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> José Segura Clavell*

Innovación en la ordenación urbana

   

Continuando con algunas reflexiones veraniegas me atrevo a indicar que una de las asignaturas pendientes en cuyo programa figura uno de los temas que más acucia a nuestras Islas, es el de la ordenación de nuestros asentamientos sociales, junto con el de la distribución ordenada de nuestro suelo.

Constituye una trivialidad el insistir en que estamos obligados a conseguir un territorio más armónico, una distribución territorial más armónica y racional.

He oído afirmar a notables expertos en urbanismo -quien esto escribe no lo es en modo alguno- que la ordenación del territorio no deja de ser al fin como una compleja ecuación, llena de incógnitas con condiciones límites, difíciles de resolver, salvo que se den unas especiales circunstancias.

Da igual, norte, sur, este que oeste. Siempre, como casi todo depende de las personas y de su capacidad de entendimiento en aras al acuerdo. Con ideas, trabajo y convencimiento se logra. Los tiempos de austeridad como los que vivimos son excelentes para el pensamiento y la planificación.

La innovación en la ordenación urbana y territorial, demanda soluciones creativas a los problemas de carácter social, económico, físico, ambiental que influyen en la gente, en la colectividad. La ordenación racional tiene que centrarse en la puesta en marcha de un conjunto de acciones prioritarias que tengan un efecto demostrativo positivo, más que en la propuesta de meros criterios generales y difusos con poca o ninguna capacidad de compromiso por parte de la administración pública y del mundo empresarial, que son los que lideran los procesos de transformación de esta sociedad, y, precisar hasta el detalle los cambios necesarios en las actitudes institucionales, en los procedimientos, así como, en los instrumentos de intervención propios de su ámbito de trabajo.

Un orden innovador para nuestras islas y para nuestras ciudades, para nuestro archipiélago, requiere de una gran carga de capacidad de negociación, voluntad de acuerdo y la asunción de compromisos y riesgos para la puesta en marcha de sus actuaciones, habida cuenta la pluralidad y complejidad de nuestra sociedad.

Se trata de crear una ordenación emprendedora capaz de definir estrategias y procedimientos capaces de ilusionar a todos los agentes implicados en su desarrollo.

Una crítica muy frecuente acerca del planeamiento actual y de toda la legislación que le acompaña es la de que se han convertido en herramientas demasiado pesadas y rígidas tanto en su formulación como en su revisión, y ello comporta una serie de limitaciones importantes para ser instrumentos dinamizadores del proceso de transformación del territorio.

Es obvio que los Planes Generales municipales deben seguir existiendo y tienen una función esencial, pero es necesario crear mecanismos imaginativos para superar sus limitaciones e insertarlos en ámbitos superiores y para articular un proceso permanente de reflexión del territorio sobre sí mismo y sobre su papel en un contexto insular, regional, complejo y en una continua y vertiginosa transformación.

Ni ha existido en los últimos años ni existe en general en la actualidad el clima adecuado para proceder a un debate abierto y sincero sobre el futuro. Es cierto que se puede argumentar lo contrario, pero la experiencia del planeamiento en Canarias demuestra que las participaciones efectivas de las instituciones y de la ciudadanía han sido muy limitadas.

Un porcentaje altísimo de las alegaciones en los períodos de información pública son de carácter impugnatorio y no propositivo, con lo que en definitiva, el posicionamiento de los grupos de interés ejerciendo una presión importante en la toma de decisión, se diluye el deseable proceso abierto, sincero y constructivo, de reflexión, sobre nuestro territorio.

Se ha venido produciendo un distanciamiento cada vez mayor entre la Planificación y la ciudadanía.
El lenguaje del planeamiento con frecuencia se expresa en planos abstractos de viario y zonificación, tramas, parámetros de aprovechamiento, normativa urbanística y complejos mecanismos de gestión que no logra entender el ciudadano normal y corriente.

Poco a poco el ciudadano se ha visto excluido de un debate tecnocrático en el que sólo pueden participar los grupos con mayor poder económico e influencia política o aquellos propietarios que disponen del dinero suficiente con el que contratar a expertos en la materia para la defensa de sus intereses en un proceso de participación cada vez más distante y burocrático.

El distanciamiento se produce porque el lenguaje de los Planes no es el adecuado para expresar las propuestas territoriales y porque las metodologías de redacción de los mismos no son lo suficientemente imaginativas para implicar a las instituciones y a los ciudadanos, y, propiciar una participación efectiva.

*Diputado socialista en el Congreso