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POR LEOPOLDO FERNÁNDEZ >

Sobre debates, despedidas y mentiras

   

Con la mirada de refilón puesta en el registro de la Sociedad General de Autores de España, la impopular SGAE, y la posterior detención de algunos de sus principales directivos, con el grancanario Teddy Bautista a la cabeza, la semana que hoy concluye ha cerrado un nuevo debate sobre el estado de la nación. De él cabía esperar mucho pero no aportó nada… o casi nada, ni despejó ninguna de las incertidumbres políticas y económicas del momento; si acaso, ofreció “un recuento de bajas y de daños imposible de camuflar en la retórica de brotes verdes y juegos florales socialistas”, como apuntó con agudeza un colega madrileño. Si la economía es el termómetro del estado de la nación, ésta se encuentra, más que grave, muy grave; pero, en vez de tratar de salvarla, Zapatero y Rajoy -éste vencedor por vez primera en un debate con Zetapé- volvieron a enzarzarse en sus ya habituales rifirrafes, dejando de lado los altos intereses nacionales en juego.

La urgencia de algunas reformas, la revisión de otras que se revelaron inoperantes y la necesidad de grandes sacrificios y esfuerzos -que nadie quiere reconocer en tiempos de mudanza electoral- para apuntalar la débil estructura económica del país, no parecen razones suficientes para concitar un mínimo sentido de la responsabilidad entre los dos grandes partidos nacionales. Antes que construir proyectos en común y afrontar tan graves dificultades, prefieren desgastarse dialécticamente y lanzarse todo tipo de improperios y descalificaciones Da igual que la ciudadanía les reclame que compartan unas políticas con las que tratar de combatir la crisis en busca de la ansiada recuperación económica y el repunte del empleo; la incapacidad de PSOE y PP, de PP y PSOE, para el diálogo y el entendimiento a lo largo de toda la legislatura, e incluso durante toda la anterior, ha sido y sigue siendo un lastre tremendo para la resolución de los principales desafíos nacionales.

Lo que sí quedó meridianamente claro al término del debate es que el PSOE tiene dos muletas con las que puede ayudarse para concluir la legislatura sin mayores dificultades: Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. Ambas formaciones están dispuestas a sacar la mayor tajada política y económica posible a cambio de actuar como comparsas del partido en el poder y éste -ya lo ha demostrado, sobre todo con el PNV- se muestra dispuesto a pagar el precio que sea con tal de que Zapatero siga al frente del Gobierno -en un despedirse sin irse, en un me voy pero me quedo- hasta el término de la legislatura… o hasta que el candidato Rubalcaba, que a estos efectos tiene la última palabra, lo considere conveniente. De modo y manera que en pocos días veremos a los dos nacionalismos periféricos -y si hace falta, también CiU, todo es cuestión de precio, como se vio con los hospitales públicos catalanes- decir amén en el Congreso de los Diputados al tope de gasto fijado para las autonomías y más adelante, si no se disuelven las cámaras para el adelanto electoral, a las grandes cifras que enmarcarán los próximos Presupuestos del Estado. Poco importa si éstos los va a gestionar o no el Partido Popular, según resulten las elecciones generales; los socialistas están dispuestos a apurar todo lo que sea con tal de contentar a sus socios políticos y pagar los favores que quedan por el camino antes de apagar la luz y, entonces sí, marcharse.

Claro que, a la hora de adoptar las decisiones más trascendentes -esas que exige la hoja de ruta de la Unión Europea para que la economía española resista, el euro aguante y no se venga abajo el ya desvencijado aparataje que sostiene a la Unión Europea-, el propio Zapatero ha sido más que renuente y ha preferido, en connivencia con los sindicatos pastueños, unas reformas menores, para salir del paso, en plan light, con su consiguiente ineficacia, y que por desgracia no llevan consigo el mensaje de tranquilidad y confianza que demandan los mercados y los organismos económicos internacionales. Así ha sucedido con todo lo que afecta al marco laboral y sus históricas rigideces neofranquistas, el mercado dual, las contrataciones, la flexibilidad interna de las empresas, el trabajo a tiempo parcial, los convenios colectivos, el arbitraje vinculante, la productividad, las pensiones, o la falta de liquidez de empresas, autónomos y familias a cuenta de los compromisos de la banca con el Gobierno y sus copiosas deudas exteriores. Los esfuerzos que había que haber emprendido con empeño, decisión y valentía, para rebajar las escandalosas cifras de paro, se han quedado por el camino y otro Gobierno tendrá que ponerlos en marcha, aun a costa de una inevitable contestación social, si es que no queremos acabar intervenidos, como Grecia, Irlanda o Portugal o, en otro caso, hundidos cada vez más en el mar del desempleo y la recesión.

El realismo de Durán-Lleida

En estos asuntos las decisiones zapateriles han sido lamentables, desde la inadvertida llegada de la crisis a su diagnóstico y las medidas implementadas para combatirla. Se aprobaron las tímidas y tardías reformas porque había que salvar las urgencias comunitarias, y ahora recogemos su fracaso; basta con testar la evolución de la economía para comprobar el fiasco de tanta tibieza.

El jefe del Gobierno dejó claro en el debate sobre el estado de la nación que, además de seguir hasta que quiera, mientras constitucionalmente pueda hacerlo -y puede hasta finales de marzo-, no impulsará nuevas reformas, que pasan así al zurrón político del PP. Se comprende que Zapatero no desee marcharse entre protestas y disconformidades ciudadanas y que tampoco quiera dejar al candidato Rubalcaba en medio de un conflicto social. Bastante descalabro ha sufrido el PSOE en las recientes elecciones autonómicas y municipales -por sus propios méritos, pero también a causa de la crisis económica, todo hay que decirlo- como para volver a estas alturas sobre sus pasos y rectificar cuando la credibilidad de sus dirigentes está por los suelos y la permanencia en el poder toca a su fin, según todas las encuestas.

No sé si ese afán de resistirse a dejar La Moncloa, que tan insistente como inútilmente le reclama Rajoy, podrá beneficiar a Rubalcaba. Pero parece claro que, con todas las encuestas en contra y pudiendo “arreglar algunas cosas” en los próximos meses, entre ellas alguna novedad relacionada con la organización terrorista ETA, el PSOE prefiera retrasar las elecciones para darse tiempo y ayudar al candidato.

La salida de éste del Gobierno le restaría impacto mediático y forzaría si fuera ahora una minicrisis para nombrar sustituto -se habla del secretado de Estado Camacho pero también de la posible fusión de Interior con Justicia-, algo que a Zapatero no parece gustarle por considerarlo prematuro. Pero, no hay un solo argumento político que justifique la terminación de la legislatura en marzo, cuando todos los datos económicos están en contra, el Gobierno se halla en franca descomposición y no existen reformas importantes que llevar al Congreso, aunque el presidente hable de 36 leyes pendientes. Sólo una EPA coyunturalmente favorable justificaría, según algunos politólogos, el adelanto electoral al 27 de noviembre, fecha que circula con profusión en los mentideros madrileños.

Los guiños a los indignados, que ya se han recogido en algunas de las resoluciones finales del debate, y los gestos hacia la izquierda política y sociológica van a ser una constante durante las próximas semanas.

Se trata de recuperar viejas identidades, progresismos alicaídos y programas que se guardaron en la gaveta para poder poner en marcha congelaciones de salarios y pensiones, esa parafernalia que Rajoy denomina “el mayor recorte social de la democracia”.

Creo que Durán-Lleida, el portavoz de CiU, estuvo, una vez más, brillante y oportuno, al proponer soluciones viables y alternativas válidas ante los devaneos de PSOE y PP: un pacto de salida de legislatura, con elecciones en otoño, y tres objetivos claros: fomento del empleo, inyección de liquidez a la economía y estabilización de la Administración antes de preparar su reforma.

De sus aportaciones y de cierto y raro espíritu de consenso salieron luego algunos acuerdos -que a mi juicio se quedan cortos, pero son un buen punto de partida- sobre impago de hipotecas y adelanto de dinero por parte del ICO a empresas acreedoras de los ayuntamientos, a cambio de parte de las facturas no pagadas. Tanto el PSOE como el PNV y CC sacaron adelante las mociones que les convenía, certificando así su buen entendimiento.

Por cierto, la intervención final de la diputada Ana Oramas fue llorona y desafortunada, por su excesivo tono edulcorado y por las alusiones de carácter personal que resultan innecesarias y dichas en momento y lugar inadecuados. Se han cebado con ella en algunas televisiones y en periódicos digitales, pero las intervenciones empalagosas suelen producir sonrojo ajeno y ridiculización con escarnio.

‘El Día’, contra Paulino Rivero

Una de las resoluciones aprobadas a CC se refiere a la constitución de una comisión mixta Canarias-Gobierno para tratar de ampliar el número de frecuencias atribuidas a Canarias en el espectro radioeléctrico. Tras el reciente fallo del concurso que adjudicó provisionalmente 156 licencias de radio de frecuencia modulada -de las que quedaron excluidas cadenas como Onda Cero, la SER y Punto Radio, además de empresas de comunicación como DIARIO DE AVISOS y El Día, entre otras-, ese acuerdo parlamentario parece que viene a tratar de enmendar una resolución que ha sido muy discutida, ya que beneficia preferentemente a tres sociedades, una de ellas peninsular y otra de Las Palmas, que acaparan la mitad larga de las concesiones radiofónicas. Con independencia de los eventuales recursos que procedan en Derecho y las reclamaciones a que dará lugar dicho fallo, a los pocos días de conocer éste el periódico El Día se lanzó en tromba contra el presidente del Gobierno en lo que tiene toda la pinta de un actitud deliberada como respuesta a la exclusión de su empresa editora de la relación de agraciados con alguna de las adjudicaciones.

Aunque el tema está al cabo de la calle, no voy a citar aquí, por irreproducible, la retahíla de descalificaciones y ataques contra Paulino Rivero, presidente del Gobierno, y su familia, cuyo buen nombre ya han anunciado que el Gobierno y ellos mismos defenderán en los tribunales; yo también he sufrido, como algunos compañeros periodistas y no pocos políticos, incluso partidos e instituciones como el Parlamento de Canarias, otras acometidas de corte parecido por el simple hecho de discrepar de la línea editorial de ese periódico. Pero ahora la actitud de El Día resulta más deleznable en tanto se sirve para sus invectivas de un panfleto apócrifo sobre pretendidos negocios de la familia de Rivero en México, que debería haber sido contrastado con quien puede arrojar luz sobre él, para cumplir así la primera y más elemental regla del periodismo responsable: servir a la verdad. Es cierto que los dirigentes políticos están sometidos al escrutinio público y que los periodistas debemos denunciar las opacidades, los abusos de poder y la ocultación de actividades irregulares en aras de la buena salud de la democracia. Pero lo que en modo alguno resulta admisible es que en esa tarea el informador u opinador -en este caso, además, editor y propietario del periódico- utilice documentos falsos de toda falsedad, como ha quedado probado, para tratar de desacreditar a la primera autoridad de Canarias. Los derechos a la información y a la libertad de expresión no son absolutos sino que vienen limitados por los principios éticos fundamentales -que obligan a la objetividad, la veracidad y la imparcialidad- y las leyes -que por su parte exigen el respeto al honor, la fama, la dignidad, la vida privada y los derechos constitucionales de cada cual-. Si, como es el caso, una denuncia no cumple el canon de veracidad, lo que produce es una situación perversa porque genera nuevas mentiras en una escalada sensacionalista que viola los preceptos morales, los principios básicos del periodismo y hasta el derecho de defensa del ofendido, en este caso el presidente Rivero y su familia, ya que se le niega la obligada rectificación que exigen las leyes vigentes. Una cosa es la crítica, que se funda en la libertad y el derecho a la discrepancia, y otra el exceso verbal o escrito. Por eso conviene que se haga Justicia y que cada palo aguante su vela.