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El análisis > Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

Sobre dimisiones e infamias

   

Ha sido la semana de las dimisiones y de la infamia. Dimisiones a medias, ya que Casimiro Curbelo no ha abandonado la presidencia del Cabildo de La Gomera y Francisco Camps su condición de diputado autonómico. Al margen de la presunción de inocencia a la que todo quisque tiene derecho, cuando, ocupando cargo oficial, se protagoniza algún acto inadecuado y se asumen responsabilidades políticas, éstas deben alcanzar a todo el ámbito de lo público, no sólo a una parte, la que más convenga. Quiero decir que Curbelo, que ya abandonó su condición de senador, del mismo modo debe dimitir de la corporación insular y de la secretaría insular socialista, como respuesta más consecuente ante la opinión pública, ante sus votantes, ante su partido y ante las respetables instituciones que encabeza. Y Camps, que renunció a las presidencias de la Generalitat valenciana y del PP regional, debe dejar también, por sentido democrático, su escaño de diputado autonómico. Si alguien es indigno para ocupar un cargo público, por extensión lo es también para ocupar otros del mismo tenor, más aún si llevan aneja la consideración de autoridad.
Cuando se es representante de la soberanía popular, la ejemplaridad debe formar parte inexcusable del código de conducta. Y ya puede uno envolverse en la bandera del respaldo por los votos recibidos o en que determinados asuntos que luego trascienden a conocimiento de la ciudadanía tienen carácter privado; en un país democrático, ni un solo voto ni millones de votos absuelven a nadie de la asunción de responsabilidades políticas -las penales las dirá en su momento, si procede, la autoridad judicial competente-, y se ponga como se ponga Curbelo, y diga lo que diga Jerónimo Saavedra, un dirigente público debe ser como la mujer del César, honrado y parecerlo, en su vida pública y también en la privada, ya que sus bolsillos y sus comportamientos han de ser transparentes como el cristal. Acudir a un club de alterne, solo o acompañado de su hijo, puede ser, en todo caso, una ligereza que en sí misma jamás debe dar lugar a ninguna dimisión. Pero resulta muy grave ir más allá para, con algunas copas de más, situarse en medio de una trifulca con policías sin ser capaz de mantener la compostura, haciendo además ostentación de la condición de senador y lanzando frases y amenazas irreproducibles y puede que delictivas.
Si fuera cierto todo lo que se ha publicado sobre el caso, cuesta creer que Curbelo haya llegado tan lejos, aunque es bien sabido que los excesos alcohólicos -y no ha sido el primero protagonizado por el exsenador-, a menos que se trate de una conspiración policial en toda regla como afirma el afectado, pese a que los cinco policías firmantes supieran que, como es preceptivo, unas cámaras de la comisaría grababan en vídeo el incidente. Si, como anticipa un sindicato policial, la cinta recoge la violencia y los insultos que se atribuyen al hoy presidente del Cabildo, ya puede Casimiro Curbelo salir corriendo de la Isla y hasta de Canarias porque habrá quedado en tal caso a la altura del betún, convertido en un vulgar y mentiroso camorrista. Preferiría que pudiera lavar su nombre, pero de momento parece que le ocurre como al impresentable Camps: que nadie le cree pese a haberse pasado más de dos años diciendo que se compró los trajes y que es “inocente, absolutamente inocente”.
Ya pueden los órganos centrales del PSOE echar ahora balones fuera, y solidarizarse con Curbelo el PSC y su hijuela gomera para salvar los muebles políticos en esa Isla; el escándalo ha sido de tal magnitud que nadie da un duro por su continuidad, con o sin presiones de Ferraz y, más en concreto, del equipo electoral de Rubalcaba, que tal vez buscaba un chivo expiatorio con el que camuflar el caso Faisán; un asunto que obviamente sigue y seguirá sobrevolando al ex ministro durante mucho tiempo, como a su sucesor Camacho. ¿Qué tienen que ver, por cierto, las detenciones de parte del aparato extorsionador de ETA semanas después del chivatazo policial, a las que se agarra Rubalcaba, con las responsabilidades políticas que deben asumir el hoy candidato socialista y su sucesor en Interior, en su condición de jefes de los tres policías procesados -entre ellos el director general de la Policía y la Guardia Civil- por, según el juez Ruz, colaborar con la banda terrorista y anunciarle una operación preparada durante años y que buscaba la inmediata detención de varios de sus miembros? ¿Cómo se puede considerar poco menos que bobería un acto de tanta gravedad y tratar de justificarlo con el argumento de que no se quería perjudicar el ‘proceso de paz’? ¿Será tan legal como eso de la contaminación de las togas con el “polvo del camino” al que aludía el fiscal general del Estado?
Pero volviendo a las dimisiones, la de Camps puede parecer que ha calmado las aguas en el seno del Partido Popular, pero conviene precisar que se trata del primer acto de una serie de procesos que afectan al funcionamiento de esta formación política en Valencia, Alicante y otros lugares de la Comunidad Valenciana, a través del caso Gurtel, que involucra a dirigentes populares y al propio Camps, de quien se ha dicho por dirigentes del PP que ha hecho un gran “sacrificio personal” y un acto “muy meritorio” al presentar su dimisión. ¡Hay que estar en Babia o no ver sino con ojos muy, pero que muy, partidarios para no advertir que Camps no debió presentarse nunca a las últimas elecciones y que su marcha de la política tuvo que haberse producido hace muchos meses! ¿Es que pensaba seguir en la presidencia valenciana pese a estar imputado y en espera de juicio? ¿Acaso se proponía continuar al frente de la Generalitat tras declararse conforme con una sentencia condenatoria que, por ende, le marcaría ya con antecedentes penales? Oficiosamente se dijo que acudiría al Juzgado junto con los otros tres acusados, pero Ricardo Costa se habría vuelto atrás a última hora, dejando a Camps sin otra salida que la dimisión; para no sentarse en el banquillo y pagar solamente una multa deberían confesarse culpables los cuatro imputados de cohecho pasivo impropio, es decir, de realizar un acto justo y legal que debería efectuarse correctamente, no por dádiva (los famosos trajes u otros regalos) ofrecida en consideración a su cargo.
Lo curioso del caso es que Camps -hasta sus adversarios lo reconocen- es una persona honrada, austera en su vida privada, sencillo en sus costumbres, y existe coincidencia general en que nunca ha metido la mano en la caja; pero algunas personas cercanas a él le influyeron negativamente, en especial al presentarle a personajes aprovechados como El Bigotes y otros que trabajaban para el PP hasta que Rajoy los echó de Génova tras conocer sus mañas con tramas corruptas, regalos e influencias ante autoridades y dirigentes partidarios.
Si hubiera rechazado algunos presentes que le enviaron, a él y a otros políticos del PP, estos impresentables para ganarse el favor de nuevos contratos de las Administraciones valencianas, y Rajoy no le hubiera apoyado tanto desde que estalló el escándalo Gurtel, en febrero de 2009, Camps no habría tenido que optar esta semana por dejar el cargo presidencial o cubrirse de indignidad y oprobio y declararse culpable.
Cuando pasan estas cosas, la política pide a gritos gestos y actuaciones que la dignifiquen. Hace mucho tiempo que la vida pública reclama nuevas formas de actuación, empezando por un saneamiento ético que impregne el comportamiento de los partidos políticos, para que recobren el vigor, la transparencia y la cercanía que han perdido. Lamentablemente, siguen tratando de asegurarse, por encima de todo y como si se una oligarquía se tratara, el poder y su control burocrático, banalizando el verdadero fin de las instituciones y haciendo caso omiso de determinadas formas de corrupción y de ese “gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo” que preconizaba Lincoln como remedio al despotismo ilustrado. En tal sentido, ¿cómo no calificar de infamia lo ocurrido esta semana en el Parlamento de Canarias? ¿Cómo no considerar una rémora para la democracia el ninguneo de la minoría que representan NC y el PIL a la hora de formar las presidencias de las distintas comisiones de la cámara? CC, PP y PSC se han repartido -cinco cada uno nacionalistas y populares y tres los socialistas- el pastel representativo; para mayor escarnio, José Luis Perestelo presidirá, en nombre de CC en vez de hacerlo alguien por la oposición, la comisión de control de la RTVC, aunque aquí el PP votó en contra y los tres del Grupo Mixto lo hicieron en blanco. Si este es el consenso que anunció el presidente Rivero y apoyó incondicionalmente el vicepresidente Pérez, ya sabemos lo que nos espera…
Pero si lamentables son estos comportamientos de apisonadora, lo que ha ocurrido con la designación de los senadores por la comunidad autónoma merece todas las reprobaciones, aunque goce de un respaldo de legalidad que nadie discute, porque equivale a devaluar y banalizar al Parlamento, la institución más respetable de todas las de Canarias. Un sistema de votación perverso, que responde a criterios de proporcionalidad aunque obvia el pacto y el consenso al permitir que cada grupo parlamentario vote a su propio candidato, ha llevado a la cámara alta a Josefa Luzardo (PP), Miguel Zerolo (CC) y Domingo Fuentes (PSC).
No discuto el fondo de la cuestión, sino las formas, y añado que tampoco estoy de acuerdo con la designación de Zerolo, a quien conozco desde hace más de 35 y con quien he compartido amigablemente, y gustosamente, ratos estupendos y conversaciones muy gratificantes.
Pero una cosa es la amistad y aun el afecto personal y otra la responsabilidad e independencia de criterio del periodista a la hora del comentario. Por eso afirmo que Zerolo no es la persona más idónea en estos momentos para representar a Coalición Canaria en el Senado, al pesar sobre él la acusación de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con el caso Las Teresitas. Presunciones de inocencia al margen, estoy convencido, absolutamente convencido, de que Zerolo no ha participado en ningún contubernio, conspiración o pelotazo en relación con Las Teresitas, ni que en consecuencia se haya beneficiado por las actuaciones municipales sobre la playa. La Fiscalía puede imputarle los delitos que considere oportuno, pero será en el juicio, y sólo en el juicio, donde, con pruebas irrefutables en la mano -porque es cierto que el mal llamado tribunal de la opinión pública ya le ha condenado-, se tendrán que demostrar las acusaciones. Personalmente dudo de que tal cosa llegue a suceder, aunque administrativamente puedan existir ciertas reservas de legalidad sobre los acuerdos municipales correspondientes.
Produce cierto sonrojo que los nacionalistas se empecinen en proteger a Zerolo con el manto del aforamiento, empezando por el de diputado regional, incluso que él mismo lo acepte cuando tantas veces ha solicitado que se le juzgue cuanto antes, para acabar de una vez con el calvario de seis largos años de investigación. El fuero senatorial no va impedir que el caso siga adelante; todo lo más hará que se retrase y se vea en el Tribunal Supremo, pero los acusadores podrán continuar practicando pruebas y desenredando la madeja que pudiera haberse tejido sobre el asunto. Creo que Zerolo hubiera hecho mejor en dejar el Parlamento -donde, por cierto, no se ha distinguido por su dedicación y trabajo- y concentrar esfuerzos en la preparación de su defensa, de su buen nombre y de sus intereses personales y profesionales.
Cargarle con este asunto a Coalición Canaria, trasladarlo luego a la cámara legislativa y que ésta, a través de los partidos en ella representados, no tenga nada que decir al respecto, constituye un precedente lamentable e inadmisible en democracia ya que, lo quieran o no sus señorías, contamina a la institución y hace cómplices de semejante torpeza a todos los diputados regionales. No son estos los modos de manejar la política que reclamamos los ciudadanos en aras de regenerar la salud de nuestra democracia.
Se diría, por el contrario, que persisten las redes clientelares tejidas desde los aparatos de los partidos -ahí están para justificarlo los nombramientos de altos cargos del nuevo Gobierno autonómico: todos militantes, todos amiguetes- y cómo nadie parece dispuesto a asumir sus propias responsabilidades. De ahí deviene las inevitables censuras sociales, la desconfianza y falta de credibilidad y respeto que inspiran los políticos (siempre hay excepciones, faltaría más) y la política en general. Y no se pone remedio… Si esto es lo que siembran, ¿qué cosecha esperan recoger?