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Canarias está entre las autonomías con más conflictos con el Estado

   

Imagen de archivo de varios presidentes autonómicos, incluido Pualino Rivero (2d), con el ministro de Industria, Miguel Sebastián (2i) . | DA

BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

Los conflictos competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas desde 1980 están siendo protagonizados por seis regiones, entre las que Canarias ocupa un lugar protagonista. En los últimos 31 años de democracia, las Islas ocupan el quinto puesto por el número de recursos de inconstitucionalidad entablados contra normas del Estado, solo superada por Cataluña, País Vasco, Andalucía y Castilla-La Mancha. Si se tienen en cuenta los conflictos contra decretos, el Archipiélago se coloca, con nueves actuaciones de este tipo, en octavo lugar.

En el boletín del segundo trimestre de este año sobre la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas, publicado por el Ministerio de Política Territorial, se hace un balance de los recursos y conflictos habidos desde 1980 y hasta la actualidad.

Los datos relativos a Canarias revelan que, por el número de impugnaciones totales registradas, es decir, las planteadas por el Estado contra el Archipiélago y vicerversa; las Islas se sitúan en sexto lugar con 61 casos. De ellos, 48 son recursos de inconstitucionalidad y 13 conflictos contra decretos u otras normas legislativas. Nueve fueron desestimados, 37 ya han sido sentenciados por el Tribunal Constitucional (TC) y otras 15 aún están pendientes del fallo.

Las actuaciones del Estado contra Canarias han sido un total de 22, de las que 18 han sido recursos de inconstitucionalidad y cuatro conflictos con determinadas decisiones legislativas. Cinco han sido rechazadas, tres sentenciadas por el alto tribunal y cuatro están pendientes.

De los conflictos decididos por las autoridades autonómicas Canarias contra el Gobierno estatal, las Islas ocupan la sexta posición pero la quinta por el volumen de recursos de inconstitucionalidad. Solo Cataluña, Euskadi, Andalucía y Castilla-La Mancha le superan en número. Las impugnaciones totales de Canarias se elevan a treinta y nueve.

Materias objetadas

Durante las últimas tres décadas, las comunidades autónomas han impugnado ante el Constitucional las normas de tres departamentos ministeriales, principalmente. En primer lugar, con 218 recursos, está Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Le sigue, el Ministerio de Economía y Hacienda, que registra 200 impugnaciones mientras que las materias relacionadas con la industria, el turismo y el comercio han sido objeto de 119 recursos. El resto de áreas registran un menor número de impugnaciones siendo fomento, educación, trabajo e inmigración las que se sitúan, en orden descendente, después de las tres anteriormente señaladas.

El Estado también ha considerado que las autonomías han tratado de invadir sus competencias y por ello ha acudido al Tribunal Constitucional, en primer lugar, en temas relacionados con la economía y la hacienda (65 recursos). En segundo lugar contra las normas vinculadas con el territorio y la administración pública (60 impugnaciones) y en tercer lugar, la industria, el comercio y el turismo (50 demanda). Las regiones carecen de litigios en materia de defensa y de asuntos exteriores mientras que el Estado ha actuado contra ellas en ambas competencias exclusivas.

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El TC recibe dos recursos regionales en 2011

El Tribunal Constitucional (TC) ha recibido, en 2011, dos recursos, uno del Gobierno de Canarias contra la reforma de la Ley de Régimen Electoral General, que impide votar a los emigrantes en los comicios locales.

Una decisión que adoptó el Ejecutivo presidido por Paulino Rivero, al final de la pasada legislatura, en contra de la opinión mayoritaria del Consejo Consultivo de Canarias.

La segunda apelación fue registrada por el Parlamento autonómico contra la ley de Economía Sostenible al considerar que se vulnera el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Posteriormente se reunió la comisión bilateral de cooperación entre ambas administraciones, donde se decidió a comienzos del pasado mes de junio que se iniciaran las negociaciones para resolver las discrepancias. De llegar a un acuerdo final, el Parlamento retirará el recurso del Constitucional.

Pero además, en este tiempo, el Consejo de Ministros ha contestado a dos requerimientos de incompetencia promovidos por el Gobierno regional, uno contra el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas, que está relacionado con el conflicto de los sebadales. El segundo requerimiento se refiere al proyecto de una instalación eléctrica submarina en Fuertventura, denominada La Oliva-Playa Blanca, recogida en la planificación de los sectores de la electricidad y gas 2008-2016 bajo el nombre de Corralejo-Playa Blanca.

Con respecto al primero, el Ejecutivo canario solicitaba que, del real decreto, “se excluyeran” las especies endémicas de Canarias, las especies de amplia distribución pero que, en el Archipiélago, se encuentran representadas únicamenre por subespecies endémicas, y las especies no endémicas pero que tienen en Canarias el único punto de distribución del territorio nacional.

El Estado respondió que el real decreto “no agota el margen” de desarrollo que corresponde a las autonomías ya que “éstas podrán regular sus propios” listados y catálogos, “incluir” especies adicionales que consideren dignas de protección así como “incrementar” los efectos protectores respeto a las especies de los instrumentos estatales y “adoptar las medidas que estime” oportunas para la protección de las mismas, siempre que respete el mínimo establecido por la norma básica.

En relación al asunto eléctrico de Fuerteventura, el gabinete del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció la competencia de la Comunidad Autónoma para la emisión de la autorización del mencionado proyecto.

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