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en la frontera > Jaime Rodríguez-Arana*

El ajuste italiano

   

El primer ministro italiano Silvio Berlusconi anunció hace unos días un paquete de reformas económicas con relevancia territorial que pretende ahorrar a las arcas públicas 45.000 millones de euros hasta el año 2013.

Las medidas que más llaman la atención se refieren a la supresión de las provincias de menos de 300.000 habitantes o de extensión inferior a 300.000 kilómetros cuadradas, lo que supone más o menos eliminar 36 de las 100 provincias de la república italiana.

También se acaba de dar a conocer que 1.000 ayuntamientos desaparecerán, así como 50.000 cargos públicos de los 154.000 existentes en la actualidad. Es decir, Italia, por mor de la crisis económica va a afrontar una poda sin precedentes en los gobiernos y administraciones territoriales, tanto en su dimensión organizativa como de personal.

Probablemente, la reforma a emprender era necesaria y ahora se aprovechará la necesitad de sanear las cuentas públicas para diseñar un mapa territorial más racional, más equilibrado y para un mejor servicio de los intereses públicos territoriales.

La tarea no será sencilla porque aflorarán de seguro reclamaciones y reivindicaciones identitarias tradicionales.

Sin embargo, si la operación reformista, anunciada para el próximo otoño, se realiza contando con todas las instituciones y personas competentes hasta pueden aprovechar el momento para construir una estructura y una planta territorial al real y objetivo servicio de los ciudadanos, con las competencias necesarias y evitando superposiciones y duplicidades, que las hay y no pocas.

En España, aunque llevamos cierto tiempo retrasando una reforma territorial pendiente, en breve tendremos también que pensar seriamente en cómo proceder a ajustar el modelo territorial a la realidad, combinando los principios constitucionales de autonomía política, eficacia en la gestión pública y eficiencia en el gasto público.

Parece claro que el número de ayuntamientos de que disponemos es elevado y parece que la función de las diputaciones, cabildos y consejos debe ser replanteada, así como el esquema general de distribución competencial, muy costoso y disfuncional en algunas materias.

Treinta y tres años de andadura constitucional son más que suficientes para proceder a una reforma razonable de la Constitución en la que se aborden estas cuestiones.

Una reforma de este calado no se puede realizar unilateralmente, ni por el gobierno actual ni por el que ha de venir.

Es menester un gran acuerdo nacional en el que se analice con rigor y sana crítica el coste del modelo, con todas sus disfunciones, que a día de hoy también son numerosas.

No es que haya que alterar sustancialmente el modelo. Se trata, en mi opinión, de pensar con inteligencia en las potencialidades y carencias de un modelo territorial que ha evolucionado hacia la institución estatal dejando a los entes locales preteridos y olvidados.

Probablemente tengamos que hablar de fusiones municipales, de fenómenos de integración supramunicipal, de la funcionalidad de las diputaciones, del papel de las comarcas.

Una reforma de esta naturaleza debe estar precedida por un estudio del sentido del Estado compuesto español, de sus funciones y competencias partiendo de la esencial tarea estatal de solidaridad e igualdad que al Estado-nación del presente corresponde.

El mapa competencial debe ser replanteado desde la experiencia y desde los resultados de la gestión pública.

Deben ser convocados quienes tengan algo sensato que decir, instituciones políticas, académicas, profesionales, expertos y, de forma especial, representaciones de ciudadanos.

La gran tentación es tirar de tiralíneas, valga la redundancia, y a toda velocidad cortar y suprimir sin cuento entes públicos sin más.

El tiempo se nos echa encima y todavía se puede abordar esta necesaria reforma de forma equilibrada y razonable.

La reforma del modelo territorial es una cuestión medular para nuestro país que no se puede plantear en los cerrados esquemas de lo políticamente conveniente.

Además, si nuestros políticos siguen enfrentados unos con otros y no son capaces de encontrar puntos de trabajo común en las cuestiones que llamamos de Estado, luego no nos llamemos a engaño.

Esta cuestión, a pesar de que los actuales gobernantes han eludido el entendimiento del principio, si no se cimenta sobre el acuerdo, seguirá, erre que erre, presa de una ideologización que mina, y de qué manera, el funcionamiento racional de un sistema al servicio de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

*Catedrático de Derecho Administrativo
jra@udc.es