadanía de lo que se pretendió o se pretende hacer y con sus aportaciones ponderar la conveniencia o no -con las modificaciones precisas en el caso de mantenerlo- de su permanencia, siempre que suponga una mejora para el uso y disfrute de una playa urbana única en el mundo, al estar liberada de un respaldo edificado, especulativo y masificador. En opinión compartida con quienes además de usuarios tenemos alguna relación profesional con el urbanismo, se requerirían muy pocas inversiones para conseguirlo: un acceso fácil y controlado, un paseo de borde entre los aparcamientos y la arena que fácilmente se puede sobreelevar y en el que se integrarían kioskos -no tienen por qué ser restaurantes-, vestuarios, aseos y muy pocos servicios más, pero, eso sí, con un buen diseño y una ejecución cuidada que respondan a una correcta funcionalidad y a prestaciones adecuadas. Ganaría la ciudad, ganaríamos todos, no despilfarraríamos un dinero gastado y los responsables del Ayuntamiento podrían dar un ejemplo de entendimiento para que en la política municipal prevalezcan los intereses generales de los ciudadanos y no los de las formaciones políticas.