X
GÜÍMAR >

La Justicia ratifica el cierre municipal de una arenera

   

VICENTE PÉREZ | GÜÍMAR

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia que ratifica el precinto de la cantera de áridos El Fregenal decretado por el Ayuntamiento de Güímar al considerar que se trataba de una actividad ilegal y perjudicial para el paisaje y el desarrollo del municipio, según informó a este diario el alcalde, Rafael Yanes

Los magistrados de lo Contencioso Administrativo del TSJC han desestimado así el recurso presentado por los propietarios de la cantera contra su cierre. Esta sentencia corrobora que la explotación El Fregenal carecía de licencia de apertura, así como de autorización para explotar los áridos. También subraya que el aprovechamiento de este material está actualmente prohibido en tanto no se desarrolle el planeamiento correspondiente.

El alcalde opinó que con esta nueva resolución judicial “se ha hecho justicia con el pueblo de Güímar, pues los areneros han causado daños irreparables en el paisaje de nuestro municipio y han obligado a muchos agricultores a abandonar sus terrenos, por lo que seguiremos luchando por frenar esta actividad ilegal que llevan desarrollando durante más de cuarenta años”.

Yanes aseguró que se van cumpliendo los pasos que se ha marcado para acabar con lo que tacha de “monumento a la codicia humana”. “Primero, precintar las canteras; segundo, calificar el terreno como agrícola, y para eso tenemos ya el compromiso del Cabildo; tercero, redactar un proyecto de restauración del paisaje y del barranco , y, por último, ejecutarlo con cargo a las empresas que han causado este daño”, detalló el regidor.

El mandatario abundó en que que está a la espera de que el Cabildo lleve a cabo los acuerdos plenarios alcanzados en 2008 y 2010, en los que se autorizaba la modificación del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) en el ámbito extractivo de Güímar. De esta manera se sustituiría el actual plan extractivo por otro de restauración del paisaje y canalización de los barrancos. Esto supondría calificar como zona agrícola los cuatro millones de metros cuadrados que se han visto afectados por la extracción ilegal de áridos durante 40 años.

En cuanto a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide al Ayuntamiento cobrar un gravamen a estas industrias, el gobernante sureño indicó que se trata de una resolución judicial sin consecuencias, porque surge a raíz de un litigio planteado cuando estaba vigente un plan especial aprobado por el Gobierno canario, que ya no tiene aplicación dado que ahora la ordenación de esta zona se regulará por un plan territorial en desarrollo del PIOT.