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Por Jaime Rodríguez-Arana* >

Las agencias de rating

   

as agencias de rating tienen la función de calificación y de valoración de los riesgos de impago y del deterioro de la solvencia de un emisor de títulos o productos financieros en general. Es decir, son instituciones de las que se debe presumir amplios espacios de objetividad y racionalidad en sus notas, en sus calificaciones. Algo que, ni mucho menos está garantizado pues son instituciones sujetas a beneficios, lo que obviamente empaña la necesaria imparcialidad que debe recubrir sus decisiones.

En sí mismas, son instituciones que juegan un papel decisivo en orden a la necesaria confianza que debe reinar en el sistema económico imperante. Su función es de interés general pues realizan actuaciones consistentes en la calificación y valoración, por ejemplo, de la calidad de la deuda de un Estado, de una empresa, de un determinado producto financiero. Influyen, pues, de manera determinante, lo estamos comprobando estos días, en la vida de los mercados de valores de todo el mundo.

Las agencias de rating son instituciones privadas que han gozado hasta el momento de un prestigio procedente del propio mercado. Al ser instituciones privadas obtienen ganancias con su actividad, lo que se compagina bastante mal con el nervio de su actividad pues pueden alterar, con sólo enviar ciertas valoraciones o calificaciones al mercado, los valores de las empresas, hasta de la deuda de un Estado en poco tiempo. Lo más grave: hasta el momento no responden de sus errores y el sujeto pasivo de la calificación no dispone de posibilidad alguna de defenderse. Sus veredictos son inapelables. Algo ciertamente que tampoco se compagina bien con un Estado de Derecho.

Las últimas decisiones de algunas de estas agencias, que están en la mente de todos, invitan precisamente a pensar su funcionalidad y su régimen jurídico. Siendo, como es, su tarea de evidente interés público quizás su conformación y estructura debiera ser pública con integrantes de reconocido prestigio profesional cuyas retribuciones no dependan de los beneficios alcanzados por estas peculiares empresas privadas. Cosa importante es que las propuestas para la integración de estos entes de evidente interés general salgan de instituciones de prestigio en materia económica pues si se deja en manos de los partidos políticos o de los centros de decisión económica y financiera tal asunto, la independencia y autonomía de estas agencias probablemente, como ocurre con tantos entes reguladores, quedaría en entredicho.

El comisario europeo de mercado interior y servicios Barnier acaba de anunciar que va a iniciar una investigación acerca de las calificaciones emitidas por las actuales agencias en relación con la deuda de algunos países europeos. Investigación a la que sigue la amenaza de constituir una agencia europea de calificación que sería pública obviamente. La polémica está servida. Los fundamentos del actual sistema económico y financiero, cimentados en el lucro, en la maximización del beneficio, parece que deben ser remozados o sustituidos por pilares sólidos que garanticen racionalidad, objetividad. Las agencias de calificación deben mudar su régimen así como otras instituciones del sistema económico que han funcionado deficientemente porque su imbricación con el ánimo de lucro puede hacerles perder la objetividad necesaria para realizar tareas de interés general.

Para ello estas instituciones de interés general han de ver transformado sustancialmente su régimen jurídico, la forma de selección de sus integrantes, debe estar claro el sistema de control de sus decisiones y la forma de responsabilidad. No puede ser, de ninguna manera, que todavía subsistan agencias, entidades irresponsables que, además de actuar en un evidente ámbito de interés general, sigan sometidas a la regla del lucro.

Estamos asistiendo al intento de supervivencia del antiguo régimen en materia económica y financiera. Es hora ya de democratizar también el mercado. Las resistencias son fuertes porque el miedo a perder la hegemonía hace acto de presencia con inusitada potencia. La ciudadanía, que empieza a mostrar poco a poco su indignación, reclama instituciones que funcionen con reglas claras, con sistemas de control y de responsabilidad regulados en normas jurídicas. ¿Por qué la UE tarda tanto en cargarse un sistema obsoleto que sirve en bandeja a unas minorías el control de la deuda soberana de los Estados a base de especular y especular?

*Catedrático de derecho administrativo. Jra@udc.es