X
Por Leopoldo Fernández >

Tirar de la manta

   

El juez Pablo Ruz parece decidido a tirar de la manta y aclarar de una maldita vez los entresijos de uno de los casos más bochornosos y deleznables de la historia de la democracia española. Me refiero al chivatazo policial a miembros de ETA, efectuado en el bar Faisán de Irún, de que varios integrantes del equipo de extorsión de la banda terrorista iban a ser detenidos en el curso de una inminente operación dirigida contra ellos. Eran tiempos -4 de mayo de 2006- de negociación entre el Gobierno y la organización armada y alguien -seguramente situado muy arriba en el mando político- debió pensar que, para no romper la tregua, sería bueno advertir a los terroristas de la que se les venía encima. No me imagino a un policía de a pie tomando semejante irresponsable decisión, de modo que ese alguien debió dar la orden para que se actuara en tal sentido. Para el juez Ruz, los tres procesados en esta causa -el exdirector general de la Policía y la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de Policía José María Ballesteros- cometieron tres delitos: de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y encubrimiento.

El chivatazo se supo por la grabación vía teléfono móvil con tarjeta prepago perteneciente al Ministerio del Interior -con el que habló al menos un par de veces el entonces secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho- entregado a Joseba Elosúa y por una conversación en el coche de éste, dueño del bar y presunto enlace entre ETA y quien dio el chivatazo, presumiblemente el inspector Ballesteros, según Ruz. Este asunto, que adormeció el juez Garzón tras venir de Estados Unidos, implica de una u otra forma a jueces, dirigentes políticos y policías -la Guardia Civil fue apartada del caso por Garzón, que nunca se llevó bien con la Benemérita- y en él tienen intereses diversas asociaciones que se personaron en la causa, además del PP, que ha preguntado más de 40 veces a Rubalcaba en Congreso y Senado sobre el caso Faisán, sin que el ex ministro respondiera nunca nada concreto. Rubalcaba y su sucesor, Antonio Camacho, formaban en la época en que se produjeron los hechos la cúpula del Ministerio del Interior, de ahí el interés de los populares por lanzarse a la yugular de ambos y su anuncio de que la próxima semana planteará más cuestiones al nuevo ministro. Aún hay bastante tela que cortar, pese a que el fiscal pide el sobreseimiento de la causa, ya que nueve folios declarados secretos por el juez esperan ser desvelados; de ellos se dice que arrojarán mucha luz sobre los intríngulis del apasionante escándalo.