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Por Juan Carlos Sánchez Reyes >

Honduras: negociación obligada

   

Tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya hasta la llegada al poder de Porfirio Lobo en noviembre de 2009, Honduras padeció una profunda crisis social y política. La pérdida de credibilidad económica, el aumento del desempleo, la caída de las divisas en forma de remesas, las reiteradas violaciones a los derechos humanos y, como consecuencia, el agravamiento de la desconfianza interna, disparó todas las alarmas en un país que ocupa el primer lugar en homicidios en Centroamérica, con 58 al año por cada 100.000 habitantes, seguido por El Salvador con 52 y Guatemala con 48, según un informe reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El efecto inducido por esta inestabilidad institucional sirvió para que organismos multilaterales como el FMI retiraran su apoyo a una de las naciones más pobres de América Latina que, pese a los efectos de la crisis financiera internacional, comenzó a partir de 2011 a dar señales de recuperación y de volver la normalidad de manera paulatina.

De momento, las exigencias que la comunidad internacional ha planteado a Lobo para que acometa un riguroso plan de ajuste han surtido efecto. En este sentido, el anuncio hecho recientemente por el Banco Central de Honduras (BCH) de que se realizarán reformas del sistema tributario, además de la introducción de gravámenes a los dividendos y a la importación de algunos productos, supone en lo económico reducir la deuda pública del país por debajo del 30% del PIB, que actualmente asciende a unos 1.500 millones de dólares.

Por tanto, Lobo debe enfrentar dos cuestiones prioritarias: recuperar la confianza internacional mediante la ratificación de tratados de libre comercio y ajustar sus cuentas públicas para reducir el déficit. Por el momento, la decisión de Honduras de participar en la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea, así como de consolidar los beneficios de un acuerdo similar entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU., confirman que la capacidad de maniobra del gobierno comienza a ser cada vez más creíble en un mundo ineludiblemente interconectado.

En paralelo a los esfuerzos de contención del gasto que tendrá que hacer el ejecutivo, Honduras necesita urgentemente poner en marcha medidas significativas para frenar el deterioro del bienestar y la seguridad de un país donde la impunidad pesa más que la ley; la desidia pública funciona mejor que la responsabilidad del Estado y el derecho a la vida fracasa frente a la cultura de la muerte.

No es extraño entonces que, al igual que en México, en Honduras la corrupción policial esté íntimamente relacionado con las extorsiones de los poderosos carteles de narcotráfico.

Como solución, algunos analistas sugieren crear equipos de auditoría independientes para supervisar a las fuerzas policiales que en lugar de combatir la violencia, los secuestros y otros problemas de seguridad que azotan el país, protegen a los criminales o están involucradas directamente en actos delictivos. El peligro es tan grande y está tan enraizado en la sociedad hondureña que el país necesita un esfuerzo integrador de la magnitud del que han realizado naciones como Gran Bretaña y Estados Unidos con iniciativas como la Comisión Independiente de Quejas Policiales de Inglaterra, o grupos similares en ciudades como Los Angeles o Miami, los cuales trabajan con mayores poderes investigativos a la hora de emplazar judicialmente a testigos y culpables, además de contar con mayor influencia a la hora de exigir cambios en las fuerzas del orden.

¿Bastará sólo con esto para reducir la criminalidad en Honduras? Por supuesto que no. Concretamente, algunos países, a través de tratados de cooperación, han puesto especial énfasis en las condiciones necesarias para que los más jóvenes puedan acceder a la educación en vez de verse obligados a asesinar. De ahí que el gobierno de Lobos se haya comprometido a mejorar los niveles educativos, pero, sobre todo, implicar a todos los sectores del país para acabar con la meritocracia profesional y la impunidad del poder político. mDe esta forma, podrá no sólo infundir confianza a la comunidad internacional en su compromiso de financiar un plan de seguridad para la región que asciende hasta 2.045 millones de dólares, que se desembolsarán en los próximos cinco años, sino también demostrar a entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que Honduras fue suspendida tras el golpe de Estado de 2009, que el deseo de paz comienza a calar en las instituciones y en la sociedad hondureña, que tras décadas de violencia y desgobierno, reclama ahora sensatez y diálogo.

El gobierno hondureño deberá hacer saber también a gobiernos como el de Estados Unidos que cualquier acuerdo tendrá en todo caso que respetar el marco de colaboración entre ambos países, a fin de que se persiga con mayor contundencia a las mafias y los carteles de distribución de droga dentro del propio territorio norteamericano, quienes proveen a través del contrabando con armamento pesado a los carteles de narcotráfico.

En cualquier caso, la unidad de los demócratas es una cuestión imprescindible para que Honduras supere la crisis económica y política que sufre el país, generadora de una enorme incertidumbre en los mercados internacionales.

Será muy importante que el pueblo, los estamentos del Estado y los grandes partidos políticos tradicionales estén muy vigilantes ante las nuevas reformas constitucionales que se proponen desde la clase política hondureña para impedir la reinstalación en la presidencia de Manuel Zelaya en las próximas elecciones generales, a celebrarse en 2014, decidido a hacerse reelegir a cualquier costo a través de su nuevo partido, el Frente Amplio de Resistencia Popular, con el fin de forzar al país a la instauración de un sistema que liquida la separación de poderes y entroniza el caudillismo. La nueva fuerza política propuesta por Zelaya, que dice estar basada “en el poder popular”, se propone gobernar el país durante los próximos 50 años. Zelaya representa no sólo el pasado, sino una realidad presente en la sociedad hondureña, y que aún puede hacer mucho daño en sus previsibles intentos de echar abajo cualquier iniciativa positiva a favor de la estabilidad del Honduras.

Por ello, el nuevo gobierno, provisto de la legitimidad que genera un proceso democrático y la presencia de un verdadero estado de derechos, debe evitar que la violencia y la pobreza, los dos grandes flagelos que castigan al país, continúen aumentado dramáticamente, en beneficio de los que buscan pescar en río revuelto.