X
Por Javier Godoy >

Empleados públicos y nueva legislatura

   

Ante el inicio de la nueva legislatura autonómica y una situación de crisis que no parece remontar, asistimos a un recrudecimiento del debate sobre los supuestos privilegios de los que, según algunas versiones interesadas, disfrutan los empleados públicos. Desde los foros empresariales, e incluso desde instancias políticas, se envía a la opinión pública el mensaje sobre la necesidad de una reducción del tamaño de las administraciones canarias. Pero para que el ciudadano pueda hacerse una idea de cuál es la verdadera dimensión de la administración pública en las Islas, lo razonable es comenzar por los datos oficiales. Así, para una población canaria de 2.118.519 de habitantes, contamos con 129.000 empleados públicos, lo cual supone una ratio de un empleado público por cada 16,4 habitantes. Si la cifra parece alta, el lector debe saber que no lo es si la comparamos con los países de nuestro entorno. Así, en Francia y Bélgica hay un empleado público por cada 12 habitantes y en Finlandia uno por cada nueve. Es decir, el volumen de las administraciones públicas canarias se sitúa muy por debajo de alguno de los países más prósperos de Europa. Añádase a eso la condición fragmentada de nuestro territorio que obliga a reiterar algunos servicios públicos.

Pero, además, tan solo el 11,77% de la población activa canaria es de empleados públicos, lo que es lo mismo que decir que el 88,23% no lo es. En ese sentido, tiene poco fundamento pretender atemorizar a la opinión pública afirmando que el número de empleados en el sector público es superior al de empleados en el sector turístico, pues habría de indicarse a continuación por qué tiene que ser de otra manera. Tan sólo por lógica se deduce fácilmente que los servicios que prestan las administraciones públicas a los ciudadanos son muy superiores en número a los servicios que presta nuestra industria turística. Y eso es así porque las administraciones no sólo sirven a los residentes, sino también a los turistas que nos visitan, a los que proporcionan un entorno de seguridad sin el cual nuestra industria turística no podría florecer. Por este motivo es necesario que el nuevo Gobierno canario se interese por alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para unos servicios públicos sostenibles, que pase por la transparencia, la eficacia, el redimensionamiento del gasto público y la mejora de los ingresos. Esto no sólo repercute en el bienestar de nuestros residentes, sino también en la seguridad de los turistas que nos visitan. Además, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos es una exigencia constitucional irrenunciable que debe formar parte del sustrato cultural de las administraciones públicas. Por ello, la evaluación de los resultados debe ser una constante de todos los agentes implicados en la gestión, lo cual puede conseguirse a través de la gestión participativa, la implicación de los empleados públicos en el logro de una mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos y el establecimiento de incentivos. La solución ha de pasar por afrontar seriamente la cuestión de la eficacia de las administraciones, pero jamás por lanzar globos sonda a la opinión pública sobre la necesidad de reducir el número de empleados. Como ya dijimos, el número de empleados en Canarias está muy lejos aún de países con amplia tradición democrática. Mala solución sería que, por meter la tijera, nos encontráramos con un empleo público propio de países que no son homologables al nuestro.

*Secretario de Área Pública y Empleo de CC.OO. en Canarias