X
REF >

El REF pendiente otra vez

   

Imagen de archivo de una reunión de trabajo del Gobierno, sindicatos y empresarios en la VII legislatura. | DA

BEGOÑA AMEZUA | SANTA CRUZ DE TENERIFE

En los últimos cuatro años, el Gobierno, el Parlamento y los agentes económicos y sociales de las Islas, de forma insistente, reiteraron el discurso de la importancia de proceder con la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) para poder afrontar con garantías la salida de la crisis económica.
Se agotó la VII legislatura y el escenario resultante fue decepcionante. Gobierno, sindicatos y patronal mantenían la necesidad de las reformas mientras que los grupos parlamentarios se descolgaban con un documento, aprobado por unanimidad, que más bien puede definirse como una declaración de intenciones. Pero no para proceder con la modificación del REF sino para desarrollar el texto legislativo en vigor.

Recientemente, el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, se trasladó a Santa Cruz de Tenerife para asistir a la toma de posesión del presidente autonómico, Paulino Rivero, y aprovechó el momento para decir que el documento del REF estaba en manos del Ministerio de Economía y Hacienda y mostrar la voluntad del Gobierno estatal para estudiar las reivindicaciones canarias.

Sin embargo, la posibilidad de que se adelanten las elecciones generales hará que el expediente del REF en Madrid vuelva a paralizarse. Pero en esta ocasión, los tiempos juegan en contra de la Comunidad Autónoma porque paralelamente, en el seno del Parlamento y la Comisión europea, ya se han comenzado a mover los papeles para definir los presupuestos de la Unión Europea (UE) para el septenio comprendido entre 2014 y 2020.

La modificación del marco jurídico que regula actividad económica de las Islas, según algunas fuentes consultadas, debería estar realizado antes de 2013.

Con este apretado calendario institucional, entre los agentes económicos y sociales existe la creencia, más o menos generalizada, de que el documento de intenciones aprobado por el Parlamento canario, en la pasada legislatura, es una simpleza poco operativa para el momento actual.

Sin embargo, el análisis de los ciclos económicos canarios, según éstos, ha demostrado que, en esta materia, el ámbito institucional es decisivo.

En este contexto se justifica el planteamiento de los defensores de ligar el REF constitucionalmente, es decir, que se le dote del máximo nivel de protección en el ordenamiento jurídico español. Un argumento que ya fue recogido en el informe sobre las Regiones Ultraperiféricas (RUP), aprobado por la comisión mixta para la UE, en marzo de 2010, en las Cortes Generales.

En este sentido, entre los documentos barajados hasta ahora por los agentes económicos y sociales de las Islas, se expresa que la protección del Régimen Económico y Fiscal en el ordenamiento jurídico “ha de tener rango constitucional”.

Una aspiración que solamente se puede alcanzar desde la perspectiva del Estatuto de Autonomía, según esta línea de pensamiento que, por otro lado, no es nada novedosa pero que nunca se ha afrontado con decisión. El motivo, la falta de voluntad política

Sin embargo, este planteamiento tampoco ignora que el REF tiene que evolucionar en función de las necesidades de la sociedad. De esta manera se adapta a las nuevas realidades y, en particular, al marco de las políticas europeas y a sus directrices básicas, desde el punto de vista de su compatibilidad con la normativa europea.

Ayudas de estado

El anclaje constitucional del REF, a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, evitaría además que algunas de las medidas económicas y fiscales europeas, que se traducen en ayudas a la inversión, dejen de ser calificadas como ayudas de estado y, por lo tanto, de estar sometidas constantemente a la lupa de la sospecha de las autoridades europeas.

La línea asentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que una medida fiscal “pueda ser calificada territorialmente no selectiva y, por tanto, no sea considerada ayuda de estado”. Pero para ello se debe adoptar una decisión por alguna entidad, que “goce de autonomía” respecto al Gobierno del estado miembro.

Además esta autonomía debe ser entendida “desde la perspectiva institucional, procedimental y económica”. La posibilidad de que se pueda asumir dicha autonomía solo requeriría la “modificación” del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, sin necesidad de tocar la Carta Magna española.

Para llevarlo a cabo, el propio Tribunal de Justicia de la UE establece como premisa el cumplimiento de una serie de condiciones. Se trata de cuatro requisitos que, incluidos en un nuevo texto estatutario, permitiría a la Comunidad Autónoma regular en exclusiva el REF, sin depender del Congreso de los Diputados y el Gobierno estatal.

Imagen de archivo de una sesión plenaria del Parlamento. | DA

Uno de los efectos prácticos es que el Estado se vería obligado a cumplir con la inversión media estatal en las Islas. Hasta ahora este artículo del REF se ha incumplido porque la ley presupuestaria estatal está por encima del REF y su cumplimiento depende de la voluntad del partido político en el Gobierno.

El primero de los requisitos a cumplir para lograr el anclaje constitucional del REF, en base a la jurisprudencia europea, pasa porque la “normativa fiscal, a través de la que se introduce el beneficio fiscal de alcance territorial, debe ser aprobado por una autoridad territorial que, desde el punto de vista administrativo, cuente con un estatuto político, que la configure como una administración territorial de la del Estado”. Esto significa el Parlamento de Canarias.

El segundo dice que la norma que crea la ventaja fiscal debe ser elaborada y aprobada sin interferencias del Estado central y sin que éste pueda intervenir en su contenido. Así, para que pueda considerarse que una decisión que se haya adoptado en estas circunstancias lo ha sido en ejercicio de atribuciones lo suficientemente autónomas es necesario, en primer lugar, que sea obra de una autoridad “regional o local que, desde el punto de vista constitucional, cuente con un estatuto político y administrativo distinto” del Ejecutivo central.

Además debe haber sido adoptada “sin que el Gobierno central haya podido intervenir directamente” en su contenido.

El tercero dice que la legislación tributaria regional, para no ser selectiva, debe ser de aplicación general al conjunto de las empresas que operen en dicho territorio sin que existan criterios selectivos.
Y el último se trata de negociar la autoridad que asume el coste recaudatorio que se produce y las posibles compensaciones que se puedan dar en función de la decisión anterior.

[apunte]El Estatuto canario

Esta línea de pensamiento se ampara en la reforma del Estatuto de Autonomía que el Gobierno de CC y el PSC tiene en agenda pero que no se podrá llevar a cabo con el Ejecutivo estatal de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como reconoció el vicepresidente, Manuel Chaves, en su reciente estancia en Tenerife. Todo dependerá del resultado de los próximos comicios generales que, salvo sorpresas, harán al presidente del P, Mariano Rajoy, el próximo jefe del Ejecutivo. Ante este escenario, las pretensiones de las autoridades autonómicas no parecen muy sencillas.[/apunte]